"Vivimos escondidos", los médicos sufren la represión de la junta birmana

Los golpistas han ordenado el arresto de 160 doctores por hacer huelga mientras las fuerzas de seguridad atacan al personal sanitario que atiende a los heridos

Un joven de 18 años herido en la represión de las protestas este sábado en Birmania. (EFE/EPA/Stringer)
Los médicos tratan de asistir a los heridos en la represión, pero pueden ser castigados por ello. (EFE/EPA/Stringer)
Ramón Abarca

22 de abril 2021 - 14:47

Bangkok/(EFE).- Los médicos de Birmania se han convertido en objetivo de la brutal represión de la junta militar que ha ordenado el arresto de 160 doctores por hacer huelga mientras las fuerzas de seguridad atacan al personal sanitario que atiende a los heridos de las protestas.

"Tenemos miedo de que nos detengan y nos torturen. Por eso la mayoría vivimos escondidos", explica a Efe un cirujano de 30 años de Rangún, la mayor ciudad del país.

Este médico se unió al movimiento de desobediencia civil el día después del golpe de Estado del 1 de febrero, con el que el Ejército depuso al Gobierno democrático liderado por Aung Saan Suu Kyi.

6.000 médicos han dejado de trabajar, lo que supone un 60% de los que están empleados en la sanidad pública. "Calculamos que dos tercios de los hospitales del país están completamente cerrados"

El personal sanitario fue el que impulsó en los primeros días tras el golpe las huelgas contra la junta militar a las que se han unido trabajadores de toda la Administración y el sector privado con lo que han conseguido paralizar el país y poner en jaque a los uniformados.

Según fuentes del movimiento, 6.000 médicos han dejado de trabajar, lo que supone un 60% de los que están empleados en la sanidad pública. "Calculamos que dos tercios de los hospitales del país están completamente cerrados", señalan.

"Es una decisión muy difícil para médicos y enfermeros. Sentimos que abandonamos a nuestros pacientes. Es doloroso, pero no tenemos otra opción. No podemos permitir que las fuerzas de seguridad sigan matando a gente y no vamos a parar hasta que el Gobierno legítimo vuelva al poder", explicó el cirujano desde Rangún en una conversación a través de la aplicación Signal.

Aunque no acuden a trabajar a los hospitales, los médicos intentan atender a los pacientes de manera gratuita cuando lo necesitan y asisten a los heridos de la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, que ya ha dejado más de 700 muertos.

"Es peligroso. Las fuerzas de seguridad te pueden detener si te ven tratando a alguien fuera del hospital o atendiendo a los heridos de las protestas", reveló el cirujano que casi no puede salir a la calle y vive escondido separado de su familia.

La presión contra los médicos que se han unido al movimiento desobediencia civil es evidente. Uno de los líderes de la huelga de las batas blancas tuvo que cortar este miércoles una conversación telefónica con Efe cuando le avisaron de que la policía se dirigía a detenerle.

"Me tengo que esconder. Será el cuarto lugar en el que vivo desde el golpe. Por favor ayudadnos, haced que el mundo escuche nuestra voz", dijo

"Me tengo que esconder. Será el cuarto lugar en el que vivo desde el golpe. Por favor ayudadnos, haced que el mundo escuche nuestra voz", dijo antes de cortar.

Aunque la intimidación ha sido una constante desde los primeros días de febrero, la junta comenzó el pasado martes una batalla legal contra los médicos en huelga al anunciar el procesamiento de 19 profesionales, incluido un directivo del ministerio de Salud, por animar a otros empleados a dejar de trabajar como oposición a la junta.

Desde entonces, el número de médicos acusados ha aumentado hasta 160, según los datos del movimiento de desobediencia civil, pero cree que en los próximos días seguirá creciendo la lista, en la que figuran supervisores médicos, doctores especialistas y asistentes que han estado de huelga en hospitales gubernamentales de grandes ciudades como Rangún y Mandalay.

El régimen acusa al personal médico de violar el artículo 505 (b) del Código Penal, que castiga acciones que propaguen el miedo, la difusión de noticias falsas o que inciten a alguien directa o indirectamente a una ofensa criminal contra un empleado gubernamental.

De ser declarados culpables, estos trabajadores sanitarios se enfrentarían a penas de hasta tres años de prisión.

La intimidación va más allá. En una carta abierta firmada por varias asociaciones de médicos del país se denuncia los ataques sistemáticos a los profesionales sanitarios y la las violaciones extremas del derecho a la salud.

"Civiles heridos y los médicos que los atienden son detenidos a diario" denuncia la misiva dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que se relata como "la policía y el Ejército atacan intencionadamente centros médicos y hospitales".

La Cruz Roja denunció a principios de mes que trabajadores de su organización en Birmania han sido arrestados e intimidados y han sufrido lesiones mientras prestaban sus servicios a manifestantes heridos

"Un día sin adecuado cuidado sanitario es un día más de muertes innecesarias y evitables. (...) Es importante para esa gente recibir cuidado médico sin el temor de los profesionales a dar el tratamiento cuando alguien lo necesite", señala la carta que se publicó este martes cuando las fuerzas de seguridad ya han asesinado a más de 700 civiles desde el golpe de Estado.

Por su parte, la Cruz Roja denunció a principios de mes que trabajadores de su organización en Birmania han sido arrestados e intimidados y han sufrido lesiones mientras prestaban sus servicios a manifestantes heridos por la represión de las fuerzas de seguridad.

Según el recuento de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania (AAPP), al menos 739 personas han muerto por la represión de la junta militar y 3.331 están bajo arresto mientras se han emitido órdenes de detención contra otras 1.059.

Los militares justifican el golpe de Estado por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que ganó con una enorme ventaja el partido encabezado por Suu Kyi, como ya hizo en 2015, con el aval de los observadores internacionales.

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