Un fallo del Supremo que acorta la pena a un represor causa tensión en Argentina
Buenos Aires/(EFE).- La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de acortar la pena de un represor de la última dictadura (1976-83) sigue generando, una semana después, tensiones en el ámbito político y judicial y en una sociedad que, en su mayoría, considera el fallo un claro retroceso en derechos humanos.
Con tres votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal del país aplicó la pasada semana la ley 24.390, conocida como "2x1", que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y que establece que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de entonces cada día se computará doble a la hora de establecer la duración de la pena.
La sentencia fue dictada en el caso del civil Luis Muiña, condenado en diciembre de 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos en una cárcel clandestina durante el régimen militar.
La sentencia fue dictada en el caso del civil Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos en una cárcel clandestina durante el régimen militar
Los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz establecieron que aunque los hechos fueron cometidos antes de la vigencia del 2x1 y juzgados tras su derogación, debía regir el principio de la "ley más benigna" para el condenado que marcan varios tratados internacionales.
El fiscal federal Guillermo Marijuán decidió este martes imputarlos, dando lugar así a la denuncia presentada por el abogado Marcelo Parrilli contra los magistrados, a los que acusó de prevaricación, es decir, de haber dictado a sabiendas una resolución injusta.
La decisión del Supremo provocó el rechazo inmediato de las asociaciones de derechos humanos y de numerosos referentes sociales y políticos, incluidos varios miembros del Gobierno como el ministro de Justicia, Germán Garavano, o el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes criticaron fuertemente la aplicación de este beneficio penitenciario.
Sin embargo, desde el propio Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, apoyó los argumentos de los magistrados que votaron a favor, algo que también hizo Cecilia Pando, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, organización que engloba a militares procesados por la represión durante la dictadura.
"La sentencia genera malestar en las víctimas y en las organizaciones de derechos humanos, que temen que se vayan licuando las penas para más casos de lesa humanidad. Es un tema tortuoso"
"La sentencia genera malestar en las víctimas y en las organizaciones de derechos humanos, que temen que se vayan licuando las penas para más casos de lesa humanidad. Es un tema tortuoso" que "conduce a protestas y a instalar un debate en la sociedad", señala a Efe Bruno Tondini, miembro del Centro Argentino de Estudios Internacionales.
Para el experto en Derecho Internacional, el caso evidencia una lucha entre la aplicación de la normativa interna, ya que la Constitución argentina no contempla el principio de la norma más benigna, y los tratados internacionales, que sí lo hacen, pero, al mismo tiempo, establecen que los condenados por delitos de lesa humanidad no pueden gozar de amnistías o conmutaciones de penas.
Por ello, Tondini ve urgente determinar por medio de una ley si este principio es aplicable o no en este tipo de casos para tratar de reducir el espacio de interpretación y, así, evitar tantas "idas y vueltas" en política criminal y "no generar una discusión tan fuerte" que divida a los argentinos.
En ese sentido, el presidente provisional del Senado, el oficialista Federico Pinedo, presentará un proyecto que establece que el cómputo de las penas establecido en la norma 24.390 será aplicable sólo en los casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva durante su vigencia (1994-2001).
"Puede suponer una gran maniobra de distracción, voluntaria o no, para evitar otros temas que la sociedad argentina debería estar discutiendo en vista de las elecciones"
Según el director de la consultora Polilat, Jorge Arias, el fallo de la Corte le vino "como anillo al dedo" al Gobierno de Mauricio Macri, ya que ahora se volvió a instalar la "vieja discusión" de la justicia y los derechos humanos que parecía haber quedado clausurada con los juicios realizados en los últimos años en los que ya se ha condenado a 900 civiles y militares.
"Puede suponer una gran maniobra de distracción, voluntaria o no, para evitar otros temas que la sociedad argentina debería estar discutiendo en vista de las elecciones (legislativas de octubre)", como la recuperación económica, la inflación o la "frustración" de numerosos sectores sociales, señala a Efe.
"En una sociedad sana y curada, que claramente Argentina no lo está, esa sería la discusión: una de valores y de presente, no de pasado", asevera el analista, quien considera que la decisión del máximo tribunal es una especie de "amnistía encubierta".