Perú expulsa al embajador mexicano y da salvoconducto a la familia de Castillo

Lima/(EFE).- El Gobierno peruano declaró este martes persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la "injerencia" que consideran que han hecho las "altas autoridades" de la nación norteamericana y además otorgó un salvoconducto a la familia del ex presidente para acudir a ese país, que les ha concedido asilo.

"Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención", dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración a prensa.

La decisión ha sido calificada de "infundada y reprobable" por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard: "Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición", publicó en sus redes sociales.

la canciller anunció que el Gobierno ha otorgado un salvoconducto a Lilia Paredes, esposa del ex presidente Pedro Castillo, y a sus hijos para ir a México, país que les ha concedido asilo

Además, la canciller anunció que el Gobierno ha otorgado un salvoconducto a Lilia Paredes, esposa del ex presidente Pedro Castillo, y a sus hijos para ir a México, país que les ha concedido asilo.

La ministra señaló que ha informado al Gobierno de esa nación de que Paredes está siendo investigada por un delito común, y que no hay "persecución política".

"La Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas. El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado", aseguró la ministra de Relaciones Exteriores.

La canciller dijo que otorga el salvoconducto a Paredes y "a sus dos menores hijos", pero no mencionó a Yenifer Paredes –hermana menor de la esposa de Castillo, pero que fue criada como una hija por la pareja presidencial–, quien también está siendo investigada por la Fiscalía por integrar presuntamente una organización criminal.

"El Gobierno reitera de manera enfática que no existe persecución política y que impera el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto de las garantías de administración de justicia, incluido el debido proceso", añadió Gervasi.

En un comunicado difundido por la misma Cancillería poco después, afirmó que "son de especial preocupación" las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador del 16 y 19 de diciembre en la que habla del estado de emergencia decretado por el Gobierno del Perú y sobre el orden democrático y legalidad en el país, y sobre la detención del ex presidente Castillo.

"Las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible" con el derecho de manifestación

"Las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente", señaló el ministerio.

Este martes, el Gobierno de México confirmó que el país había otorgado asilo político a la familia de Castillo, ya que estaban en la embajada.

Mientras, el pleno del Congreso aprobó este martes un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para abril de 2024, con el objetivo de que el mandato de las actuales autoridades del Ejecutivo y el Legislativo concluya a fines de julio de ese año y no en el mismo mes de 2026.

El proyecto, que fue presentado por el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, en una primera votación que deberá ser refrendada en la siguiente legislatura ordinaria.

Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de un mínimo de 87 votos para ser sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura, o de 66 para ser llevado a un referéndum.

La actual legislatura, que debió concluir la semana pasada, fue ampliada por el pleno hasta el próximo 28 de febrero, mientras que la segunda legislatura del periodo ordinario 2022-2023 deberá comenzar el 1 de marzo del próximo año.

La norma aprobada modifica la duración constitucional del mandato de la presidenta Dina Boluarte, los 130 congresistas y los representantes al Parlamento Andino mediante una disposición transitoria que indica que la jefa de Estado concluye su mandato el 28 de julio de 2024 y los legisladores dos días antes, el 26 de julio.

Durante el debate, los legisladores de izquierda ratificaron su exigencia de que se incluya la consulta sobre la convocatoria a una asamblea constituyente

La decisión del Congreso se dio después de que el pleno aprobase, este mismo martes, reconsiderar un primer proyecto de adelanto de elecciones para diciembre de 2023, después de una votación que durante la semana pasada rechazó esa iniciativa.

Durante el debate, los legisladores de izquierda ratificaron su exigencia de que se incluya la consulta sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, una posición rechazada por los representantes de bancadas de derecha.

"Serán nuestros votos los que hoy le pueden dar tranquilidad a nuestro país", afirmó Guerra al invocar al voto favorable de los legisladores al proyecto.

La presidenta Boluarte asegura que el suyo es "un gobierno de transición" y que tomó la decisión de no terminar su mandato al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía", en referencia a las protestas y manifestaciones violentas desatadas en el país que han dejado 26 muertos hasta el momento.

Boluarte asumió su cargo el pasado 7 de diciembre en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.

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