Un año de protestas bajo el eslogan "queremos un Estado civil y no militar"

Argel/(EFE).- La protesta popular, hirak, contra el sistema militar en Argelia cumplió esta semana un año de movilización regular cada viernes sin apenas haber perdido vigor y entre la incapacidad del régimen para frenarla, pese a la creciente represión y a la coacción.

Al grito de "queremos un Estado civil, no uno militar", los manifestantes exigen un cambio auténtico y duradero que acabe con un sistema manchado por la corrupción, sostenido por una frágil economía dependiente del petróleo y el gas -que suponen el 95% de las exportaciones nacionales- y tutelado por el Ejército desde la independencia de Francia en 1962.

Las protestas estallaron el 22 de febrero de 2019 después de que el círculo de poder que protegía al entonces presidente argelino Abdelaziz Bouteflika anunciara que éste aspiraría a un quinto mandato

Las protestas estallaron el 22 de febrero de 2019 después de que el círculo de poder que protegía al entonces presidente argelino Abdelaziz Bouteflika anunciara que éste aspiraría a un quinto mandato de cinco años consecutivo pese a la enfermedad que lo incapacitaba desde que en 2013 sufriera un grave accidente cardiovascular.

Miles de jóvenes marcharon por el centro de Argel ante el estupor de la población, sorprendida por el inusual hecho de que la Policía no interviniera.

Al viernes siguiente, el clamor se contagió al resto de la población que comenzó a desbordar todas las ciudades del país con eslóganes como "Yetnahaw gaa" (que se larguen todos) y el himno La Casa de Al Muradia (palacio presidencial), inspirado de la serie española La casa de papel.

Un mes y medio después, y al regreso del enésimo viaje del mandatario a Suiza para ser tratado en un hospital, el llamado "clan Bouteflika -integrado por su hermano Said, el jefe de los servicios secretos durante 25 años, general Mohamad Mediène Tawfik, y el entonces primer ministro, Ahmed Ouyahia- anunció la dimisión del dignatario tras 20 años en el poder.

Una renuncia forzada por la perseverancia de la protesta masiva en la calle pero también por la presión del Ejército y en particular del jefe del Estado Mayor y viceministro de Defensa, general Ahmed Gaïd Salah, quien pidió en público la inhabilitación.

Desalojado el presidente, el general -nombrado por el propio Bouteflika en 2004- impulsó una supuesta "campaña de manos limpias" que devino en una caza de brujas y llevó a la cárcel a oficiales de alto rango, políticos, empresarios y periodistas considerados miembros del "clan Bouteflika", incluido su hermano, el general Tawfik, y los ex primeros ministros Ouyahia y Abdelmalek Sellal.

Todos ellos han sido condenados a más de una decena de años de cárcel por delitos como corrupción o conspiración con un país extranjero

Todos ellos han sido condenados a más de una decena de años de cárcel por delitos como corrupción o conspiración con un país extranjero, en alusión a Francia.

Gaïd Salah, sin embargo, también se alió con el jefe del Estado interino y presidente del Senado desde 2004, Abdelkader Bensalah, para tratar de desactivar el hirak y manejar las elecciones presidenciales que, según la Constitución, debían celebrarse tres meses después de la renuncia de Bouteflika.

El régimen trató de negociar con los manifestantes, pero estos se desvincularon enseguida del diálogo al constatar que ni el Ejército, ni el jefe de Estado interino, ni el Parlamento aceptaban su principal reclamación: que se enmendara antes la ley electoral.

Y que cayera el Gobierno interino liderado por el primer ministro, Nouredin Bedaui, quien como ministro del Interior organizó las elecciones de 2014 que ganó un ya disminuido Bouteflika, y que la oposición en pleno calificó de fraudulentas.

Pospuestas sine die las elecciones, iniciado septiembre arrancó una oleada de detenciones que llevó a cerca de medio millar de políticos, activistas, militares y periodistas -muchos de ellos de renombre-, y a simples manifestantes a la cárcel bajo acusaciones de delitos tan vagos como "atacar la unidad del territorio nacional", "difundir libelos que puedan dañar el interés nacional" o enarbolar la bandera bereber.

Según un reciente informe de Amnistía Internacional, a los arrestos arbitrarios y las prisiones preventivas, el régimen sumó como manera de represión, el cierre del espacio público para acotar las manifestaciones e impedir a los ciudadanos sumarse a las mismas.

Aun así, las protestas se mantuvieron cada martes y cada viernes con nuevos eslóganes: "queremos un régimen civil y no militar" y "libertad para los presos de conciencia".

Nada más asumir el cargo, el nuevo mandatario prometió una reforma de la Constitución y medidas para aplacar la protesta que no han servido para convencer a los argelinos

En este ambiente, el jefe del Ejército y el presidente interino convocaron las presidenciales para el 12 de diciembre, un proceso al que volvió a oponerse el hirak.

Las elecciones se celebraron en el fecha indicada, con el boicot de la oposición, y el vencedor fue Abdelmejid Tebboun, un hombre del aparato, próximo al Ejército, que fue primer ministro brevemente en 2017, cuando ya no se sabía quien gobernaba el país y el conflicto entre los diversos clanes en el poder era evidente.

Nada más asumir el cargo, tras unos comicios que registraron la menor participación de la historia argelina, el nuevo mandatario prometió una reforma de la Constitución y medidas para aplacar la protesta, como la puesta en libertad de presos -cerca de 80 de ellos han salido de la cárcel- que no han servido para convencer a los argelinos de que dejen la calle.

En este contexto, el hirak ha prometido continuar hasta "lograr un cambio auténtico".

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