La presidenta izquierdista de Honduras entrega a la Policía Militar el control de las cárceles
La medida se extenderá inicialmente por un año en el que se deberá, además, "reclutar, capacitar y formar por lo menos 2.000 nuevos custodios de centros penales"
Tegucigalpa/(EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este miércoles que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) asumirá a partir del 1 de julio el control de todas las cárceles del país, tras la muerte, el martes, de al menos 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas).
La decisión fue adoptada por Castro en un reunión con altos funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Defensa, y según un comunicado de la Casa Presidencial, la PMOP ejercerá el control de los penales durante un año.
En ese año, añade la información oficial, la PMOP deberá "reclutar, capacitar y formar por lo menos 2.000 nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP)".
La PMOP deberá "reclutar, capacitar y formar por lo menos 2.000 nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP)"
El sistema penitenciario hondureño está conformado por 25 cárceles, en las que permanecen alrededor de 21.000 privados de libertad, pese a que la capacidad instalada es para unos 15.000 reclusos, según fuentes oficiales.
El Ejecutivo también le solicitó al Poder Judicial conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva a todas las mujeres privadas de libertad en el Cefas que no están condenadas y las que sufren de enfermedades terminales, y preservar la prisión a las que son consideradas de alto peligro.
La mandataria hondureña le ordenó además a las Fuerzas Armadas habilitar las Islas del Cisne, en el Caribe, "como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad, que estén detenidos en las cárceles o que sean identificados, capturados y procesados".
El abogado y analista Juan Carlos Barrientos recomendó al Gobierno que "pida ayuda al presidente de El Salvador", Nayib Bukele, quien desde 2019 mantiene el estado de emergencia en las prisiones y "le puede enviar un par de asesores sobre cómo controlar a las maras y las cárceles", como ha hecho en su país.
En ese mismo sentido se han venido pronunciando diversos sectores a raíz de múltiples hechos violentos que se han registrado en los dos últimos años en las cárceles hondureñas, algunas denominadas de "máxima seguridad", aunque también hay quienes se oponen a medidas extremas como las adoptadas por Bukele, incluidas la Organización de Estados Americanos o Human Rights Watch.
En abril de este año, Castro expresó su intención de intervenir las cárceles pero respetando los derechos humanos. "La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo", escribió en Twitter.
Además, Castro decretó tres días de duelo nacional, sin suspensión de labores, "por el cruel y trágico asesinato de mujeres en la Penitenciaría Femenina"
La muerte de las 46 mujeres en el Cefas, 23 de ellas con armas de fuego y blancas, y las 23 calcinadas en un incendio, es atribuida por las autoridades a un enfrentamiento entre dos bandas criminales.
Además, Castro decretó tres días de duelo nacional, sin suspensión de labores, "por el cruel y trágico asesinato de mujeres en la Penitenciaría Femenina".
Entre otras medidas, la presidenta de Honduras cesó en el cargo a todos los miembros de la Junta Interventora de los centros penales, que nombró en abril, al frente de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien retorna al mismo cargo de esa cartera.
El estado de excepción, parcial, que rige desde diciembre de 2022, se ampliará a otras regiones del territorio nacional y se extenderá en el tiempo la vigencia del mismo, indicó la Presidencia de la República.
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