Rodrigo Duterte, el polémico presidente filipino detenido por su cruenta guerra antidrogas

Manila/Deslenguado, violento y muy popular, el ex presidente de Filipinas Rodrigo Duterte impulsó desde el poder (2016-2022) una cruenta guerra contra las drogas que dejó miles de muertos en el país y por la que este martes fue detenido tras ser acusado de crímenes contra la humanidad. La Policía filipina arrestó a Duterte dentro del avión en el que el ex mandatario regresó a Manila tras un viaje a Hong Kong, obedeciendo una orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

Duterte, de 79 años y con aparentes dificultades al caminar, salió escoltado por las autoridades desde la puerta de desembarque. El desenlace de hoy tiene su origen en su llegada al poder, el 30 de junio de 2016, por un mandato único de seis años, durante el que Duterte puso en marcha su promesa electoral de erradicar las drogas en el país y alentó para ello a la Policía a disparar a matar a presuntos adictos y traficantes.

Las cifras de fallecidos durante esta violenta campaña antinarcóticos varían notablemente entre las oficiales –que apuntan a más de 6.200 víctimas mortales– y las de las ONG, que elevan las muertes a entre 27.000 y 30.000. Su sangrienta guerra contra las drogas, vinculada en muchos casos a asesinatos por parte grupos de vigilantes armados que actuaban bajo aparente impunidad, le valió a Duterte una investigación de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.

El ex dirigente, que dejó una ristra de polémicas declaraciones durante su mandato, pretendía regresar a la arena política y se había presentado como candidato a la alcaldía de Davao, la sureña ciudad de Mindanao que regenta su clan familiar, para los comicios del próximo 12 de mayo.

Desde que dejara el poder, y tras unos meses de tranquilidad, el líder del clan político había regresado a la palestra para insultar en numerosas ocasiones al actual presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., a quien calificó repetidamente de "drogadicto". Las ofensas dejaron patente el profundo cisma entre los clanes políticos reinantes en Filipinas, tras la alianza de conveniencia durante las elecciones de 2022, donde la hija de Duterte, Sara, hizo tándem con Marcos Jr. y ganó los comicios para la vicepresidencia del país.

Sara Duterte, quien desde el año pasado no lidera ninguna cartera ministerial, se enfrenta ahora a un proceso de destitución

Sara Duterte, quien desde el año pasado no lidera ninguna cartera ministerial, se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida, en el marco de su divorcio político con Marcos Jr.

Chistes sobre la violación de una monja, comentarios machistas y graves insultos dirigidos contra personalidades como el papa Francisco o el ex presidente estadounidense Barack Obama, han sido otro de los legados que dejó el periodo de Duterte. Sus defensores aseguran que las salidas de tono y las formas jocosas y toscas del ex presidente son malinterpretadas y derivan de su personalidad vehemente, característica de su Mindanao natal, en el sur del país, mientras sus críticos condenan sus excesos y deriva autoritaria.

Miembro de uno de los clanes políticos del archipiélago y nacido en la provincia central de Leyte en 1945, Duterte es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas a pesar de que fue expulsado de dos colegios por mala conducta. Sus familiares lo recuerdan como un adolescente irresponsable, mujeriego y bravucón, que llegó a volar una avioneta sobre el instituto donde estudiaba para impresionar a una de sus compañeras, por lo que fue reprendido.

Tras sus estudios universitarios, ocupó durante una década distintos puestos en el consistorio de la ciudad de Davao, hasta que en 1988 accedió a la alcaldía. En esta ciudad, donde sirvió como regidor durante 22 años, Duterte puso en práctica su guerra contra las drogas a una menor escala, pero con unas consecuencias similares.

Las crónicas periodísticas de la época describen a un político que, pistola en mano, patrullaba las calles con los agentes del orden en busca de criminales, actitud que le valió el sobrenombre de "Harry el sucio".

Organizaciones en favor de los derechos humanos denunciaron entonces que Duterte había tolerado numerosos asesinatos extrajudiciales en Davao de supuestos traficantes de droga y otros presuntos delincuentes por parte de grupos vigilantes catalogados de "escuadrones de la muerte", delitos de los que entonces salió impune.

En 2016, sondeos apuntaban a que la mayoría de la población en Filipinas consideraba que el crimen y las drogas eran el principal problema del país

En 2016, cuando Duterte ya tenía fama de "sheriff" antinarcóticos, sondeos apuntaban a que la mayoría de la población en Filipinas consideraba que el crimen y las drogas eran el principal problema del país, de modo que el político incorporó en su campaña electoral la promesa de atajarlo y acabó arrasando en las presidenciales de junio de ese año. Una vez en el poder puso en marcha las redadas y ordenó a los policías disparar a matar si los sospechosos oponían resistencia. Solo en los primeros 100 días de su mandato se contabilizaron unos 3.700 muertos, según datos oficiales, entre ellos pequeños vendedores de droga, líderes de organizaciones criminales y adictos.

A finales de 2017, cuando el número de muertes oficial en el marco de la guerra antidrogas ascendía a alrededor de 4.000, comenzaron a producirse en el país asiático protestas con millares de personas que rechazaban la continuidad de las operaciones y denunciaban la actuación de grupos parapoliciales, mientras el presidente reiteraba su apoyo a los uniformados. Varias organizaciones no gubernamentales empezaron a pedir investigaciones internacionales al respecto, en vista del aumento de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, un relato que lidera el Proyecto Dahas, de la Universidad de Filipinas (UP), que denuncia que hay más muertos que los reportados por las autoridades.

En 2019, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en un intento de eludir la jurisdicción internacional. El ex mandatario impidió además la entrada al país de los investigadores de esta corte, en medio del rechazo que crecía en el extranjero y por parte de algunos sectores del país contra sus políticas, que él mismo arengaba en tono agresivo.

Durante la segunda mitad de su mandato, buena parte de la oposición y numerosas organizaciones comenzaron a calificar al controvertido líder de "dictador" debido a los asesinatos de activistas y militares de izquierda que figuraban en una polémica "lista roja" elaborada por el Gobierno. Unos sucesos que se produjeron en paralelo a la guerra contra las drogas.

En 2021, la CPI anunció el inicio de las pesquisas contra Duterte por los abusos supuestamente cometidos en la lucha antinarcóticos, que acabó en 2022.