La SIP denuncia más represión a la prensa independiente en Cuba tras el 11J
La organización destaca el encarcelamiento de Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez y la entrada en vigor del Decreto-Ley 35
Miami/(EFE).- El Gobierno cubano ha intensificado la represión, arrestos, cortes de comunicaciones y amenazas a reporteros de medios independientes tras las protestas del pasado 11 de julio (11J), denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe preliminar anual.
"Este ha sido el semestre más difícil para los cubanos y la dictadura en los últimos 25 años", afirma el documento, pendiente de aprobación por la Comisión de Libertad de Prensa en la 77 Asamblea General, iniciada este martes de manera virtual en Miami (EE UU).
En su resumen de 2021 sobre Cuba considera que sobresalen tres hechos: el encarcelamiento de los periodistas independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, la represión de las protestas del 11J y la entrada en vigor del Decreto-Ley 35, que restringe aún más las libertades en internet.
En el caso del periodista y activista Valle Roca, director del blog digital Delibera y de su canal de YouTube homónimo, es acusado de los delitos de "propaganda enemiga" y "desacato" por los que podría sufrir una condena de diez años de prisión.
Recuerda la manifestación pacífica callejera que se originó el 11J en la localidad occidental de San Antonio de los Baños para protestar por el desabastecimiento de productos básicos, medicinas, y los apagones, que a través de las redes sociales se extendió a otras zonas de la Isla.
"El 11 de julio las autoridades cortaron el uso de todos los servicios de internet y telefonía móvil y bloquearon las principales redes sociales y servicios de mensajería. El apagón de internet duró tres días"
La entidad interamericana, fundada en La Habana en 1943 y que cuenta con más de 1.300 medios asociados del continente, cita como los primeros periodistas independientes arrestados en aquella fecha a Iris Mariño, Henry Constantín y Neife Rigau, del medio La Hora de Cuba, en la ciudad de Camagüey (centro-este).
Asimismo, afirma que un grupo de reporteros no pudo salir a la calle en esa jornada por la vigilancia policial frente a sus casas, una restricción de movimiento que se prolongó por días y hasta semanas para algunos de ellos, mientras otros sufrieron allanamientos, registros y decomiso de bienes de trabajo.
La SIP denuncia que las detenciones han incluido "interrogatorios, amenazas, incomunicación con familiares y abogados, suministro de agua y alimentación deficientes, entre otras violaciones de los derechos humanos del reportero".
"El 11 de julio las autoridades cortaron el uso de todos los servicios de internet y telefonía móvil y bloquearon las principales redes sociales y servicios de mensajería. El apagón de internet duró tres días", añade.
La SIP califica el Decreto-Ley 35 "De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico", en vigor desde el pasado 17 de agosto en la isla, como "la más explícita mordaza legal a la libertad de expresión en internet".
Observa además que tras la convocatoria de un grupo de activistas para realizar una nueva protesta el próximo 15 de noviembre, empezó la represión contra sus promotores y los periodistas independientes.
En Cuba, donde el gobernante Partido Comunista es el único permitido, están prohibidos los medios de comunicación no estatales, si bien en los últimos años han surgido plataformas privadas o independientes con dominios alojados en el extranjero que informan sobre la realidad del país desde una perspectiva no oficialista.
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