Violenta jornada en Nicaragua con detención de opositores y represión policial

Managua/(EFE).- La Policía de Nicaragua reprimió este domingo con violencia a un grupo de opositores y detuvo a 38 de ellos cuando pretendían protestar en las calles de Managua contra el presidente del país, Daniel Ortega.

Este nuevo episodio de violencia, enmarcado en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado que ha dejado centenares de muertos, fue repudiado por organismos internacionales, que instaron a Ortega a respetar los derechos de los ciudadanos y la libertad de manifestación.

Los hechos se produjeron, según constató Efe, cuando un grupo de personas estaba a la espera de sumarse a una protesta convocada para este domingo por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, la cual finalmente no se realizó.

La institución indicó que "realiza las investigaciones para determinar niveles de responsabilidad penal de los detenidos y los remitirá a las autoridades competentes para su enjuiciamiento"

Decenas de agentes antimotines y policías se presentaron en el lugar y comenzó un enfrentamiento con los opositores. La Policía confirmó en un comunicado que detuvo a 38 personas, de las 8 ya fueron liberadas.

La institución indicó que "realiza las investigaciones para determinar niveles de responsabilidad penal de los detenidos y los remitirá a las autoridades competentes para su enjuiciamiento".

Se "garantizó el orden y la seguridad en la capital ante los intentos de agrupaciones terroristas, golpistas y criminales que en los últimos meses han estado desarrollando acciones que violentan la paz y la tranquilidad", dijo la Policía.

Según pudo captar la prensa, los agentes policiales arrastraron por el pavimento a jóvenes, adultos y ancianos para llevarlos hasta los coches de patrulla.

Entre los detenidos está la directora en Nicaragua de la ONG Techo Internacional, Ana Lucía Álvarez, denunció la organización en un comunicado.

También fueron apresados Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, ambas del Movimiento Renovador Sandinista (MRS); José Antonio Peraza, miembro del Movimiento por Nicaragua, y Tamara Dávila, hija del fallecido coronel en retiro Irwin Dávila, opositor al Gobierno.

Otro de los detenidos fue José Dolores Blandino, padre de Xiómara Blandino, la actual pareja de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quien es uno de los liberados según informó la Policía.

Otro de los detenidos fue José Dolores Blandino, padre de Xiómara Blandino, la actual pareja de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo

El periodista Uriel Velásquez del rotativo local El Nuevo Diario, también estuvo detenido y fue puesto en libertad.

Los "blanquiazules", quienes prometen seguir adelante con las protestas, clamaban a voces por una "Nicaragua Libre", incluso mientras eran arrastrados por el pavimento por los agentes, para ser llevados a los coches del cuerpo de seguridad.

La Policía reiteró en la víspera que no iba a permitir "manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso", como ya anunció a finales de septiembre.

Ayer mismo la oposición suspendió movilizaciones en la región de Blufields y en Managua, donde este domingo contingentes de agentes policiales de operaciones especiales, antimotines y grupos afines al Gobierno se desplegaron en distintos puntos capitalinos.

En el lugar donde estaba previsto el arranque de la marcha que finalmente no se realizó, y cuyo lema era "Unidos por la libertad", también resultó lesionado este domingo Oswaldo Rivas, fotógrafo de la agencia internacional Reuters, tras ser arrollado por un paramilitar motorizado que se le echó encima mientras registraba la violencia policial.

Oswaldo Rivas, fotógrafo de la agencia internacional 'Reuters', tras ser arrollado por un paramilitar motorizado que se le echó encima mientras registraba la violencia policial

Este mismo domingo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió a Ortega que libere a los manifestantes detenidos, respete su derecho a la protesta pacífica y cese la "represión".

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, lamentó los hechos y consideró "inaceptables" las "actitudes represivas y autoritarias" de los efectivos policiales.

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, también lamentó los choques entre la Policía y manifestantes con el argumento de que "estas actitudes (...) no abona en nada a la paz", e insistió en la necesidad de un diálogo para superar la crisis.

La situación en Nicaragua ha llevado a una tensión diplomática con Costa Rica tras las declaraciones del presidente Carlos Alvarado que llamó "al cese inmediato de la represión y las detenciones arbitrarias", y respaldó "la preocupación manifestada por la comunidad internacional ante la erosión sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que ocurre a diario en Nicaragua".

El Gobierno de Ortega informó de que "ante las irrespetuosas e injerencistas declaraciones del presidente Carlos Alvarado, de Costa Rica, sobre asuntos internos de Nicaragua, expresa su desacuerdo y rechazo categórico"

En una declaración pública, el Gobierno de Ortega informó de que "ante las irrespetuosas e injerencistas declaraciones del presidente Carlos Alvarado, de Costa Rica, sobre asuntos internos de Nicaragua, expresa su desacuerdo y rechazo categórico".

El Gobierno nicaragüense dijo ser "respetuoso del derecho internacional" y resaltó que "no interfiere en los asuntos internos de ningún país y no comenta ni pontifica sobre problemas de otras naciones o sobre las decisiones soberanas que los Estados toman en relación a sus problemas".

Reclamó además "respeto y no injerencia", y agregó que "no es aficionado a enfrentamientos verbales o exhibicionismos mediáticos que otros utilizan como cortinas de humo con la pretensión de ocultar la profundidad y gravedad de problemas sociales o económicos propios".

A continuación, el Gobierno nicaragüense señaló a la administración de Alvarado de responder protestas internas con "represión y brutalidad policial, que han producido heridos, muertos, pérdidas materiales y afectaciones serias a la economía costarricense".

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