"La represión letal continúa" en Nicaragua, según Amnistía Internacional

Managua/(EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que "la represión letal continúa" en Nicaragua, país que se encuentra inmersa en una grave crisis sociopolítica desde abril del año pasado y que ha dejado cientos de muertos.

En una declaración enviada a Efe, AI señaló que un operativo policial ocurrido la madrugada de este miércoles, en el que murió el joven Bryan Murillo López a consecuencia de los disparos efectuados por agentes del orden, "apunta a que la represión letal continúa" en el país centroamericano.

"Dos familiares de la víctima, su hermano Kener Murillo López y su cuñado Javier Cortez, resultaron también gravemente heridos", indicó AI. Según un comunicado de la Policía Nacional, los oficiales dispararon en "legítima defensa".

Según los familiares, los agentes entraron en la vivienda sin tener una orden judicial con el objetivo de capturar al joven, quien había participado en las protestas contra el presidente Daniel Ortega

Los familiares de la víctima aseguran que Murillo López, de 24 años, falleció al recibir varios disparos de fusil AK-47 por parte de al menos nueve policías que entraron en su vivienda en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua.

Kener López y Javier Cortez, primo y tío de la víctima, respectivamente, se encuentran en estado grave en el Hospital de León, indicaron las fuentes.

Según los familiares, los agentes entraron en la vivienda sin tener una orden judicial con el objetivo de capturar al joven, quien había participado en las protestas contra el presidente Daniel Ortega en los últimos 15 meses.

La madre del joven, Marina López, confirmó que su hijo fue alcanzado por los disparos al intentar huir de los policías y sus familiares resultaron heridos cuando salían de sus cuartos al percatarse de la situación. "Fue una masacre", subrayó López.

La Policía de Nicaragua emitió una nota de prensa en la que identificó al joven muerto y a los heridos como autores de "delitos de peligrosidad", que "se armaron con machetes y se lanzaron contra los integrantes" de una patrulla hasta lesionar a uno de los agentes. La Policía no identificó al autor del disparo y sostuvo que sí tenían orden judicial.

Para AI, la información analizada hasta el momento indicar que la policía estaba realizando un operativo ilegal durante el cual hizo uso de armamento militar.

Además, observó que las víctimas, que se encontraban desarmadas en el momento de los hechos, pertenecen a una familia abiertamente opositora a Ortega "en un contexto de sostenida violencia política contra quienes disienten" del Ejecutivo.

"La muerte del joven Bryan Murillo López, así como las graves lesiones contra Kener Murillo López y Javier Cortez, demuestran una vez más la brutalidad del Gobierno de Daniel Ortega. Las circunstancias del operativo, así como el perfil de las víctimas, apuntan a que podría tratarse de un nuevo hecho de represión letal contra la disidencia", afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

AI observó que las víctimas, que se encontraban desarmadas, pertenecen a una familia abiertamente opositora a Ortega "en un contexto de sostenida violencia política contra quienes disienten"

"Las autoridades nicaragüenses, lejos de dar una explicación plausible, han presentado a las víctimas como delincuentes. Exigimos la realización de una investigación exhaustiva, pronta e imparcial de estos hechos y de otras posibles violaciones graves de derechos humanos, de manera que haya acceso a la justicia para las víctimas y garantías de no repetición", continuó.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.

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