Desestiman definitivamente la demanda contra Amazon bajo la ley Helms-Burton

El juez falló hubo dos oportunidades para sustentar la reclamación y no pudo hacerse, por lo que "parecería que cualquier otra enmienda sería fútil"

Amazon y la compañía Susshi International comenzaron a vender carbón producido en las tierras de González. (Cubadebate)
Amazon y la compañía Susshi International comenzaron a vender carbón producido en las tierras de González. (Cubadebate)

12 de mayo 2020 - 09:54

Miami/(EFE).- Un juez federal de Estados Unidos desestimó este lunes la demanda presentada contra Amazon al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, que faculta a los estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después de 1959 a demandar a las empresas que se beneficien de esos activos.

Amazon, la gran compañía estadounidense del comercio electrónico, había pedido al juez Robert N. Scola que rechazase la demanda planteada por Daniel A. González, nieto del ya fallecido Miguel González Rodríguez, al que le incautaron después del triunfo de la Revolución una finca de 810 hectáreas en la provincia de Oriente donde se produce carbón vegetal a partir del marabú.

González demandó también a Susshi International, empresa con sede en Florida, por vender bajo la marca Fogo el carbón producido en la finca de Oriente, que también puede comprarse en Amazon

González demandó también a Susshi International, empresa con sede en Florida, por vender bajo la marca Fogo el carbón producido en la finca de Oriente, que también puede comprarse en Amazon.

El juez Scola había desestimado la demanda en primera instancia, pero ofreció a González la opción de modificarla, lo que sus abogados hicieron, pero aun así no lograron su propósito, como demuestra la decisión judicial emitida ayer.

Básicamente la razón principal por la que Scola decidió que la demanda no puede seguir su curso es que González no pudo demostrar que cumple con el requisito de poseer los derechos sobre la propiedad confiscada desde antes del 12 de marzo de 1996, cuando se aprobó la Ley Helms-Burton.

La demanda fue presentada en septiembre de 2019 por González, que alegaba que "Amazon se benefició y traficó con la propiedad confiscada al vender en su sitio web carbón producido en la propiedad" de su abuelo, que heredó su padre y luego su madre, la cual le traspasó los derechos de propiedad en 2016, según figura en el texto enmendado.

Amazon alegó que tanto la demanda inicial como la enmendada carecían "de méritos legales" para proseguir el caso, por lo que pidió que fuera rechazada..

El juez dictaminó en primera instancia que sufría de "de dos defectos, el demandante no tiene una participación sobre la propiedad de las tierras que alega que fueron confiscadas por el Gobierno cubano y no pudo demostrar que Amazon traficaba a sabiendas e intencionalmente" con el carbón de esas tierras.

Sin embargo, González contestó que los argumentos de Amazon son "incompatibles" con el texto y propósito de la ley y el término "adquirir" tiene otras dimensiones diferentes en estos casos de expropiados cubanos en los que son propiedades y casos heredados.

El juez falló que González tuvo dos oportunidades para sustentar su reclamación y no fue capaz de hacerlo y "parecería que cualquier otra enmienda sería fútil".

Según el Consejo Comercial y Económico EE UU-Cuba, una entidad privada que ha recopilado toda la información del primer año de vigencia del Título III, hasta ahora se han presentado 25 demandas contra 51 empresas

Según el Consejo Comercial y Económico EE UU-Cuba, una entidad privada que ha recopilado toda la información del primer año de vigencia del Título III, hasta ahora se han presentado 25 demandas contra 51 empresas, algunas de ellas incluidas en varias acciones judiciales, de las cuales un 45,4% son estadounidenses y el resto de diez diferentes países, incluido Cuba.

Amazon, Visa, BBVA, Mastercard, Barceló, Pernod, Meliá, Expedia, Iberostar, Accor, Royal Caribbean, NH Hoteles, Trivago y MSC figuran entre las compañías demandadas, aunque algunas de ellas han quedado después excluidas por diversas razones.

Un 11,3% de las demandas son a empresas de países de la Unión Europea y, entre ellas, las españolas son las más numerosas.

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