El MAS y la oposición boliviana radicalizan sus posturas tras la detención de Áñez
Varias organizaciones cercanas a la expresidenta advierten de una huelga y el oficialismo se declara en alerta
La Paz/(EFE).- Opositores y el oficialismo endurecieron en Bolivia sus respectivas posturas este martes ante la situación que se ha generado en el país tras la detención el domingo de la expresidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus exministros, con la advertencia de una huelga nacional y el anuncio de más detenciones.
Áñez pasó su primer día en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde permanecerá en detención preventiva durante cuatro meses mientras se realiza la investigación por el caso denominado "golpe de Estado" a instancias del partido gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Representantes cívicos y de organizaciones ciudadanas se reunieron ayer en la sede del Comité Cívico Pro Santa Cruz en esa ciudad oriental para definir sus acciones en rechazo al encarcelamiento preventivo de las exautoridades interinas.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz leyó una resolución del Movimiento Cívico Nacional en la que advierte sobre una posible huelga y exige la liberación inmediata de Áñez y sus ministros
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, leyó una resolución del Movimiento Cívico Nacional, formada por nueve comités cívicos, en la que advierte sobre una posible huelga y exige la liberación inmediata de Áñez, así como de Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, exministros transitorios de Justicia y de Energía respectivamente, y de otros "perseguidos políticos".
También anunciaron que acudirán a los organismos internacionales para denunciar "la grave violación y atropello a los derechos humanos" con el fin de que se adopten medidas inmediatas para "proteger al pueblo boliviano".
Por su parte, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), una organización de pueblos indígenas bolivianos afín al MAS, se declaró en estado de alerta tras el anuncio de los comités cívicos y ante sus eventuales movilizaciones.
De igual manera, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el bastión del expresidente Evo Morales, se declararon en "estado de emergencia" porque consideran que las marchas ciudadanas pretenden desestabilizar el país.
El Tribunal Supremo de Justicia, sin hacer referencia al caso de Áñez, manifestó este martes en un comunicado su "compromiso por el respeto a los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales" y se ratificó en su plena independencia judicial.
El Tribunal Supremo de Justicia, sin hacer referencia al caso de Áñez, manifestó este martes en un comunicado su "compromiso por el respeto a los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales"
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin mencionar tampoco a Áñez ni a sus exministros, instó al Estado boliviano a que se garanticen los derechos procesales.
La CIDH urge a "continuar velando" para que los detenidos cuenten con las "garantías legales mínimas", incluyendo la defensa de su presunción de inocencia, el conocimiento de los cargos que se les imputan y la posibilidad de refutarlos, según la nota.
Ante informaciones sobre una citación a declarar en un proceso iniciado por el Gobierno contra el alcalde electo de La Paz, Iván Arias, el político aclaró que no ha sido notificado por la Fiscalía y consideró la situación como una persecución.
Arias, exministro transitorio de Obras Públicas de Áñez, reclamó que gobierne el presidente boliviano, Luis Arce, y no "otras fuerzas que lo único que quieren es hacer debilitar al Gobierno para adelantar las elecciones y para que se haga un revocatorio".
En ese sentido, el expresidente Carlos Mesa expresó su solidaridad y apoyo a Arias "frente al intento del gobierno del MAS de iniciarle procesos judiciales amañados".
"La persecución se extiende ahora a las autoridades electas. Ante el abuso, debe imponerse la legalidad, la justicia y el derecho, como lo demanda el pueblo", dijo en su cuenta de Twitter.
"La persecución se extiende ahora a las autoridades electas. Ante el abuso, debe imponerse la legalidad, la justicia y el derecho, como lo demanda el pueblo", dijo en su cuenta de Twitter
En al menos cuatro de las principales ciudades de Bolivia miles de personas marcharon el lunes en rechazo a las aprehensiones y contra la afirmación del MAS de que en 2019 se produjo un "golpe de Estado".
Para este miércoles están previstas nuevas manifestaciones a favor y en contra del proceso contra Áñez y otros exfuncionarios, en medio del silencio del presidente Arce, del MAS, sobre este caso, que sus detractores aseguran que fue promovido desde el Gobierno.
La polémica crece en Bolivia por el hecho de que a Áñez se la juzgue como exsenadora y no como expresidenta del país, lo que ha generado criticas contra el Estado sobre la manera como la Justicia y el Gobierno buscan procesarla desconociendo su calidad de exmandataria y su derecho a un juicio especial de responsabilidades.
Áñez y sus exministros transitorios están acusados de los delitos de "sedición, terrorismo y conspiración" en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia
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