Un informe presentado en la ONU acusa a Ortega de "desmantelar" la democracia en Nicaragua

Managua/(EFE).- Organismos nicaragüenses consideraron este viernes que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, pueden enfrentar la justicia internacional con base al informe de expertos de la ONU que los acusó de perpetrar violaciones graves a derechos de la población, que se equiparan a crímenes de lesa humanidad.

"Este es un paso importante en la búsqueda de la justicia para las víctimas y una nueva esperanza para el pueblo", dijo en un mensaje la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una de las más de 3.000 ONG ilegalizadas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra el Gobierno que dejaron cientos de muertos.

La CPDH, que hizo suyo el informe presentado el jueves a la prensa por el grupo de expertos de la ONU, anotó que el mismo constituye "una importante fuente documental que recoge las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura sandinista en Nicaragua que ha derivado en crímenes de lesa humanidad", delitos que pueden ser juzgados a nivel internacional.

"El grupo de la ONU plantea que los actos represivos del régimen sandinista no son un fenómeno aislado, sino el fruto de un desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático", señaló.

Ese organismo observó, además, que algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Nicaragua "se encuentran en total impunidad"

Por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), otro de los ONG disueltos por el Gobierno sandinista, valoró como positivo "el adelanto del informe del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua", que será presentado de manera oficial el próximo lunes ante el Consejo de DD.HH. de la ONU.

El informe destaca "la persistencia del régimen Ortega Murillo de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad", subrayó el Cenidh.

Para la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), ese informe da un "nuevo giro en la crisis de derechos humanos" en Nicaragua, que se había profundizado en 2022 y que este año "inició con una nueva ola de represión con la privación de la nacionalidad de 317 nicaragüenses".

Declarar apátridas a 317 nicaragüenses, entre escritores, religiosos, periodistas, opositores, activistas, entre otros, es una "medida aberrante que en la región solo había sido utilizada contra nueve personas por la dictadura de (Augusto) Pinochet, (en Chile), demostrando así que su régimen no tiene límites y que está dispuesto a todo para seguir perpetuándose en el poder", alertó la FIDH.

Ese organismo observó, además, que algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Nicaragua "se encuentran en total impunidad y por ello son una afrenta a la comunidad internacional comprometida con la protección de los derechos humanos y la prevalencia del Estado de Derecho".

Ortega, Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales, han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población

Ortega, Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales, han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población, que se equiparan a crímenes de lesa humanidad.

A esta conclusión llegó un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y que fue presentado el jueves a la prensa en Ginebra su primer informe.

Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua, que se excluyó de responder a los expertos, cubren un espectro muy amplio de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.

A todos esos crímenes se ha sumado últimamente la negación del derecho a la nacionalidad y al de permanecer en el propio país, y "técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida, que es el destierro", ha explicado la experta del grupo Angela Buitrago.

El abogado nicaragüenses desnacionalizado Yader Morazán dijo que, con base a ese informe, puede recurrir a la jurisdicción universal.

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