Las autoridades buscan procesar judicialmente a José Daniel Ferrer

La Habana/Activistas de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) denunciaron que la Seguridad del Estado intenta procesar en una "farsa judicial" al líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, arrestado el pasado martes. Las autoridades buscan imputarlo por un presunto delito de "lesiones", según Carlos Amel Oliva Torres.

Oliva, líder juvenil de la Unpacu, explicó en un video publicado en las redes sociales que la policía política quiere utilizar al ciudadano Sergio García González para acusar a Ferrer de agredirlo físicamente. Sin embargo, el joven disidente advierte que García salió de la sede de Unpacu, el día 21 de septiembre "en perfecto estado".

A través del testimonio de los vecinos de la sede, los activistas conocieron que la policía política estuvo presionado a muchos de ellos para que fueran a testificar sobre un altercado, que Oliva asegura nunca existió, entre Ferrer y García.

"Los vecinos nos contaron cómo se negaron a declarar falsamente y la esposa de Sergio nos comunicó que al día siguiente de estar en la sede había sufrido un accidente en el que había sufrido ciertas lesiones", agregó el opositor.

La Seguridad del Estado fue a ver a Sergio García después de ese accidente y lo presionaron para que dijera que las lesiones que tenía se las había ocasionado José Daniel Ferrer García, según detalló Oliva en el video.

Además Oliva denunció en su cuenta de Twitter que la policía política está presionando a varios activistas para que levanten una acusación similar contra Ferrer, con la intención de juzgarlo y llevarlo a prisión.

Oliva denunció en su cuenta de Twitter que la policía política está presionando a varios activistas para que levanten una acusación contra Ferrer

El líder de la Unpacu ya pasó ocho años en la cárcel, tras haber sido detenido y condenado durante la Primavera Negra de 2003, cuando 75 opositores y periodistas independientes juzgados a penas de hasta 30 años. A finales de 2010 comenzaron a ser excarcelados bajo "licencia extrapenal" lo que aún quedaban tras las rejas.

Ferrer fue de los que salió de prisión en 2011 y tras su excarcelación fundó la Unpacu, la organización opositora más importante de la Isla que ha sido blanco frecuente de acciones represivas. En agosto pasado, cuando arribó a sus ocho años de fundada, la Unpacu tenía 44 activistas presos.

Ahora, todo indica que las autoridades quieren agregar a esa lista al propio Ferrer. Como atestigua el caso del activista Sandy Ramírez quien declaró ante una cámara que "en la Unidad Provincial de Instrucción Penal de Santiago de Cuba fue obligado a firmar una declaración falsa contra José Daniel Ferrer bajo amenaza de ir a prisión si no lo hacía", denuncia Carlos Amel Oliva Torres.

Por su parte, Kata Mojena contó a 14ymedio que a la esposa de Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, le negaron entregar medicamentos al líder opositor en la unidad policial donde se encuentra detenido. Son fármacos que necesita para varias enfermedades que padece, como la gastritis crónica.

Kata Mojena contó a ‘14ymedio’ que a la esposa de Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, le negaron entregar medicamentos al líder opositor en la unidad policial donde se encuentra

Mojena expresó en un tuit que Ferrer pudo enviar un mensaje desde prisión a través de su esposa donde aseguró: "Estoy dispuesto a asumir cualquier condena arbitraria".

Ortega Tamayo pudo verlo durante diez minutos el pasado viernes en la unidad policial de Versalles, después de que el líder opositor pasara 72 horas incomunicado, bajo la estrecha vigilancia del mayor Roberto, de la Seguridad del Estado, según denunció la activista Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor.

Ferrer y los opositores Fernando González Vaillant y José Pupo fueron detenidos el pasado martes en un operativo realizado por fuerzas de la Seguridad del Estado, policías y de la Brigada de Respuesta Rápida contra las tres sedes de la Unpacu en el reparto Altamira, de la ciudad de Santiago de Cuba.

Además Mojena denunció a este diario que "la vigilancia continúa en las sedes" y que el monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa "bajo las órdenes de la Seguridad del Estado" tiene sin servicio de telefonía móvil a varios activistas y familiares.

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