El Supremo francés confirma la condena por blanqueo a 'Teodorín' Obiang
Los magistrados rechazan los recursos sobre que la justicia francesa no puede aplicarse a un alto dignatario de un país extranjero, protegido por la inmunidad diplomática
París/(EFE). -El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena al vicepresidente ecuatoguineano, "Teodorín" Obiang, por blanqueo de capitales y la pena impuesta de tres años de cárcel exentos de cumplimiento, 30 millones de euros de multa y la confiscación de sus bienes en este país.
La pena, que fue dictada en febrero de 2020 por un tribunal de apelación, pasa a ser "definitiva", indicó el Supremo en un comunicado.
En su sentencia, el Supremo rechazó todos los motivos de nulidad interpuestos por la defensa del hijo del hombre que dirige Guinea Ecuatorial desde 1979.
En concreto, los magistrados rechazan los recursos sobre que la justicia francesa no puede aplicarse a un alto dignatario de un país extranjero, protegido por la inmunidad diplomática, y sobre el origen delictivo de los bienes confiscados.
La sentencia puede aplicar la nueva doctrina según la cual los bienes confiscados a dirigentes extranjeros serán destinados a la población de su país y no irían a las arcas francesas
La Justicia gala confiscó bienes por valor de unos 150 millones de euros al número dos del régimen de Malabo, sobre todo un palacete situado en una lujosa avenida junto al Arco del Triunfo tasado en 107 millones y convertido posteriormente en la Embajada de Guinea Ecuatorial en París.
En su interior hallaron una colección de coches de lujo, con modelos como Bugatti, Rolls Royce o Maserati, valorados en casi 6 millones.
"Teodorín" fue condenado en primera instancia en 2017 y la sentencia fue agravada en Apelación en febrero de 2020, cuando los jueces hicieron efectivo el pago de una multa de 30 millones que el Correccional había dejado exenta de cumplimiento.
El caso del vicepresidente ecuatoguineano puede convertirse en Francia en el primero en el que se aplique la nueva doctrina aprobada por el Parlamento en julio de 2020, según la cual los bienes confiscados a dirigentes extranjeros serán destinados a la población de su país y no irían a las arcas francesas.
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