¿Es Otero Alcántara más peligroso hoy que Frank País en 1957?

La Habana/Cuando hace ya medio año el primer secretario del partido comunista cubano dijo, como respuesta a las manifestaciones populares contra la dictadura, que la orden de combate estaba dada, no estaba pronunciando su peor frase. No. Lo peor fue cuando dijo "¡Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la Revolución! ¡Estamos dispuestos a todo, y estaremos en las calles combatiendo!".

Las personas de buena voluntad quizás no imaginaron que la amenaza de estar dispuestos a todo se materializaría en las desproporcionadas condenas a la que han sido sometidos, hasta la fecha, más de 200 manifestantes.

La desproporción pasa, primero, por la definición jurídica de los actos, que convirtieron lo que debió calificarse a lo sumo como "desorden público" en delitos castigados con mayor severidad, como sedición, atentado, desacato, instigación a delinquir y otras atrocidades. Pasa también la desproporción por desconocer el descontento de las personas ante un Estado que abusa de sus prerrogativas; el peligro en que se sienten los ciudadanos ante la incapacidad de sus gobernantes para garantizar su sobrevivencia y, sobre todo, la creencia de estar amparados por un derecho: el derecho a protestar.

Da la impresión de que los jueces y fiscales que han juzgado a estos manifestantes han omitido lo que el propio Código Penal establece en su Capítulo III para definir las "eximentes de la responsabilidad penal", entre ellas se mencionan la "legítima defensa", "estado de necesidad" y el "ejercicio de un derecho".

La desproporción pasa, primero, por la definición jurídica de los actos, que convirtieron lo que debió calificarse a lo sumo como "desorden público" en delitos castigados con mayor severidad

Quizás habría que recordarles lo que el magistrado Manuel Urrutia Lleó hizo el 14 de marzo de 1957 cuando se inició la Causa 67 contra los jóvenes santiagueros que el 30 de noviembre de 1956 tomaron con armas la ciudad de Santiago de Cuba para apoyar el desembarco de Fidel Castro (que finalmente ocurrió el 2 de diciembre de ese año).

En aquella ocasión, Urrutia dijo que a los jóvenes no se les podía condenar, porque lo que habían hecho estaba amparado por la Constitución de 1940, que decía que el pueblo tenía el derecho a rebelarse contra un Gobierno dictatorial. Textualmente aseguró: "En vista a la usurpación y retención ilegal del poder por Batista y sus seguidores, los defendidos actuaron de acuerdo a sus derechos constitucionales"

Los 150 encartados no eran "manifestantes" sino combatientes. Dirigidos por Frank País y vistiendo el uniforme verde olivo, se lanzaron a las calles llevando un brazalete con la bandera del Movimiento 26 de Julio. Armados como estaban, atacaron la estación de la Policía Marítima y otra estación policial en el centro de la ciudad.

En la misma causa se encontraban 22 expedicionarios del yate Granma , quienes confesaron haber desembarcado en Cuba bajo la dirección de Fidel Castro, a luchar para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista y transformar el orden económico, político y social del país.

Hay derecho a preguntarse si en la Cuba actual ya no quedan jueces y fiscales como aquellos

El 8 de mayo de 1957, en la décimo primera sesión del Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba por la Causa 67 de 1956, el Fiscal Francisco Mendieta Hechevarría expresó que la confesión de los acusados "constituye una prueba de que han actuado por amor a la patria y por darle un gobierno que la haga feliz y la libre de la angustia que vive". Una semana después, Frank País, junto a otros detenidos, salió de la prisión de Boniato absuelto por falta de pruebas.

Hay derecho a preguntarse si en la Cuba actual ya no quedan jueces y fiscales como aquellos. Y también, con el perdón de quienes se ofendan por la comparación: ¿acaso Luis Manuel Otero Alcántara es hoy más peligroso de lo que en su momento fue Frank País?

Todos los datos históricos mencionados en este texto han sido tomados de Lucharemos Hasta el Final año 1957, un volumen editado por la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado de Cuba.

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