EE UU exigirá a migrantes la información sobre sus redes sociales

La Habana/El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE UU (Uscis) planean implementar una regulación que obligará a los migrantes que soliciten beneficios de Washington –desde visados hasta privilegios otorgados ya en territorio nacional– a entregar a las autoridades información de sus redes sociales. 

Se verán afectados los migrantes que soliciten el formulario de Naturalización en EE UU, conocido como N-400 (unas 909.700 personas, calculan), y el formulario de Registro de Residencia Permanente I-485 (1.060.585 personas), dos de los beneficios más solicitados por cubanos, especialmente este último, imprescindible para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

También deberán entregar sus datos de redes sociales los que soliciten los formularios I-131, I-192, I-589, I-751, I-829 e I-730, varios miles de migrantes en cada categoría. 

Según argumentan ambas instituciones –que abrieron la propuesta a un debate que durará dos meses–, Uscis “identificó la necesidad de recopilar identificadores de redes sociales”, como perfiles de usuario y otros elementos similares, con vistas a verificar la identidad de los solicitantes y si representan un peligro potencial para EE UU. 

La medida, publicada en el Federal Register –el órgano oficial del Gobierno estadounidense– está en consonancia con la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 20 de enero, recién llegado a la Casa Blanca, sobre la protección de EE UU contra “terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública”. 

Esta orden, recuerdan, exige “la recopilación de toda la información necesaria [de los migrantes] para una investigación y selección rigurosa de todos los motivos de inadmisibilidad o bases para la denegación de beneficios relacionados con la inmigración”.

Sobre el debate, el DHS y Uscis recomiendan atenerse a comentar sobre “si la recopilación de información propuesta es necesaria para el correcto desempeño” de ambos organismos, criticar la metodología o sugerir mejoras para garantizar la “calidad, utilidad y claridad” de la información de redes recopilada.

La Administración de Trump sigue teniendo entre sus prioridades el control migratorio, una política de severidad que amenaza con llevar nuevamente al republicano a los tribunales, según informó el Justice Action Center, a propósito de la suspensión del programa de parole humanitario implementado por su predecesor, Joe Biden, además de otros “procesos de libertad condicional humanitaria” suspendidos por Trump. 

Trump “está atacando las libertades individuales y recortando procesos legales de larga data sin tener en cuenta el daño que inflige a los recién llegados

Tres patrocinadores, ocho beneficiarios del programa y una organización –Haitian Bridge Alliance– demandaron al Gobierno de Trump por finalizar las iniciativas Uniting for Ukraine y Operation Allies Welcome, además del parole, del que se beneficiaban ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos.

“Gracias a estos populares y exitosos procesos de libertad condicional humanitaria, innumerables estadounidenses abrieron sus corazones y hogares a sus vecinos globales”, dijo Karen Tumlin, directora de Justice Action Center. “La decisión sin fundamento legal de la Administración de Trump de simplemente declarar que esta autoridad ejecutiva es 'ilegal' es tan cruel como absurda”.

Según Tumlin, Trump “está atacando las libertades individuales y recortando procesos legales de larga data sin tener en cuenta el daño que inflige a los recién llegados, sus patrocinadores estadounidenses y la economía”. 

Kyle Varner, patrocinador de 79 personas –la mayoría venezolanos, según informó El Nuevo Herald– y uno de los demandantes, dijo no haber incumplido ninguna de las “reglas establecidas” en el proceso de verificación. “Ahora, el Gobierno nos está dando la espalda y cambiando las reglas”, lamentó, además de augurar una inminente “escasez de mano de obra” en el país. 

Guerlin Josef, directora de Haitian Bridge Alliance, declaró por su parte que “el caos y la crueldad son el punto, y que eso tiene consecuencias reales y devastadoras para las personas que están tratando de huir legalmente de la persecución o reunirse con sus familias en EE UU”. Ahora, explica, la “criminalización” de las comunidades migrantes se extenderá. 

Por último, la directora del Programa de Refugiados de Human Rights First, Anwen Hughes, calificó de “salvavidas” a estos programas suspendidos por Trump. En su opinión, programas como el parole han sido beneficiosos para “los patrocinadores, los beneficiarios y sus comunidades por igual”. 

Desde el pasado 20 de enero, la incertidumbre es el pan de cada día de quienes han emigrado a EE UU. Según The New York Times, hay un memorando en manos de Trump, con la firma del jefe del DHS, que contempla la opción de expulsar a las 1.400.000 personas que llegaron al país a quienes llegaron con el parole u otro programa a través de la aplicación CBP One, que Trump considera ilegales. 

El parole, aprobado por Biden, favoreció la llegada legal a EE UU de 110.240 cubanos, haitianos (213.150), nicaragüenses (96.270) y venezolanos (120.760). Los últimos datos publicados por la agencia federal registraron 110.970 autorizaciones de viajes de ciudadanos de la Isla.