La violencia del régimen de Ortega contra los periodistas de Nicaragua se recrudece, advierte la SIP

Miami/La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este viernes que la violencia del Gobierno de Daniel Ortega contra los periodistas nicaragüenses se recrudeció y que incluye el robo de sus viviendas, el cierre de sus cuentas bancarias y agresiones a sus familiares. En su informe de mitad de año, la SIP señaló que "la violencia del Gobierno en contra de los periodistas y sus familiares se caracterizó por la estigmatización, la vigilancia, las confiscaciones y el destierro en el último trimestre de 2023".

Según la SIP, "la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo recrudeció sus ataques en este período dejando departamentos del país sin periodismo independiente". De acuerdo con el informe, el Gobierno sandinista, que se mantiene en el poder desde el 2007, continuó con su discurso estigmatizante contra la prensa, y detuvo "a varios periodistas partidarios porque emitieron comentarios críticos a la dictadura".

El reporte también identifica a miembros del Poder Judicial y de la Policía Nacional como los principales agresores estatales contra los periodistas nicaragüenses, de los que más de 200 residen en el exilio por razones de seguridad o porque han sido expulsados o prohibido el ingreso a su país.

Las agresiones más comunes fueron el robo de propiedades, amenazas, hostigamiento, negación de emisión de documentos de identidad y ataques de troles

Las agresiones más comunes fueron el robo de propiedades, amenazas, hostigamiento, negación de emisión de documentos de identidad y ataques de troles en redes sociales, apuntó la SIP. Ese organismo recordó que por los ataques generales a la prensa independiente, el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua pidió a la comunidad internacional recurrir a la justicia penal internacional, remarcando que esos delitos a la expresión deben ser considerados como de "lesa humanidad".

A pesar de las agresiones y desafiando la censura oficial, los medios nicaragüenses en el exilio siguieron informando, destacó la SIP. Además, subrayó que el periódico nicaragüense La Prensa celebró sus 98 años reportando desde las aguas del río San Juan, fronterizo con Costa Rica, y publicando una edición especial para que los ciudadanos pudieran imprimirla como un acto de resistencia.

No obstante, observó que varias organizaciones han detectado que los medios en el exilio sufren problemas tanto en materia de sostenibilidad por la precariedad de los recursos para publicidad y por la ineficiencia de los programas de reubicación o movilidad segura que impiden a los periodistas continuar con su labor.

El informe señala que la organización Voces del Sur denunció varias agresiones en contra de periodistas y el uso de la publicidad estatal como un método coercitivo

En ese sentido, el informe señala que la organización Voces del Sur denunció varias agresiones en contra de periodistas y el uso de la publicidad estatal como un método coercitivo para someter a los pocos medios que quedan laborando en Nicaragua.

También indicó que se continúa aplicando la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía para perseguir y encarcelar a quienes critiquen al Gobierno a través de las redes sociales.

Por su lado, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció varias agresiones en el primer trimestre de 2024, de las cuales nueve fueron en contra de medios y cinco contra periodistas, entre ellos, cuatro mujeres.

La SIP advirtió también que Cuba presenta una situación similar de persecución contra los pocos periodistas no oficiales que residen en el país. El informe recoge las condenas de cárcel a tres periodistas: Lázaro Yuri Valle Roca, Jorge Bello y José Antonio López Piña. El primero, por divulgar el lanzamiento de octavillas políticas tachadas de "propaganda enemiga"; los otros dos, por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.

"Aquellos periodistas que aún no pueden o no desean emigrar sufren la tensión de la vigilancia continua, el acoso en contra de sus familiares y contactos y la amenaza permanente de arrestos arbitrarios y condenas a prisión", lamenta el documento.