Familia cubanoamericana prepara una demanda contra Meliá y Blau amparada en la Helms-Burton

MIAMI/Una familia cubana que se vio obligada a escapar de la isla tras la Revolución de Fidel Castro en 1959 prepara una demanda contra las empresas españolas Meliá y Blau que administran varios hoteles en terrenos expropiados en la provincia de Holguín, adelantó el diario español ABC.

Según el periodista David Alandete, quien obtuvo la exclusiva, los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill reclamarán "una compensación adecuada" por la explotación de hoteles en un terreno de más de 40.000 hectáreas al norte de Holguín.

Los hoteles implicados en la demanda son Meliá Sol Río de Luna y Mares, Paradisus Río de Oro, Blau Costa Verde y Playa Costa Verde.

Los hoteles son propiedad de Gaviota, el grupo hotelero estatal detrás del cual están los militares cubanos, por lo que están incluidos en la lista negra del Departamento de Estado y a partir del 2 de mayo será posible demandar a quienes "trafiquen" con estas propiedades. Meliá tiene en Estados Unidos dos hoteles que, en caso de un fallo en su contra, podrían ser embargados para pagar las demandas.

La administración de Donald Trump, en una decisión sin precedentes, decidió poner fin a la suspensión de los Título III y IV de la Ley Helms-Burton, que permiten demandar a quienes hacen negocios con propiedades "nacionalizadas" en Cuba. Además, Estados Unidos podría prohibir la entrada de los empresarios y sus familiares en su territorio. Las medidas buscan presionar aún más a Cuba para que retire a sus militares de Venezuela y cese de apoyar al régimen de Nicolás Maduro.

"Para nosotros poder ir a juicio ahora es una bendición del cielo porque va a hacer ya 60 años que nos robaron nuestras propiedades", dijo el exiliado cubano Jorge Latour Sánchez

"Para nosotros poder ir a juicio ahora es una bendición del cielo porque va a hacer ya 60 años que nos robaron nuestras propiedades", dijo el exiliado cubano Jorge Latour Sánchez a ABC.

En la entrevista, Latour Sánchez reveló que se había reunido en cuatro ocasiones con Meliá, entre 2000 y 2002, para llegar a un acuerdo y que estuvieron a punto de cerrar una indemnización por cinco millones de dólares. El acuerdo se frustró cuando la compañía vio que la Administración seguía suspendiendo el Título III y pasó a ofrecerle solamente 3.000 dólares.

Meliá y otras empresas españolas han estado preparándose para una avalancha de demandas por gestionar propiedades confiscadas. La compañía dijo en un comunicado que ellos eran "meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico: agentes de viajes, tour operadores, líneas aéreas, etc, vinculados a la explotación turística en Cuba".

Una comisión del Departamento de Justicia estadounidense certificó 5.913 reclamaciones de estadounidenses por la pérdida de tierras, fábricas, instalaciones, mercancías y cuentas bancarias, entre otros bienes, valorados en más de 8,500 millones de dólares.

Esa comisión solo certificó los reclamos de ciudadanos norteamericanos, sin incluir los del creciente exilio cubano, porque muchos aún no contaban con la naturalización. Con la puesta en vigor del Título III los cubanoamericanos también podrán demandar en cortes de Estados Unidos, pero necesitarán que las propiedades confiscadas tuviesen un valor mayor a 50.000 dólares.

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