Reclamaciones de bienes expropiados en Cuba amenazan con afectar a empresas
(EFE).- Con la inminente llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, empresas de EE.UU. y de otros países se verían afectadas si el nuevo Gobierno abre por primera vez la puerta a demandas en tribunales estadounidenses para reclamar bienes expropiados por el régimen de los Castro en Cuba.
Aunque la norma que lo permite está encaminada a la recuperación por parte de ciudadanos estadounidenses de propiedades en la isla, plantea un dilema adicional al afectar eventualmente a estas compañías, que las están usufructuando.
Los Gobiernos y empresas extranjeras "deben estar preparados para la incertidumbre, y para la incertidumbre sobre la incertidumbre", expresó a Efe John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE UU-Cuba, que reúne a compañías estadounidenses interesadas en aumentar el comercio con la isla.
Aunque el experto dijo que era "improbable" que se aplique la cláusula que así lo permite, el Título III de la Ley Libertad (Helms-Burton), aseguró que puede coaccionar la recuperación de bienes en la isla.
Los Gobiernos y empresas extranjeras "deben estar preparados para la incertidumbre, y para la incertidumbre sobre la incertidumbre"
"Será usada como una herramienta quirúrgica para presionar" a Gobiernos y empresas extranjeras "para alentar al Gobierno de Cuba a resolver las 5.913 reclamaciones certificadas que hay en Estados Unidos", por un monto total de 1.900 millones de dólares, aseguró.
Un ejemplo es el aeropuerto de La Habana, que es reclamado por el cubano-estadounidense José Ramón López, y que es utilizado por aerolíneas extranjeras, entre ellas estadounidenses desde agosto pasado, cuando se inauguraron los vuelos comerciales entre ambos países después de más de cincuenta años de enemistad diplomática.
Empresas que operan en el aeropuerto José Martí, o en el puerto de Santiago de Cuba, a donde llegan cruceros y que también tiene reclamaciones, podrían verse afectadas por decomisos u otras costosas acciones legales en caso de demandas propiciadas por el Título III.
Estos reclamos y las posibles sanciones a terceros países que tienen negocios con el régimen generarían un "enredo" y una serie de demandas internacionales, señaló a Efe Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia.
Para los congresistas cubanoestadounidenses de Florida Ileana Ross-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, es simplemente una muestra más del "riesgo" que significa hacer negocios con Cuba.
Cuando se cumplen hoy dos años del anuncio del proceso de normalización diplomática hecho por el presidente de EE UU, Barack Obama, y su homólogo cubano, Raúl Castro, ambos republicanos calificaron de "fracasada" esta política y se mostraron esperanzados con la promesa de Trump de "revertirla".
Andy S. Gómez, decano retirado del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoestadounidenses, de la Universidad de Miami (UM), expresó a Efe que recuperar los bienes es un reto legal y de procedimiento "muy complicado".
"Será usada como una herramienta quirúrgica para presionar" a Gobiernos y empresas extranjeras "para alentar al Gobierno de Cuba a resolver las 5.913 reclamaciones certificadas que hay en Estados Unidos"
Señaló que mientras no existan mejores relaciones entre EE UU y Cuba, "mejores pasos de normalización, esto no va a echar para adelante".
Un primer paso, sin embargo, podría darlo el republicano Trump con la activación del Título III, que desde su creación en 1996 ha estado suspendido por orden de los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Obama.
Es una cláusula que permite a estadounidenses, así no lo fueran en el momento de la expropiación, presentar en tribunales de Estados Unidos reclamaciones de bienes en Cuba y que prohíbe a empresas extranjeras "traficar" con estas propiedades confiscadas.
Sin embargo, algunos expertos consideran que estas reclamaciones no son oportunas por ahora, mientras que organizaciones del exilio creen que no son prioritarias como el respeto de los derechos humanos y la celebración de elecciones libres en Cuba.
Trump, quien toma posesión el próximo 20 de enero, tendrá la prerrogativa de activar el Título III, aunque aún no está claro si el presidente Obama la dejará en enero suspendida por otros seis meses, o trasladará la decisión a Trump, que no ha dejado muy clara su política hacia Cuba.
