Se sigue buscando opciones para sacar del limbo jurídico a los cubanos con I-220A

La Habana/Los cubanos que entraron a Estados Unidos de manera irregular y que recibieron el formulario I-220A no han sido, por el momento, mencionados por el nuevo presidente Donald Trump en su cruzada contra la migración, que incluye la cancelación de la aplicación móvil CBP One y la suspensión del parole humanitario. Aunque aún no se han legalizado, tienen esperanza.

La congresista republicana María Elvira Salazar prometió el viernes pasado trabajar con la nueva Administración para conseguir que el total de 500.000 migrantes con I-220A, según sus cifras, residan legalmente en EE UU.

“No he olvidado a los I-220A”, dijo en X, al tiempo que señalaba que trabajará con la Administración Trump “para lograr un parole in place”, un permiso de inmigración que hasta ahora permite a ciertos indocumentados permanecer en Estados Unidos de manera temporal.

“No pasó nada en la Administración del presidente Biden; tanto que se lo pedimos al (entonces) secretario (Alejandro) Mayorkas”

En su mensaje, la congresista recriminó al ex presidente Joe Biden por no haber resuelto la situación jurídica para las miles de personas con ese papel. “No pasó nada en la Administración del presidente Biden; tanto que se lo pedimos al (entonces) secretario (Alejandro) Mayorkas”. En el video que adjunta en su tuit, convoca también a “un gran evento” en Miami para hacer un llamado al Gobierno y exponer la necesidad de regularizar a este grupo en el país.

El formulario I-220A es una “orden de libertad provisional” bajo palabra, que ofrece el Gobierno de Estados Unidos a personas que fueron liberadas por las autoridades migratorias, luego de que fueran detenidas al entrar de manera ilegal en el país. Requiere de los implicados la obligación de asistir a audiencias en una corte de inmigración y mantener un buen comportamiento mientras se resuelve su situación migratoria.

Sin embargo, el proceso puede ser largo y no garantiza que los implicados tengan un fallo favorable. Es el caso de Jesús Espinosa, un cubano que, el 1 de marzo próximo, cumplirá tres años de haber llegado a ese país. Fue detenido a su arribo y ocho días después salió en libertad, “para desgracia mía con el documento I-220A”.

En entrevista con 14ymedio, cuenta que presentó su solicitud de asilo político en abril de 2022 y, “hasta el día de hoy, continúo esperando una fecha de corte disponible”.

El proceso puede ser largo y no garantiza que los implicados tengan un fallo favorable

Jesús espera que el trámite no demore mucho, “para así poder hacerme residente y reclamar a mis hijos, que aún están en Cuba”.

Escapar no fue fácil, pero tuvo que dejar el país luego de la represión que vino después del 11 de julio de 2021 y por el “desastre económico en el país, que no da opciones de vida”. Como él, la mayoría de los cubanos con I-220 A son personas que huyeron de la Isla tras las masivas protestas antigubernamentales de 2021, en lo que fue una de las mayores estampidas, por la “ruta de los volcanes”, con destino a Nicaragua.

Tras pasar Centroamérica, miles de cubanos cruzaron la frontera entre México y EE UU, la gran mayoría buscando llegar a Florida. Muchos vendieron sus propiedades en la Isla, viviendas y vehículos, para financiar el viaje por varios países y pagar a los coyotes.

Jesús espera que el trámite no demore mucho, “para así poder hacerme residente y reclamar a mis hijos, que aún están en Cuba”

Poco más de un año después, ante el éxodo imparable, el Gobierno de Joe Biden instauró el parole humanitario y, con ello, la posibilidad de viajar a EE UU de manera legal y sin los riesgos del viaje por tierra por Centroamérica y México. Pero a los I-220A ya no les tocó esta gracia.

En septiembre de 2023, la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de EE UU rechazó la posibilidad de que los migrantes que entraron en ese país con el formulario I-220A puedan recurrir a la Ley de Ajuste Cubano (LAC) para solicitar la residencia, lo que obligó a las personas a tramitar su asilo político en un juzgado de manera ordinaria.

La Casa Blanca consideró entonces que la única opción para acogerse a la LAC era el parole humanitario y no el I-220A. Con ello, los miles de cubanos que aspiraban a pedir la residencia al cumplirse un año y un día de su llegada a EE UU, como establece la ley, se quedaron en un limbo jurídico.