Decisiones humanitarias
Las personas que ocupan los cargos gubernamentales en Cuba tienen el control sobre el cien por ciento del territorio y de sus habitantes
La Habana/Traigo una mala noticia: la comunidad internacional, esa entelequia supuestamente capaz de reaccionar ante las crisis y las amenazas, no existe. Lo que hay son los Gobiernos de cada país y algunas organizaciones supranacionales como la ONU (y sus dependencias), la OEA, la Unión Europea, la Cruz Roja y otras que harían larga esta lista.
Las quejas de la población afloran en las redes sociales donde se cuestiona con fuerza la presencia de personal sanitario cubano en otros países, la escasez de medicamentos elementales, la demora en conocer el resultado de los PCR, el desabastecimiento de alimentos y productos de aseo, las pésimas condiciones en los lugares de internamiento, las arbitrariedades de la policía. En ocasiones las protestas saltan a las calles.
Cuando se escuchan los llamados a esa comunidad internacional para que ponga en práctica una intervención, un corredor, "un no sé qué" humanitario para enfrentar la crisis multifactorial que padece Cuba, vale la pena recordar que son las instituciones las que tienen los recursos y la autoridad para ponerlos a disposición de los necesitados y que para hacerlo tienen reglas.
En los países tenidos como normales existe un entramado de la sociedad civil donde iglesias, organizaciones fraternales o gremiales tienen la suficiente personalidad jurídica para, en paralelo a sus Gobiernos, movilizar la solidaridad
Entre esas reglas (algunas escritas, otras obvias) las más notorias son que la solicitud venga de un Gobierno legalmente reconocido o que en un territorio determinado el grado de ingobernabilidad sea tal que impida proteger a los seres humanos. Hay dolorosos ejemplos en los que esa ayuda nunca apareció o llegó tarde (Ruanda o la desmembrada Yugoslavia).
Si algo no está en discusión es que las personas que ocupan los cargos gubernamentales en Cuba tienen el control sobre el cien por ciento del territorio y de sus habitantes. Mientras esa condición se mantenga cualquier participación de Gobiernos o entidades supranacionales estará condicionada (para no ser violatoria el derecho internacional) a que los que mandan en el país la soliciten formalmente, previa declaración oficial, de un estado de emergencia.
La reciente medida de aumentar a 14 los días de confinamiento a los ciudadanos cubanos que viajen a la Isla y de reducir a una maleta su equipaje, ilustra la poca simpatía que profesan los mandamases a las iniciativas individuales para ayudar a sus seres queridos. Tal vez les parezca que de permitir un libre flujo desde esa dirección se generarían indeseables diferencias sociales. La morbilidad y mortalidad que produce la pandemia debe pasar también por el igualitarismo.
En los países tenidos como normales existe un entramado de la sociedad civil donde iglesias, organizaciones fraternales o gremiales tienen la suficiente personalidad jurídica para, en paralelo a sus Gobiernos, movilizar la solidaridad. En este archipiélago las autoridades aduanales en terminales aéreas y puertos tienen instrucciones para anular esas iniciativas si no están "debidamente canalizadas" hacia las entidades oficiales.
Quedan entonces tres caminos: presionar al Gobierno para que tome las debidas decisiones humanitarias declarando el estado de emergencia y solicitando formalmente la ayuda; derrocar al Gobierno o creer en los milagros.
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