El trabajo forzado de presos fue parte integral de la economía de la RDA
Berlín/(EFE).- Entre 15.000 y 30.000 reclusos en cárceles de la extinta República Democrática Alemana (RDA) fueron sometidos a trabajos forzados como "instrumento de reeducación", según la versión oficial, pero realmente con el único objetivo de cumplir un plan económico o incluso superarlo.
El trabajo de los reclusos tenía un importante papel económico, pues eran empleados en ámbitos para los cuales difícilmente se encontraba fuerza laboral civil, "bien porque eran mal pagados o por su especial peligrosidad", dijo hoy lunes Jan Philip Wölbern, del Instituto de Historia Contemporánea de Potsdam.
Según un nuevo estudio que aborda la situación de los presos políticos sometidos a trabajos forzados en cárceles de la RDA, la contribución a la economía del trabajo prestado por los reclusos en general suponía entre un 0,2 y un 0,94% del total de la población activa.
A pesar de este porcentaje, el papel de los reos era de peso, principalmente porque eran empleados en "puntos neurálgicos" de la economía de la Alemania oriental, hasta el punto de que si fallaban "podía desmoronarse toda una cadena", subrayó Wölbern, responsable del proyecto.
El estudio recuerda que la obligación de trabajar en condiciones de reclusión es "legítima" e incluso responde a los estándares de la ONU -ratificados por la RDA en 1974 al ingresar en las Naciones Unidas-, que exige una "ocupación práctica" para los encarcelados.
Muchos presos políticos subrayaron incluso al relatar sus experiencias el lado positivo del trabajo frente al aislamiento al que habían sido sometidos, por ejemplo, durante la prisión preventiva.
Los trabajos forzados, según el estudio, cumplían una "función represiva" aplicada a los presos políticos, entre 250.000 y 300.000
Aun así, agrega el estudio, es cierto que los trabajos forzados cumplían una "función represiva" aplicada a los presos políticos, entre 250.000 y 300.000, repartidos de forma muy desigual en las diferentes décadas de existencia de la RDA, según Wölbern.
No obstante, los reclusos recibían un trato discriminatorio frente al trabajador civil en lo que a condiciones de trabajo se refiere, tanto en lo que respecta a la dureza de la actividad, como a la protección, la asistencia médica, las sanciones en caso de objeción y la jornada laboral.
Por otra parte, los estándares de trabajo, que según la ley debían estar equiparadas a los del mercado laboral civil, dependían de las propias empresas que empleaban a los reclusos y que muchas veces elevaban las normas aplicadas a los presos al no estar reguladas de forma centralizada.
Según Wölbern, los salarios en las cárceles de la RDA -que para los presos quedaban en un ingreso neto del 18% después de descontar los costes derivados de su reclusión- no eran inferiores a la media internacional, pero "para los que estaban presos de forma injusta, el trabajo era vivido como una explotación".
El informe revela también que las diferentes condiciones en las que trabajaban presos comunes y políticos no se debía a órdenes expresas de los órganos centrales de la RDA, sino a la propia jerarquía de la cárcel, donde los reclusos políticos ocupaban el último lugar.
"Para los que estaban presos de forma injusta, el trabajo era vivido como una explotación", según un experto
El estudio recuerda además que hasta el momento no se ha estudiado de forma sistemática si los trabajos forzados en condiciones de reclusión han tenido como consecuencia daños a largo plazo en la salud de los presos, ante la dificultad de aplicación de una metodología, pero subraya que esta afirmación "es del todo creíble".
El informe menciona también la imposibilidad de responder de forma global, por falta de datos, a si la práctica de los trabajos forzados en las cárceles era rentable, sobre todo en lo que respecta a bienes que eran exportados a países occidentales.
No obstante, el documento parte de la base de que no lo era y subraya que el objetivo de la exportación era únicamente el del hacerse con divisas "costara lo que costara".
El estudio del sometimiento a trabajos forzados de presos políticos en la RDA recibió un impulso a finales de 2012 cuando la cadena sueca IKEA reconoció haber tenido conocimiento desde la década de 1980 del empleo de esos reclusos en la producción de muebles para su empresa.
