Tres cubanas, entre las víctimas de explotación sexual en España liberadas en 2023
La Policía y la Guardia Civil rescataron a casi trescientas mujeres el año pasado, más de un tercio de ellas de Colombia (137), seguidas de Venezuela (44)
Madrid/Las redes que captan mujeres para explotarlas sexualmente en España se ceban cada vez más en América Latina, en especial en Colombia y Venezuela, aprovechando la necesidad económica de sus víctimas o su desesperación para huir de la violencia, según datos oficiales y de ONG. Entre las liberadas el pasado año había tres cubanas.
"Tradicionalmente, la presencia de víctimas de Latinoamérica ha sido constante", pero "se ha observado un incremento de su porcentaje respecto a otras nacionalidades en los últimos años", aseguran a EFE fuentes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en España (CITCO).
Una problemática que corroboran organizaciones que ayudan a las víctimas, como Accem, que advierte de su vulnerabilidad tanto en sus países de origen como cuando llegan a España.
En este caso se suma "la situación en los países de origen ligada a un empeoramiento de las condiciones de vida por cuestiones económicas o de seguridad"
La estadística de este centro adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España refleja que en su mayoría las mujeres tienen entre 28 y 32 años y son de Colombia, Venezuela y Paraguay.
La Policía y la Guardia Civil españolas liberaron a casi trescientas víctimas de estas redes el año pasado, más de un tercio de ellas de Colombia (137), seguidas de Venezuela (44) y Paraguay (32), pero también de Brasil (10), República Dominicana (9), Uruguay (3) y Cuba (3), Argentina (2) y Perú (1).
España es el "país de referencia en cualquier proyecto migratorio desde los países de habla hispana", por los lazos con América Latina y por factores como "las comunidades numerosas de dichas nacionalidades ya asentadas" en el país, remarcan estas fuentes del CITCO.
En este caso se suma "la situación en los países de origen ligada a un empeoramiento de las condiciones de vida por cuestiones económicas o de seguridad".
"Esta situación suele ser aprovechada por las redes de trata, utilizando el engaño respecto a la actividad a realizar en España o sus condiciones reales, así como la situación de necesidad extrema de las víctimas potenciales", subrayan.
Muchas llegan con el gancho de empleos como el servicio doméstico, pero acaban en burdeles al reclamar estas mafias una supuesta deuda por haberlas traído a España, que nunca se termina de pagar.
Carmen Martínez-Raposo, responsable del programa contra la trata en Accem, agrega que ya en España sufren una "especial vulnerabilidad" incluso en el sistema de acogida.
En el caso de Colombia, solo un 4,5% de quienes solicitaron el año pasado protección internacional, como el asilo, lo lograron.
Por ello advierte del riesgo de que caigan en estas redes, que las van a buscar a centros de inmigrantes, donde la labor de estas organizaciones es determinante, pues muchas están en situación irregular en España y temen recurrir a la Policía.
Ya en España sufren una "especial vulnerabilidad" incluso en el sistema de acogida
Accem las acompaña para que denuncien, presta asistencia jurídica y psicológica, apoya en la busca de empleo o alojamiento, colabora en los trámites burocráticos,...
"Necesitan alternativas (...) para insertarse en el país de acogida", añade Martínez-Raposo, pues "el retorno voluntario es minoritario, llegan engañadas con promesas de ganar mucho dinero y se quedan en España para ayudar a su familia".
Desde el CITCO subrayan igualmente que las víctimas "disponen de un amplio abanico de derechos para garantizar su protección y la recuperación tras la explotación", con asistencia jurídica gratuita, acceso al sistema público de salud y permiso de residencia y trabajo excepcionales si están en situación irregular.
Las fuerzas de seguridad españolas colaboran con organizaciones sociales que asisten a las víctimas y con organismos internacionales como Interpol y la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, incluidos equipos conjuntos de investigación con las autoridades de los países de origen, donde dan protección también a sus familias.
