Los sindicatos sandinistas se declaran en alerta para evitar una intentona golpista en Nicaragua

Managua/(EFE).- Los sindicatos afines al Gobierno del presidente Daniel Ortega se declararon este lunes "en alerta" para evitar "cualquier intentona golpista" en Nicaragua, después de que su homólogo de Bolivia, Evo Morales, renunciase al cargo, y en medio de la crisis que vive el pañis centroamericano desde abril de 2018.

El líder sindical y presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, anunció en rueda de prensa que comenzarán a organizarse con el fin de evitar "cualquier intentona golpista" contra Ortega como, a su juicio, ocurrió contra Morales en Bolivia.

"Hemos acordado convocar a los sindicatos a tensar al máximo nuestra fuerza, a mantenernos movilizados y a estar pendientes de cualquier acción del enemigo", señaló el también secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) y del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).

Porras, de 64 años y a quien Estados Unidos sancionó en junio pasado por promulgar leyes represivas, dijo que si los seguidores de Ortega no actuamos, la oposición nicaragüense podrá hacerlo "como sucedió ahorita en Bolivia".

Por tanto, indicó que a partir de mañana organizarán asambleas por sectores, en las empresas sandinistas y en las instituciones del Estado, para "enfrentar unidos cualquier intentona de destruir la democracia, la economía y las conquistas alcanzadas" desde que Ortega retornó al poder en 2007.

"Hemos acordado convocar a los sindicatos a tensar al máximo nuestra fuerza, a mantenernos movilizados y a estar pendientes de cualquier acción del enemigo", señaló el también secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud

"Tenemos la oportunidad de organizarnos ya y de ponernos alertas para que no exista ninguna posibilidad que nos golpeen nuestra revolución", continuó el líder sindical y legislador.

Estados Unidos señala a Porras como el operador político más importante del presidente Ortega, que ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud, con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario y también sancionada por Washington.

Bajo el mandato de Porras, el Parlamento promulgó una ley de amnistía que condicionalmente perdona a las personas que participaron en las protestas que estallaron en abril de 2018, pero también a los policías que participaron en la violenta represión del Gobierno de Ortega contra los manifestantes.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ente tutelado por la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien atribuye incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.

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