Una ONG venezolana documenta la liberación de 18 "presos políticos", la mayoría menores de edad

Caracas / Washington / Santiago de Chile/La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados "presos políticos" en Venezuela, informó este miércoles de la excarcelación de 18 personas, consideradas "presos políticos", la mayoría menores de edad.

Este grupo de personas, detenidas en el contexto de la crisis desatada tras las presidenciales de julio –marcada por protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro y operativos policiales–, fueron excarceladas la noche del martes, según indicó el presidente de la ONG, Alfredo Romero, en X.

Romero, quien no detalló en qué regiones del país se produjeron las excarcelaciones, señaló que 14 de los liberados son menores de edad.

Este miércoles, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó de un primer grupo de 12 personas excarceladas, entre los que se encuentra una paciente oncológica.

La ONG indicó que las liberaciones se registraron en los estados Anzoátegui (este), Lara (oeste) y Miranda (norte).

"Todas son personas inocentes que nunca debieron estar presas. Abrazamos a sus familiares, que jamás perdieron la esperanza ni dejaron de reclamar para obtener su libertad", expresó el comité, que -agregó- seguirá luchando por una "Navidad sin presos políticos".

"Todas son personas inocentes que nunca debieron estar presas. Abrazamos a sus familiares, que jamás perdieron la esperanza ni dejaron de reclamar para obtener su libertad"

Hasta el momento, el Ministerio Público –que en noviembre solicitó a tribunales la revisión de casos de detenidos tras los comicios– no ha informado de estas nuevas excarcelaciones.

Hasta este martes, Foro Penal computaba un total de 1.913 "presos políticos", la gran mayoría detenidos tras los comicios, así como 165 excarcelaciones, según dijo hoy a EFE el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de esta organización.

Madres y otros familiares de estos presos, apoyados por activistas, ONG y dirigentes opositores, han organizado numerosas protestas, sobre todo vigilias, en los últimos meses para pedir por la libertad de sus allegados y rechazar las acusaciones en su contra, entre ellas, de terrorismo.

En las últimas semanas han solicitado dialogar con el jefe de Estado para "lograr justicia", así como la intermediación de la Iglesia católica.

Estados Unidos se sumó a la exigencia de liberación, que concretó en el activista y ex concejal de Caracas Jesús Armas, detenido el martes en la capital.

"La detención ayer en Caracas del activista político Jesús Armas es un ejemplo más de la continua represión contra el pueblo venezolano y su legítima oposición democrática", apuntó el Departamento de Estado en un mensaje en redes sociales.

En el mismo escrito, reiteró el compromiso de Estados Unidos con la "búsqueda de un futuro libre y democrático" para Venezuela, y exigió "la liberación inmediata de los casi 2.000 presos políticos que permanecen injustamente encarcelados".

La pareja de Armas, Sairam Rivas, aseguró este miércoles que no sabe "absolutamente nada" de su paradero desde la noche del martes

La pareja de Armas, Sairam Rivas, aseguró este miércoles que no sabe "absolutamente nada" de su paradero desde la noche del martes, luego de que, según testimonios citados por la mujer, fuera "sacado de forma abrupta" de un café en Caracas e "ingresado a la fuerza en una camioneta".

Rivas teme que su pareja sea vinculado con una "nueva trama del régimen" que "inventa supuestos atentados y supuestas conspiraciones" con el fin de "perseguir a los defensores de derechos humanos, a los luchadores sociales y a los activistas políticos".

Esta mismo miércoles, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) aseguró estar “preparada” para un posible nuevo éxodo de migrantes venezolanos a partir del 10 de enero, cuando tiene que tomar posesión el presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031.

“Tenemos una gran cantidad de recursos en los puntos de servicio humanitario y hemos generado un programa de alerta temprana a la movilidad, lo que permite mejores condiciones de coordinación con los distintos gobiernos y otras agencias internacionales”, dijo a EFE el subsecretario global de la IFRC, Xavier Castellanos.

Castellanos, que se encuentra en Chile para participar en el Evento Ministerial de Alto Nivel del Proceso de Cartagena+40, reconoció que la Cruz Roja “estaba preparada” durante la primera ola masiva de migrantes venezolanos ocurrida a raíz de las protestas de 2014, “pero no al nivel que está ahora”.

A un mes de la investidura, la incertidumbre en Venezuela es máxima ya que tanto el actual mandatario, Nicolás Maduro, como el opositor Edmundo González Urrutia han asegurado que acudirán el 10 de enero a la sede de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, para prestar juramento del cargo.

“Habrá que ver qué ocurre finalmente, pero ese escenario (el recrudecimiento de la crisis política y social) es uno de los que nosotros tenemos previsto”

“Habrá que ver qué ocurre finalmente, pero ese escenario (el recrudecimiento de la crisis política y social) es uno de los que nosotros tenemos previsto”, apuntó Castellanos.

Más de 7,7 millones de venezolanos han migrado en los últimos años como consecuencia de la crisis, según la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), lo que representa el segundo mayor desplazamiento del mundo, después de la guerra en Siria.

Casi el 84% residen en la región, siendo Colombia (2,9 millones), Perú (1,5 millones) los principales países de acogida, seguidos de Brasil, Ecuador y Chile.

El subsecretario global de la IFRC admitió que es “difícil” calcular cuántos venezolanos saldrán del país si se recrudece la crisis, pero afirmó que las estimaciones en situaciones de este tipo siempre suelen quedarse “cortas”.

“Cuando ocurrió la huida masiva de los rohingya a Bangladesh (en 2017), nuestra proyección era que iban a salir entre 10.000 y 20.000 personas y salieron más de 600.000 en un mes y medio”, recordó.

Castellanos se encuentra en Santiago de Chile para conmemorar junto a autoridades de la región, organismos internacionales y sociedad civil el 40° aniversario de la Declaración y el Proceso de Cartagena, un modelo pionero de colaboración regional para la protección de los refugiados.