La operación contra los sublevados sigue con lagunas y detiene el diálogo en Venezuela

Caracas/ Santo Domingo/(EFE).- Las autoridades venezolanas siguen sin despejar las dudas sobre la acción policial que acabó el lunes con la vida del inspector Oscar Pérez y otros seis integrantes del grupo de sublevados que lideraba, cuyas familias siguen reclamando los cuerpos y los resultados de las autopsias.

La forma en que el Gobierno ha actuado después de este operativo calificado de "ejecución extrajudicial" por grupos pro derechos humanos llevó a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a no acudir a la ronda de diálogo con emisarios del presidente Nicolás Maduro programada para ayer en República Dominicana, aunque pocas horas después el canciller dominicano anunció un acuerdo para otra reunión en una fecha por determinar.

La MUD invocó como razón para no participar en el encuentro de ayer las declaraciones con las que el ministro del Interior, Néstor Reverol, aseguró el martes haber obtenido de los negociadores opositores información que llevó a dar con el paradero de Pérez.

La tía del inspector de la Policía científica que encabezaba el grupo de rebeldes firmó un acta que podría ser de reconocimiento del cuerpo pese a no haber podido ver los restos de Pérez

Mientras el Gobierno anunciaba que sus representantes sí se desplazarían a República Dominicana para participar, según lo "pautado", en la reunión programada para este jueves, familiares de Pérez y de otras personas abatidas en la operación acudían a la principal morgue de Caracas pidiendo poder dar sepultura a sus muertos.

"No voy a firmar nada hasta no ver que es mi hermana esa que está ahí", dijo antes de pasar uno de los cordones de agentes antidisturbios que custodian desde hace cuatro días la morgue Leidy Ramírez, hermana de Lisbeth Andreína Ramírez, que según medios locales es el nombre de la única mujer muerta durante la acción policial.

En la jornada del miércoles, diputados de oposición y abogados pro derechos humanos dijeron a los medios que la tía del inspector de la Policía científica que encabezaba el grupo de rebeldes firmó un acta que podría ser de reconocimiento del cuerpo pese a no haber podido ver los restos de Pérez, algo que confirmó la propia señora.

Entre lágrimas, Leidy Ramírez contó a la prensa que su hermana tenía 30 años, era enfermera y estudiante de odontología y mantenía una relación con Jairo Lugo, uno de los muertos en el operativo, en el que se lanzó un gran número de disparos y se llegó a utilizar contra quienes según el Gobierno eran "terroristas" un lanzagranadas.

"Quiero limpiar el nombre de mi hermana. Porque mi hermana no era ninguna terrorista, era una mujer luchadora, sépanlo, cristiana como nos enseñó nuestra familia, hacía labores sociales para ayudar a los niños", afirmó Leidy Ramírez, quien dijo no haber recibido de las autoridades ninguna comunicación cuatro días después de los hechos.

"Tenemos nombres de objetivos militares de opositores, a quienes los terroristas calificaban de traidores, que iban a ser asesinados"

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó desde República Dominicana que el grupo de Pérez era una "cálula terrorista" con planes de matar a altos cargos del Gobierno. "Había planes de magnicidio contra Nicolás Maduro, había planes de asesinato contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, así como también contra la humanidad del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami; contra el fiscal general, Tareck William Saab, y contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello", afirmó.

"Tenemos nombres de objetivos militares de opositores, a quienes los terroristas calificaban de traidores, que iban a ser asesinados, tenemos la certeza del atentado terrorista que se planificaba contra una embajada ubicada en la parte este de Caracas, un atentado con un coche bomba", aseguró Rodríguez.

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal venezolana -muy crítica con el chavismo, y a cuyos dirigentes llamó recientemente Maduro "diablos con sotana"- denunció "la horrible masacre evidenciada en las ejecuciones extrajudiciales y muertes de civiles en acciones perpetradas por fuerzas militares".

Los obispos cuestionaron en el texto "la falta de resolución pacífica de conflicto frente a un caso de solicitud de entrega, la ausencia de fiscales en el procedimiento y la utilización de grupos civiles armados" en el operativo, defendido por el Ejecutivo.

Durante la acción policial el lunes Oscar Pérez difundió en las redes sociales una serie de vídeos en los que se le veía pidiendo a las fuerzas de seguridad garantías para entregarse y evitar la muerte de los "civiles inocentes" que, según dijo, había en la casa en la que le encontraron.

Asimismo, más de veinte expresidentes y antiguos jefes de Gobierno de España y de países de América Latina condenaron "las ejecuciones sumarias y extrajudiciales" en Venezuela y pidieron a los organismos internacionales que levanten su voz contra lo que llamaron "crímenes de Estado".

Más de veinte expresidentes y antiguos jefes de Gobierno de España y de países de América Latina condenaron "las ejecuciones sumarias y extrajudiciales" en Venezuela

Pérez, de 36 años, se rebeló contra el Gobierno chavista en junio del año pasado, cuando en plena ola de protestas callejeras antigubernamentales sobrevoló el centro de Caracas con un helicóptero de la Policía científica y disparó sin causar víctimas contra dos edificios oficiales.

En busca y captura desde entonces, el inspector difundió varios vídeos en los que pedía a las Fuerzas Armadas y al pueblo que se alzasen contra la "tiranía" de Nicolás Maduro.

El pasado mes de diciembre, Pérez y algunos de sus hombres asaltaron una base militar cerca de Caracas, en la que sustrajeron armas y sometieron a los militares y les recriminaron que continuaran siguiendo órdenes de Maduro.

El ataque a la base -que no dejó heridos- fue grabado en vídeo y difundido por internet.

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