Venezuela aprueba una ley que ordena 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones

Caracas/La Asamblea Nacional aprobó este jueves la 'Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela', que también contempla multas de más de un millón de dólares para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas contra el Gobierno y que, de facto, compromete a gran parte de la oposición.

La norma, aprobada por unanimidad, incluye la inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos "delitos", lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.

Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan "promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución" de "acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos" contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.

Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que "afecten a la República Bolivariana de Venezuela" también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.

La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década

La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.

Este nuevo marco legal también define como "acciones que ponen en riesgo la soberanía" el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que "simulen" representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos Gobiernos.

Además, se crea un registro nacional de personas bajo "presunción fundada" de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta o, en el caso de extranjeros, de ser expulsados del país y sometidos a una "extinción de dominio" para que el Estado le despoje de bienes en el territorio nacional.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, valoró la norma como "progresista" desde un programa transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Es una ley progresista, una ley avanzada, una ley en defensa de Venezuela, es una ley para acabar con la impunidad, era una ley necesaria", señaló el mandatario.

Maduro dijo que si Estados Unidos "aprieta su marcha" para "tratar de hacerle daño" a la nación, su Gobierno lo hará para "hacerle bien al pueblo, proteger a la gente, fortalecer la institucionalidad".

Asimismo, pidió a los diputados explicar la ley en todo el país, al tiempo que anunció que convocará a una "gran manifestación", sin precisar la fecha, para firmar el texto legislativo y se publique en la Gaceta Oficial.

Maduro dijo que si Estados Unidos "aprieta su marcha" para "tratar de hacerle daño" a la nación, su Gobierno lo hará para "hacerle bien al pueblo"

Maduro también informó de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha citado a representantes de TikTok para buscar una solución a la situación de los retos virales que circulan en la plataforma que, de acuerdo a las autoridades, causaron la muerte de tres personas e intoxicaciones masivas en varias escuelas.

"Tengo, precisamente, la citación oficial que ha hecho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a TikTok Latinoamérica, fue entregada hoy a las 11:38 de la mañana en Ciudad de México por nuestro embajador, Arias Cárdenas", dijo en VTV.

Maduro dijo que espera que en los "próximos días" los representantes de la red social estén en Venezuela para "buscar una solución legal, constitucional y jurídica a esta situación".

"Le sigo haciendo el llamado a padres, madres, abuelos, abuelas, representantes, maestros y al gran movimiento estudiantil, que sigamos pendientes para que no saboteen el año escolar", añadió.

El pasado 21 de noviembre, el TSJ informó que admitió un recurso de amparo introducido por el Movimiento Bolivariano de Familias Aristóbulo Istúriz, que pidió la protección de los derechos de niños y adolescentes ante los riesgos que corren por retos virales que circulan en redes sociales.

El martes, el Gobierno venezolano comenzó una campaña en escuelas y universidades del país para promover el "uso consciente" de las redes sociales

En Instagram, el TSJ compartió una sentencia en la que la Sala Constitucional declara competente la solicitud que, en representación del movimiento chavista, interpuso Yuleidi Carrizo, quien explicó un día antes que, mediante un recurso de amparo, se pide al Estado que ordene el retiro de los retos virales en la red social TikTok que "vienen afectando a decenas de jóvenes en varios centros educativos".

El martes, el Gobierno venezolano comenzó una campaña en escuelas y universidades del país para promover el "uso consciente" de las redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, el Ministerio de Salud explicó que la campaña empezó con la atención de 20.450 participantes de 207 escuelas y universidades de 18 regiones del país. Asimismo, dijo que el objetivo es educar sobre riesgos, el fortalecimiento del "pensamiento crítico" y mejorar la comunicación "efectiva" entre estudiantes, maestros y familiares.