Como ocurrió con el 11J en Cuba, la Policía detiene a menores en Venezuela

Madrid/Ginebra/Con un fuerte despliegue de agentes, uniformados y de civil, muchos con la cara tapada, los cuerpos de seguridad de Venezuela, que han localizado previamente a los manifestantes en los videos difundidos por las redes sociales, van casa por casa para detenerlos. Las similitudes con el modus operandi de la Seguridad del Estado cubana después de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) no escapan a nadie, en particular la detención de muchos menores, más de un centenar según la denuncia de la ONU.

La Misión de Determinación de los Hechos creada por Naciones Unidas para esclarecer las muertes ocurridas durante las manifestaciones en Venezuela ha pedido al régimen de Nicolás Maduro detener “inmediatamente” la represión. En un comunicado hecho público este lunes, recogen las palabras de la presidenta del organismo, Marta Viñas, quien afirmó que “de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”.

El saldo de personas detenidas constatadas por la misión a partir de los datos publicados por diversas organizaciones es de al menos 1.260 personas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres, si bien también recogen la cifra de 2.200 detenidos proporcionadas por la Fiscalía (algunos analistas especulan que el propio Maduro infla el número de detenciones para intimidar a los ciudadanos y disuadirlos de participar en las manifestaciones). Además, critica que el oficialismo los califique “de manera indiscriminada como terroristas”.

"Constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia"

Para la ONU, hay “elementos comunes” que convierten estas detenciones en “arbitrarias” y que “constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia”. Los elementos que enumera recuerdan a los procesos penales ocurridos en Cuba tras el 11J, como la “imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada”, las “audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar”, la “negación de información a familiares o información tardía e incompleta” o los “impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas”.

La prensa oficial cubana, de hecho, sigue fiel al relato del chavismo sobre la crisis postelectoral. En una nota publicada en Escambray, llegan incluso a atribuir las muertes durante las manifestaciones a la oposición, llamándolas “crímenes de odio”. En el periódico provincial de Sancti Spíritus se hacían eco de los proyectos de ley anunciados por Maduro para controlar las ONG y las redes sociales, a lo que el oficialismo se refiere como “leyes contra el fascismo para que en Venezuela esa corriente de pensamiento sane y nunca más vuelva a resurgir”.

Contra estos planes, y este mismo martes, la ONU volvió a pronunciarse de nuevo. Concretamente, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, quien pidió al Gobierno de Venezuela que rechace sendos proyectos de ley para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y de las redes sociales por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en general.

La Presidencia de la Asamblea Nacional venezolana indicó que se planea aprobar este martes en segunda discusión el primer proyecto, mientras que el segundo se encuentra en preparación, luego de que el presidente Nicolás Maduro señalara a las estadounidenses WhatsApp e Instagram y a la china TikTok como instrumentos “multiplicadores del odio y el fascismo”.

"Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático"

“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país”, solicitó Türk.

El jefe de derechos humanos de la ONU pidió también la liberación “de todas las personas detenidas arbitrariamente” y que se respeten las garantías judiciales en los procesos. Sostuvo que ha recibido información de que las autoridades han cancelado los pasaportes de algunas personas, aparentemente como represalia por el trabajo que realizan.

Asimismo, dijo que en las redes sociales están circulando listas de personas buscadas por supuestamente promover la violencia, entre ellas miembros de la oposición y periodistas. “También hay llamamientos de las autoridades para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en supuestos actos criminales, que incluiría actividades legítimas, como participar en asuntos públicos, manifestarse pacíficamente o ejercer el derecho a la libertad de expresión”, señaló en una declaración leída en Ginebra por su portavoz.

En relación con las manifestaciones, el alto comisionado denunció “el elevado y continuo número de detenciones arbitrarias” y el “uso desproporcionado” de la fuerza reportados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.

“Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos”, afirmó.

La portavoz de Türk, Ravina Shamdasani, confirmó que desde la decisión del Gobierno venezolano de cerrar la oficina que su organismo tenía en Caracas hubo conversaciones para reanudar su trabajo en el terreno y que estos contactos se han mantenido después de las elecciones “a distintos niveles”.

Actualmente, el personal de la ONU –expulsado de Venezuela el pasado febrero– trabaja desde Panamá siguiendo la situación de derechos humanos.