Los efectos no deseados de la cooperación europea

La Habana/La Dirección General para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, adscrita a la Comisión Europea en Bruselas, posee una oficina enfocada en América Latina y el Caribe. En algún buró emplazado en sus laberínticos pasillos se concretan los acuerdos entre la representación europea y las autoridades cubanas. Se trata de decenas de programas para ayudar a la población de la Isla, aunque en ocasiones generan efectos no deseados.

Los proyectos que ya están en curso entre ambas partes llevan títulos irreprochables y están relacionados con la seguridad alimentaria, la energía, la atención a desastres naturales o la protección del medio ambiente. Entre ellos destacan algunos planes de asistencia a cooperativas para que eleven la producción de leche. Colaboraciones tan meritorias como necesarias.

Nadie en su sano juicio puede anteponer algún cuestionamiento político a planes de esa naturaleza. Sin embargo, vale la pena preguntarse qué entidades dentro de la Isla pueden contactar, solicitar y acceder a los programas que apoya la Comisión Europea. La respuesta a esa pregunta dejará en evidencia los encorsetados límites que impone la burocracia y una marcada verticalidad en el mecanismo de recepción de las ayudas.

Por ejemplo, cuando un eurodiputado recibe a algún miembro de la sociedad civil cubana, por regla general éste último le cuenta sobre los proyectos independientes que ganan fuerza en la Isla. Grupos y propuestas que van desde aquellos que luchan contra la violencia de género, tienen una biblioteca independiente o promueven una reforma constitucional. El político se sentirá identificado y le confesará al visitante -off de record- lo frustrante que le resulta sentarse a negociar con los representantes oficiales, a los que considera emisarios de una dictadura.

Los reglamentos de la Comisión establecen que sólo se realizan acuerdos con entidades de la sociedad civil reconocidas por el Gobierno

La conversación seguirá fluyendo mientras la simpatía crece. Así que el cubano indagará si además de esos loables programas para impulsar un ganado más saludable y más pienso en los establos, no está prevista alguna colaboración para mostrarles a los diputados de la Asamblea Nacional cómo funciona un verdadero parlamento. Sin embargo, los programas de colaboración sólo pueden ser solicitados de antemano y "a la carta" por el Gobierno cubano.

El eurodiputado aclara también que si las autoridades de la Isla no están interesadas en una determinada línea de ayuda, ni siquiera se le puede proponer una cooperación en esa dirección. Con su último vestigio de inocencia, el activista apuntará que "pueden dirigirse directamente a la sociedad civil para determinar en qué renglones se necesitan programas de asistencia y apoyo". Pero los reglamentos de la Comisión establecen que sólo se realizan acuerdos con entidades de la sociedad civil reconocidas por el Gobierno.

Los recursos financieros de que dispone la Unión Europea para sus programas de cooperación provienen de los contribuyentes. Son ellos quienes eligen a los diputados que tomarán las decisiones y que deberán cumplir las reglas. En la actualidad esos recursos se pueden usar para que los ganaderos cubanos sean más eficientes, pero no para que los ciudadanos de este país sean más libres.

Lo que obvian esos planes de colaboración es que un aumento de la producción de leche, no significa que se ampliará su distribución ni que dejarán de retirarle la cuota de leche racionada a los niños mayores de siete años. El efecto final será, más bien, que el Gobierno gastará menos dinero en la importación de lácteos y contará con más recursos para destinar a otros fines.

Mientras la Unión Europea no le reconozca la legitimidad suficiente a la sociedad civil independiente, muchos de sus recursos se usarán para fines menos loables de lo previsto

En qué se invierte ese dinero adicional, no parece ser asunto de ningún eurodiputado. Ellos tienen la conciencia tranquila porque están colaborando en que el país produzca más alimentos y no quieren comportarse como injerencistas y cuestionar cómo se distribuye lo producido o qué se hace con el dinero ahorrado por reducir importaciones.

Si parte de esos recursos se usan para comprar las porras de las fuerzas antimotines o en la adquisición de sofisticados sistemas de escucha telefónica, no está dentro de las competencias de la Comisión Europea. Eso debería ser una preocupación de la sociedad civil, pero las entidades que el Gobierno considera legítimas jamás han protestado al respecto.

Se trata de esos mismos grupos que en la Cumbre de las Américas sabotearon los foros donde participaban activistas independientes y que en sus estatutos fundacionales le rinden lealtad al partido gobernante y a la ideología en el poder. Como dice un popular juego de letras, son ONG porque se comportan como Organizaciones Neo Gubernamentales.

Mientras la Unión Europea no le reconozca la legitimidad suficiente a la sociedad civil independiente, muchos de sus recursos se usarán para fines menos loables de lo previsto. Los programas de cooperación seguirán guiados no hacia los sectores que más lo necesiten, sino hacia aquellos que el Gobierno cubano considera más cómodo. Ni la leche llegará a las mesas, ni la libertad a las calles.