Una jueza suspende la deportación de miles de cubanos y otros beneficiarios del 'parole'

Madrid/Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente la cancelación del programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Indira Talwani, magistrada en Boston, ha dictaminado que el Gobierno no puede poner fin de manera abrupta a las medidas de protección “a la espera de una nueva orden judicial”. 

Entre las conclusiones destaca también la decisión de suspender todas aquellas “notificaciones individualizadas” que hubieran recibido los beneficiarios de un parole instándolos a salir del país.

La decisión, que había sido adelantada por la agencia Reuters, se confirmó este lunes, cuando Talwani emitió el dictamen. “Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico a salir (o a obtener un estatus de indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”, escribió la jueza.

“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que la presencia de cientos de miles de personas ya no es legal en el país, de modo que no pueden trabajar en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”

Además, considera Talwani, “tampoco es de interés público declarar sumariamente que la presencia de cientos de miles de personas ya no es legal en el país, de modo que no pueden trabajar en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”. La orden paraliza la cancelación del programa, prevista para este 24 de abril y prevé que la estancia de los beneficiarios se mantenga durante los dos años naturales por los que fue concedida.

El programa de parole humanitario entró en vigor para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) en enero de 2023 a semejanza de los que ya funcionaban para ucranianos y afganos. El fin, según argumentaba entonces la Administración de Joe Biden, era acabar con la inmigración desordenada y peligrosa que, además, daba alas al tráfico de personas. 

Mediante el programa, personas con solvencia –patrocinadores– respaldaban la llegada de migrantes de esos países, que recibían a cambio un plazo de dos años, con permiso de trabajo y residencia, en los que gestionar otro estatus legal. En el caso de los cubanos, el lapso podía emplearse para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, a través de la que solo es preciso un año para obtener la green card, o residencia permanente. 

Los beneficiarios del parole fueron en torno a 530.000 en los dos años en que estuvo vigente, de los cuales 110.240 eran cubanos, 213.150 haitianos, 96.270 nicaragüenses y 120.760 venezolanos.Estos migrantes llegaban a EE UU con la documentación ya gestionada y en vuelos regulares.

Sin embargo, la restrictiva política migratoria de Donald Trump era una amenaza para este tipo de mecanismos. El republicano, que llegó al poder prometiendo deportaciones masivas de migrantes, consideró que programas como el parole humanitario –entre otros– habían favorecido una inmigración descontrolada y para ello le fueron útiles las irregularidades detectadas en verano de 2024, cuando se paralizó el plan durante unos meses para ajustar los errores y abusos que se hallaron. 

Según un informe del Congreso, de mayoría republicana ya entonces, se encontraron formularios en blanco, números de teléfono que no funcionaban, códigos postales que no existían, números de Seguro Social asociados a fallecidos, textos repetitivos o personas que presentaron sus solicitudes más de una vez

En marzo de 2025, la Administración de Trump anunció que el fin del programa sería el 24 de abril, cuando se emitiría la orden de suspensión definitiva. El Gobierno indicó que los beneficiarios que no contasen con una base legal para permanecer en EE UU tras la finalización del permiso, debeían salir del país antes de la fecha en que concluye su parole.

“En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a través del programa CHNV, hicieron todo lo que el Gobierno les pidió y han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados"

Un grupo de migrantes con el permiso y sus patrocinadores en Estados Unidos presentaron una demanda contra la decisión, alegando que la suspensión abrupta del programa causaría graves daños a miles de personas a las que había sido otorgado un permiso para estar en el país. 

“En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a través del programa CHNV, hicieron todo lo que el Gobierno les pidió y han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso”, ha dicho a la prensa local Anwen Hughes, representante del demandante y abogada para los programas de refugiados de Human Rights First.

El Departamento de Justicia no ha respondido por ahora a las solicitudes de comentarios que le ha hecho la prensa estadounidense.

Miles de cubanos pueden sentirse, al menos temporalmente, aliviados ante esta medida, aunque está por ver cuál es el siguiente paso del Gobierno. Además, aún está pendiente la situación legal de los que llegaron a través de la aplicación de citas CBP One –también suspendida por la Casa Blanca– y quienes fueron detenidos en la frontera y viven en libertad bajo palabra con el permiso conocido como I-220A.