Puerto Rico comienza un nuevo año fiscal como "la Grecia de América"
San Juan/(EFE).- Puerto Rico comenzó el miércoles un nuevo año fiscal que estará marcado por su decisión de no pagar en los términos actuales su deuda de más de 70.000 millones de dólares, para tratar de salir de una complicada situación fiscal que hace inevitables las comparaciones con Grecia.
"Puerto Rico, la Grecia de América", "La Grecia del Caribe" o "Puerto Rico, la Grecia americana" eran algunos de los titulares de la prensa internacional del 1 de julio, en la que se multiplicaban las comparativas entre ambos territorios.
Los más preocupados eran los medios estadounidenses, en los que muchos analistas explicaban que, aunque la deuda de Puerto Rico -con un tercio de la población- no llega a la cuarta parte de la de Grecia, esta está mucho más infiltrada entre el sistema financiero de EE UU, por lo que supone un riesgo mucho mayor para Wall Street.
Entre las similitudes, muchos destacan que ambos territorios se endeudaron en su momento de una manera desenfrenada y ahora no pueden recomprar la deuda con los correspondientes intereses.
Igualmente, ambos han sufrido una elevada evasión fiscal, corrupción gubernamental, falta de buenas estadísticas y proyecciones económicas serias y carencia de transparencia en las finanzas públicas.
Además, ambos llevan años aplicando dolorosas medidas de recorte del gasto público y de alguna manera ambos pertenecen a una unión monetaria regional que les impide jugar con su propia política monetaria, pues están atados a monedas fuertes que no pueden devaluar a su conveniencia.
Mientras que Grecia tendría la opción de abandonar el euro, en Puerto Rico se lleva usando el dólar desde 1899, poco después de pasar de manos españolas a estadounidenses
Sin embargo, mientras que Grecia tendría la opción de abandonar el euro, en Puerto Rico se lleva usando el dólar desde 1899, poco después de pasar de manos españolas a estadounidenses.
Igualmente, mientras que la gran mayoría de los bonos de Grecia está en manos de instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, más de la mitad de los puertorriqueños se negocian en el mercado estadounidense de deuda municipal.
Se calcula que solo el 14% de la deuda griega está en manos de bancos estadounidenses, mientras que la boricua está al 100%.
Además, mientras que en teoría Grecia tiene soberanía para decidir si paga sus deudas, Puerto Rico está sometido a la Justicia federal, por lo que está a merced de los tribunales de Nueva York.
Otras diferencias son que la deuda per cápita de Puerto Rico es inferior a la griega, la complejidad del problema es menor y la isla recibe enormes inyecciones de dinero de EE UU.
En EE UU, la crisis boricua también se está comparando con la de Detroit, en el sentido de que ambos territorios tenían miles de acreedores dispersos de una deuda que no podían pagar, mientras perdían población rápidamente.
En EE UU, la crisis boricua también se está comparando con la de Detroit, en el sentido de que ambos territorios tenían miles de acreedores dispersos de una deuda que no podían pagar
La gran diferencia es que Detroit se pudo declarar en bancarrota bajo la protección de la Ley de Quiebras estadounidense y Puerto Rico no tiene esa opción.
En ese sentido, incluso la aspirante a la candidatura presidencial estadounidense Hillary Clinton reclamó el martes que se incluya a Puerto Rico en el amparo de esa ley, al igual que lo ha hecho la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los senadores demócratas por Nueva York, Charles Schumer, y por Connecticut, Richar Blumenthal.
Mientras, en Puerto Rico el gobernador, Alejandro García Padilla, llevó hoy a cabo su segundo día de reuniones con sectores clave del panorama político y económico, después de que el lunes anunciara que ha tomado la decisión de convocar a los bonistas a negociar una moratoria, ante la evidencia de que la carga de la deuda en los términos actuales es insostenible.
Durante la reunión con García Padilla, varios alcaldes le propusieron que dejara en manos de los municipios la recaudación de todo el impuesto local sobre bienes y servicios (IVU), ya que han demostrado mucha más eficacia recaudatoria que Hacienda.
A la salida de la reunión, que tuvo lugar precisamente el mismo día en que entró en vigor una subida generalizada del IVU del 7% al 11,5 % en toda la isla, varios alcaldes de la oposición aseguraron que García Padilla se había mostrado receptivo.
El minoritario Partido del Pueblo Trabajador (PPT) recomendó por su parte al Gobierno que recurra al "arma de la moratoria unilateral" para forzar a los bonistas a que se sienten a negociar, y "da más fuerza al planteamiento correcto de que si no nos ayudan a recuperar la economía de Puerto Rico menos podrán recuperar ellos de su inversión".