Puerto Rico comienza este miércoles el procedimiento para su proceso de quiebra

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. (EFE)
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. (EFE)

17 de mayo 2017 - 10:16

San Juan/(EFE).- El procedimiento ante los tribunales para iniciar el proceso de quiebra y así poder reestructurar los 70.000 millones de dólares de deuda de Puerto Rico, se inicia este miércoles en San Juan.

El pasado 5 de mayo el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, nombró a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, para hacerse cargo del caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

Taylor Swain, que fuera jueza de bancarrotas para el Distrito Este de Nueva York, será la responsable de tutelar a partir de mañana un proceso de quiebra histórico para todo Estados Unidos por la cuantía de la deuda del Estado Libre Asociado.

La jueza federal fue nombrada por el expresidente estadounidense Bill Clinton, y saltó a la fama en 2011 cuando resolvió una acusación de plagio de Missy Chase Lapine contra la esposa del comediante estadounidense Jerry Seinfeld.

Puerto Rico hizo historia recientemente al convertirse en la primera jurisdicción estatal de Estados Unidos en acogerse a un mecanismo de quiebra, bajo el título III de la ley federal Promesa aprobada en junio de 2016 por el Congreso estadounidense para dar solución a una deuda millonaria.

Puerto Rico hizo historia recientemente al convertirse en la primera jurisdicción estatal de Estados Unidos en acogerse a un mecanismo de quiebra

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la isla sometió una solicitud del Gobierno para acogerse a un tipo de quiebra que establece normativa aprobada en el Congreso de Estados Unidos para atender este asunto.

La JSF presentó la solicitud al Tribunal del Distrito federal de Puerto Rico para que el Gobierno se acoja al título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Esa norma, que establece la creación de la Junta de Supervisión Fiscal que controla cualquier decisión del Ejecutivo local, fue aprobada en 2016 en el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de dar solución a un caos que se avecinaba ante la imposibilidad de devolver la millonaria deuda.

El proceso puede durar años si se tiene en cuenta que en el caso de Detroit, mucho más sencillo y de una cantidad muy inferior, se cerró en 18 meses.

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