El Supremo venezolano ordena detener a uno de los diputados que rompió con el chavismo

Caracas/(EFE).- El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó a última hora del miércoles la detención del diputado Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general Luisa Ortega. El Ministerio Público acusa a Ferrer de formar parte de una trama que habría utilizado la Fiscalía para lucrarse mediante la extorsión.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la detención del ciudadano Diputado Germán Darío Ferrer", se lee en la sentencia, que da de esta forma luz verde a la solicitud de detención cursada por el nuevo fiscal general, Tarek Saab.

El tribunal establece que Ferrer no tiene derecho al antejuicio de mérito que debe preceder la apertura de procesos a altos cargos al tratarse de un caso de "delitos en flagrancia", lo que permite a la justicia saltarse este paso, establecido para evaluar si existen motivos para enjuiciar a esas figuras públicas.

La Fiscalía dice tener en su poder "documentos originales" firmados por Ferrer y otros acusados que demostrarían que abrieron varias cuentas en Bahamas donde tenían hasta 6 millones de dólares

La Fiscalía dice tener en su poder "documentos originales" firmados por Ferrer y otros acusados que demostrarían que abrieron varias cuentas en Bahamas donde tenían hasta 6 millones de dólares.

Ferrer es uno de los antiguos diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que rompieron con el presidente Nicolás Maduro y montaron un grupo parlamentario propio en la Cámara legislativa venezolana.

Su esposa, Luisa Ortega, se rebeló hace meses contra el Gobierno y un Tribunal Supremo al que acusó de servir al Ejecutivo, y fue destituida de su cargo el 5 de agosto por la recién instaurada Asamblea Nacional Constituyente, creada por el chavismo gobernante para refundar el Estado y purgar las instituciones.

La residencia caraqueña de Ferrer y Ortega fue registrada este miércoles por agentes del servicio de inteligencia, que se llevaron ordenadores y otros materiales de la vivienda.

Diosdado Cabello, uno de los miembros más influyente de la Asamblea Constituyente, denunció a Ferrer y a varios altos cargos del Ministerio Público bajo el mando de Ortega por formar parte de la supuesta red de extorsión.

La residencia caraqueña de Ferrer y Ortega fue registrada este miércoles por agentes del servicio de inteligencia, que se llevaron ordenadores y otros materiales de la vivienda

Según la denuncia de Cabello, en la que se basó Saab para pedir las detenciones, Ferrer y el que fuera fiscal anticorrupción Pedro Lupera pedían grandes cantidades de dinero en dólares a cambio de retirar acciones penales contra los extorsionados.

Empresarios que trabajaban en la faja petrolera del Orinoco, donde se encuentran las mayores reservas de petróleo de Venezuela, alertaron a los denunciantes de que fueron víctimas de estas prácticas, según dijeron Cabello y Saab.

La Fiscalía dirigida por Ortega imputó a varios dirigentes de una empresa petrolera con participación del Estado venezolano al hallar indicios de que inflaron precios a la hora de encargar compras de productos de la compañía.

La Asamblea Nacional, tras condenar la solicitud de privativa de libertad del parlamentario disidente, anunció que solicitará ante organismos internacionales medidas de protección para el Legislativo y sus diputados.

"En nombre de la AN queremos anunciar los pasos que vamos a dar en materia internacional (para proteger) a cualquier diputado y proteger al propio Parlamento", dijo el jefe de la AN, el opositor Julio Borges, en rueda de prensa, al señalar que la acción contra Ferrer es "nula" y "no existe", porque es "contraria" a la Constitución vigente.

Borges anunció que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "para garantizar la integridad y la legalidad de todos los parlamentarios"

Por este hecho, Borges anunció que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "para garantizar la integridad y la legalidad de todos los parlamentarios".

"Igualmente nosotros vamos a hacer en este momento la denuncia de este caso ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", agregó.

Asimismo, este caso de violación a la institucionalidad del Parlamento será presentado "a la unión interparlamentaria mundial".

Borges señaló que se está poniendo en contacto con todos los Parlamentos de la región "para que haya un repudio inmediato a lo que significa en este momento seguir destruyendo" la voluntad de "14 millones de venezolanos" que votaron en 2015 por el Legislativo de contundente mayoría opositora.