El obispo nicaragüense Silvio Báez considera excesivos 90 días para liberar opositores
Según uno de los negociadores, fue la secretaría general de la OEA la que aceptó ese plazo a propuesta de Ortega
Managua/(EFE).- El obispo nicaragüense Silvio Báez calificó este domingo de "excesivo" el plazo máximo de 90 días que acordó el Gobierno de Nicaragua con la oposición para liberar a los denominados "presos políticos" de las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
"Personalmente me parece un plazo excesivo, me parece demasiado tiempo", declaró Báez, obispo auxiliar de la diócesis de Managua, al ser consultado por periodistas tras oficiar una misa.
El miércoles, los representantes del Gobierno y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron en la mesa de negociación, con la que buscan superar la crisis que estalló en abril del año pasado, la liberación de los manifestantes antigubernamentales en un plazo no mayor de 90 días.
Según uno de los negociadores de la oposición, Mario Arana, fue la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que a partir del viernes actúa como testigo y acompañante del proceso, la que aceptó ese plazo a propuesta de Ortega.
El obispo Báez instó a los nicaragüenses "a hacer presión" a la mesa de negociación para que los presos pueden ir siendo "liberados absolutamente lo más pronto posible, ya, y todos".
La mesa de negociación acordó conciliar las distintas listas antes de proceder a su liberación definitiva.
El obispo Báez instó a los nicaragüenses "a hacer presión" a la mesa de negociación para que los presos pueden ir siendo "liberados absolutamente lo más pronto posible, ya, y todos"
La lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra 647 detenidos, a los que identifica como "presos políticos", según la Alianza Cívica, que por su lado maneja un total de 809, incluyendo 162 que han sido excarcelados desde el 27 de febrero y se encuentran bajo libertad condicional.
Hasta ahora, el presidente Ortega reconoce 340 reos y los tilda de "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La Cruz Roja Internacional fue invitada para el seguimiento del proceso de liberación de los detenidos.
El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de los detenidos, ha demandado la anulación de los procesos judiciales, conocer el calendario de liberación, y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
Organismos humanitarios locales y sectores de la oposición han calificado como inaceptable el plazo de 90 días convenido bajo el argumento que se prolonga la tortura física y psicológica de las víctimas y sus familiares, por lo que han exigido la liberación inmediata y sin condiciones, y la nulidad de todos los juicios.
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