Ortega asegura su quinto mandato apoyado en Rusia y enfrentado a la UE y EE UU
El Gobierno sandinista ha aplicado la política de la zanahoria y el garrote con la oposición, y es respaldado además, por Venezuela y Cuba
Managua/(EFE).- El exguerrillero Daniel Ortega, que gobierna sin contrapesos en Nicaragua, busca en las elecciones del próximo domingo su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, apoyado en Rusia, Venezuela y Cuba y enfrentado con Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
También con sus principales rivales detenidos, con miles de nicaragüenses huyendo del país por razones de seguridad o económicas, con el apoyo de Cuba, Taiwán y Venezuela, y confrontado con la iglesia Católica y la principal cúpula patronal nicaragüense, además de un permanente acoso a medios de comunicación y a periodistas que han tenido que dejar el país.
Estas son seis claves de las controvertidas elecciones de Nicaragua.
Ortega, próximo a cumplir 76 años, retornó al poder en 2007 con el 38% de los votos tras ganar unas elecciones ante dos facciones liberales que se presentaron divididas.
El proceso de concentración de poder comenzó en 1999 con el llamado "pacto Alemán-Ortega", un acuerdo entre el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002) y el líder sandinista, mediante el cual se instauró un sistema bipartidista.
Ortega, próximo a cumplir 76 años, retornó al poder en 2007 con el 38% de los votos
En ese contexto, se cambia la Ley Electoral para que un partido pueda llega al poder solo con superar el 35% de los votos y la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, elimina el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección inmediata al cargo para Presidente y habilita la reelección presidencial indefinida.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó durante la 77 Asamblea General que el Gobierno de Ortega "se ha consolidado en sus políticas totalitarias y ha logrado imponer un clima de terror de cara a las elecciones generales".
En su informe, la SIP señaló que Ortega y Murillo han continuado "con los ataques a los periodistas y medios de comunicación", entre los que mencionó asedio policial, citas al Ministerio Público y acusaciones, y detenciones arbitrarias.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) incluyó este año a Ortega en su lista de "depredadores de la libertad de prensa".
El Gobierno sandinista ha aplicado la política de la zanahoria y el garrote con la oposición, con lo que ha descabezado cualquier sombra o contrapeso, según el sociólogo nicaragüense Manuel Ortega Hegg.
"Ortega se encargó de descomponer y desbaratar a la oposición, utilizando todo tipo de instrumentos legales e ilegales, convirtiéndola en una oposición colaboracionista o "zancuda" o en rehenes del poder", dijo a Efe el también investigador y escritor.
Reporteros Sin Fronteras incluyó este año a Ortega en su lista de "depredadores de la libertad de prensa"
En el marco del proceso electoral, las autoridades han arrestado a 39 dirigentes opositores y profesionales independientes, incluidos siete que aspiraban a competir con Ortega por la jefatura de Estado. Los que competirán son vistos como colaboradores del sandinismo más que opositores, según los excluidos.
Ortega inició su campaña el 4 de octubre pasado llamando "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.
El líder sandinista los ha calificado de "golpistas", acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
Las relaciones entre los sandinistas y la iglesia Católica de Nicaragua ha estado marcada por roces y desconfianzas en los últimos 42 años.
En un país donde la mayoría de la población profesa la fe católica, la Conferencia Episcopal ha dejado a la conciencia de cada nicaragüense votar o no en las elecciones.
En su arranque de campaña, Ortega invitó a los empresarios, con los que el Ejecutivo mantuvo una alianza de consenso hasta abril de 2018, a retomar los acuerdos.
Las relaciones entre los sandinistas y la iglesia Católica de Nicaragua ha estado marcada por roces y desconfianzas en los últimos 42 años
Dos semanas después las autoridades nicaragüenses arrestaron a los líderes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), respectivamente, críticos del Ejecutivo.
El Cosep, la principal patronal de Nicaragua, nombró como su nuevo presidente al empresario César Zamora, defensor de la alianza con el Gobierno.
"Si el gran capital se nos quiere unir en este esfuerzo, bienvenidos sean", lanzó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, al confirmar que Ortega convocará a un nuevo diálogo después de los comicios.
Los empresarios, críticos del Ejecutivo tras las protestas de abril de 2018, han guardado silencio sobre ese llamado.
"¿Quién sostiene a Ortega desde el exterior?", preguntaron al escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez Mercado, quien se tuvo que exiliar tras la persecución en su contra en el país.
"Si el gran capital se nos quiere unir en este esfuerzo, bienvenidos sean", lanzó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez
"Rusia, Venezuela, Cuba, Irán, Turquía son sus aliados (...) Hay un búnker de los rusos en Nicaragua donde operan sistemas de comunicación de espionaje. También está presente la colaboración cubana y venezolana en asuntos de inteligencia", sostuvo Ramírez, que fue vicepresidente de Ortega en el período 1985 a 1990.
El pasado 25 de octubre, en presencia de una delegación rusa, Ortega destacó la cooperación que Rusia ha brindado a su Gobierno desde que retornó al poder en 2007, incluyendo "un aporte invaluable en el campo de la defensa".
En tanto, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), encabezados por Cuba y Venezuela, han cerrado filas con Ortega, cuyos allegados en Nicaragua, incluido su esposa y cuatro de sus hijos, ha recibido sanciones de Canadá, EE UU, la UE, y el Reino Unido.
El proceso ha sido cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
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