El Salvador formaliza la propuesta de intercambio de deportados venezolanos

San Salvador/ Caracas/ Washington/La Administración de Nicolás Maduro calificó este martes como “moralmente inadmisible” la propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de intercambiar a los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos por igual número de los considerados “presos políticos” del país caribeño.

Este martes, Bukele reiteró su propuesta, revelando que el planteamiento fue trasladado formalmente mediante la Cancillería salvadoreña.

“Le reitero nuestra propuesta, esta vez anexando la documentación formal enviada a su Cancillería”, indicó Buke en X, donde compartió la misiva supuestamente enviada por los canales diplomáticos.

El documento, fechado este 22 de abril, indica que los 252 venezolanos, acusados por Estados Unidos de ser miembros de la banda trasnacional Tren de Aragua, se encuentran “bajo custodia del sistema penitenciario salvadoreño” y están encarcelados en la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Se indica que estas personas “están siendo procesadas por la comisión de varios delitos”, sin detallar los mismos y si es bajo jurisdicción de Estados Unidos o de El Salvador.

“En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores (de El Salvador), traslada formalmente una propuesta de repatriación total de los 252 ciudadanos venezolanos detenidos, condicionada a la liberación y entrega, por parte de Venezuela, de un número igual (252) de personas privadas de libertad por razones políticas en territorio venezolano”, indica la nota.

Bukele, además, cuestionó a Maduro en ese mensaje en X: “¿Le pareció justo un intercambio de 30 por uno, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de uno por uno?, ¿No fue usted quien afirmó que haría 'todo lo que fuera necesario' para lograr la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador? ¿Quiere decir entonces que estaba mintiendo? ¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos?”.

A través de una carta enviada a la Cancillería de El Salvador, la Administración chavista indicó que la propuesta de “canje ilegal” y “moralmente inadmisible”, pretende condicionar la liberación de “personas inocentes a un intercambio por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético”.

“Tomando en cuenta adicionalmente que ninguno de los detenidos a los que hace mención posee la ciudadanía salvadoreña, siendo la mayoría de estos ciudadanos venezolanos”

“Tomando en cuenta adicionalmente que ninguno de los detenidos a los que hace mención posee la ciudadanía salvadoreña, siendo la mayoría de estos ciudadanos venezolanos”, añadió.

Asimismo, dijo que la propuesta de Bukele constituye una “aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales ni multilaterales, que vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y dignidad humana”.

La Administración venezolana exigió nuevamente la liberación “inmediata e incondicional” de los afectados y responsabilizó al Gobierno salvadoreño “por cualquier afectación a su integridad física y psicológica”.

Igualmente, exigió al Gobierno de El Salvador dar respuesta “inmediata, veraz y completa” a un cuestionario enviado por el Ministerio Público (MP,), “el cual contiene requerimientos fundamentales para la investigación en curso y para la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad”.

Para el Ejecutivo de Maduro, dicha nota constituye “una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos, así como de la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales”, entre las que mencionó “criminalización colectiva y xenofobia institucional”, “negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia”, además de “secuestro y traslado forzoso a un tercer país sin orden judicial ni proceso legal”.

En este contexto, una jueza dictaminara este martes que el Gobierno federal no puede expulsar a dos venezolanos que reclamaron sin antes revisar sus casos o brindarles la oportunidad de una audiencia ante un juez. La decisión se extiende al envío del grupo, de unos 100 inmigrantes venezolanos detenidos en Colorado que iban a acabar en El Salvador.

La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los dos venezolanos afectados por la sentencia directamente, de 25 y 32 años, quienes no fueron identificados.

El dictamen afecta el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS,) de Estados Unidos de deportar a El Salvador a unos 100 hombres venezolanos actualmente alojados en el centro de detención de la empresa privada GEO en Aurora, al este de Denver.

"Por primera vez en meses podemos respirar aliviados", dijo Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, tras la decisión.

"Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional y ya hemos perdido a demasiados vecinos, padres, parejas y amigos por esta anarquía", expresó la abogada.

"Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional y ya hemos perdido a demasiados vecinos, padres, parejas y amigos por esta anarquía"

En un audiencia este lunes ante Sweeney, los abogados del Gobierno federal argumentaron que una restricción judicial "obstaculizaría la capacidad del Gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración", incluyendo "arrestar, detener y expulsar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y que puedan representar un peligro para la sociedad".

La jueza desestimó esa postura, subrayando que ACLU demostró que los inmigrantes "corren el riesgo de ser deportados, quizás injustamente" y que "sufrirían daños irreparables" si quedasen encarcelados en El Salvador.

Según los documentos judiciales, ambos venezolanos cruzaron la frontera mexico-estadounidense en Texas "hace algunos años", como lo hicieron unos 40.000 compatriotas suyos de 2022 a 2024, quienes también llegaron a Colorado.

En su orden, la jueza Sweeney prohibió al Gobierno federal trasladar a los dos hombres a El Salvador y les ordenó permanecer en Colorado. De ser trasladados, ellos y otros venezolanos tendrían derecho a solicitar una revisión judicial y a recibir información legal "en un idioma que entiendan", es decir, en este caso, español.

Sweeney también afirmó que ACLU demostró que sus representados probablemente "sufrirían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar", por lo que decidió a favor de la ACLU "en beneficio del interés público".

Además, cuestionó el posible uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a los venezolanos, aunque los abogados del Gobierno le dijeron a la jueza este lunes que esa ley no estaba siendo usada en este caso.

La abogada Lunn enfatizó que la demanda a favor de los venezolanos no pide que queden en libertad o que se les conceda asilo, sino que se garantice su derecho al debido proceso ante un juez.