La oposición de Hong Kong desafía la incertidumbre de la ley de seguridad nacional

La nueva norma incluye delitos como la sedición, traición e insurrección, con penas de cadena perpetua, así como la colaboración con fuerzas externas

Las autoridades han aclarado que las organizaciones y particulares se consideran "fuerzas externas"
La oposición expresó preocupación por cláusulas de la ley que podrían limitar sus interacciones con organizaciones extranjeras / EFE
EFE

22 de marzo 2024 - 13:13

Hong Kong/La oposición de Hong Kong reafirmó este viernes su postura frente a la incertidumbre política derivada de la ley de seguridad nacional, confiando en el papel clave de los magistrados para conciliar derechos y persecución de delitos de sedición.

La nueva Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, que entra en vigor el viernes, incluye delitos como la sedición, traición e insurrección, con penas de cadena perpetua, así como la colaboración con fuerzas externas para dañar infraestructuras públicas y amenazar la seguridad nacional.

En el corto proceso de revisión de la norma, la Liga Socialdemócrata se destacó como el único gran partido opositor que protestó contra la ley.

Lo hicieron el 27 de febrero congregándose ante la sede del gobierno municipal con una pancarta que afirmaba: "Los derechos humanos están por encima del régimen”.

La dirigente fue una de las tres detenidas por intentar organizar una protesta contra la primera votación "solo para patriotas"

La líder del partido, Chan Po-ying, declaró que a pesar de reducir "masivamente" sus actividades desde la imposición de la ley de seguridad nacional por parte de Pekín en 2020, la organización sigue siendo objeto de vigilancia por parte de las fuerzas del orden, según informó este viernes el diario hongkonés South China Morning Post.

La dirigente fue una de las tres detenidas por intentar organizar una protesta contra la primera votación "solo para patriotas" del consejo de distrito, donde se redujo la proporción de escaños electos del 95% al 19%.

Chan afirmó que la ley del Artículo 23 no implicará cambios políticos drásticos, pero predijo que agregaría nuevas incertidumbres a un "clima político deprimido" y expresó especial preocupación por la revisión de los delitos de sedición.

Según la nueva ley, la sedición consiste en incitar al odio o a la desafección de los funcionarios públicos de Hong Kong o de las oficinas de las autoridades centrales de China continental en la ciudad, e incluye la incitación al odio o al desafecto entre los hongkoneses.

Durante la sesión legislativa de aprobación de la ley, el secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, justificó la penalización de la sedición debido a la "incitación de fuerzas anti-China que promueven el odio y la violencia para socavar el respeto a la ley entre los residentes y sembrar la semilla de la revolución de colores".

Conscientes de la posible repercusión de este tipo de delitos, el grupo opositor ha instado a ejercer precaución y verificar si han compartido contenido en redes sociales que pudiera considerarse peligroso en el actual clima político.

En este sentido, la ex concejal de distrito de la oposición Leticia Wong, propietaria de la librería Hunter, declaró que la ambigüedad causada por la legislación "es el mayor problema".

Wong señaló que, aunque la sedición no es un delito nuevo, le preocupa el debate en el Consejo Legislativo sobre la posesión de publicaciones sediciosas, ya que el Artículo 23 aumentaría la pena de un año de prisión a tres para los infractores.

Para evitar incurrir en el delito, según ella, "no sería práctico comprobar todos los títulos de su tienda"

Para evitar incurrir en el delito, según ella, "no sería práctico comprobar todos los títulos de su tienda", y "mucho menos saber cuáles de sus libros se ajustan a la definición gubernamental de intención sediciosa".

La oposición expresó preocupación por cláusulas de la ley que podrían limitar sus interacciones con organizaciones extranjeras, lo que lleva a sus líderes a ser cautelosos y autocensurarse, argumentando que "la línea establecida por las autoridades no está claramente definida".

Las autoridades han aclarado que las organizaciones y particulares se consideran "fuerzas externas", pero solo estarán sujetos a la legislación propuesta si emplean medios indebidos para interferir con las autoridades locales.

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