El Tribunal Supremo congela las cuentas de la fiscal general y le prohíbe salir de Venezuela
Luisa Ortega Díaz se rebeló este miércoles contra el Supremo y dijo que desconocerá sus decisiones, así como que defenderá la Constitución, que pretende cambiar el Ejecutivo mediante una Asamblea constituyente que será elegida el 30 de julio, hasta con su "propia vida".
Caracas/(EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó este miércoles las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias.
En un comunicado, el TSJ fijó además para el próximo martes, 4 de julio, la audiencia oral y pública en la que iniciará el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general, que hoy acusó al Supremo de mantener una "ruptura del hilo constitucional" y de estar "desmantelando el Estado".
El Supremo indicó que la decisión sobre la imposición de medidas cautelares a Ortega Díaz fue tomada por unanimidad por todos los magistrados del TSJ "en aras de garantizar el cauce procesal respectivo".
También señaló que se prohibió a la abogada de 59 años enajenar y gravar sus bienes, y reiteró que la solicitud de antejuicio de mérito presentada el pasado 16 de junio por Carreño estuvo motivada "por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo" como fiscal general.
Por lo anterior el Alto Juzgado ordenó notificar esta decisión al diputado Carreño como demandante, a Ortega Díaz como demandada y al defensor del pueblo, Tarek William Saab, "a los fines de comparecer a la celebración de la aludida audiencia" la próxima semana.
El TSJ fijó además para el próximo martes, 4 de julio, la audiencia oral y pública en la que iniciará el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general, que hoy acusó al Supremo de mantener una "ruptura del hilo constitucional" y de estar "desmantelando el Estado"
A juicio del parlamentario, la fiscal ha incurrido en las faltas de "atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa"; "actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución"; y de "violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución".
La legislación venezolana establece que la remoción de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.
No obstante, no queda claro cómo se completará este proceso si se calificara la falta, ya que el parlamento, en manos de opositores que ahora respaldan a la fiscal, está en desacato y sus actos son considerados nulos.
Por su parte, Ortega Díaz se rebeló hoy contra el Supremo y dijo que desconocerá sus decisiones, así como que defenderá la Constitución, que pretende cambiar el Ejecutivo mediante una Asamblea constituyente que será elegida el 30 de julio, hasta con su "propia vida".
