Día de los Derechos Humanos: ¿Algo que celebrar en Cuba?

La Habana/Un video de hace unos años muestra a una tropa de choque oficial en medio de un acto de repudio contra activistas. "¡Abajo los derechos humanos!", cuelan entre las consignas oficiales. Y lo repiten varias veces sin importarles, aparentemente, que una cámara recoge esas palabras que quedarán grabadas para el futuro.

Desde entonces hasta ahora poco ha cambiado en Cuba, si acaso algunas cuestiones formales en el discurso gubernamental. Después de décadas denigrando y sin difundir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Plaza de la Revolución ha optado por hacer una relectura conveniente de los artículos que componen este documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

Los cubanos siguen sin poder actuar como ciudadanos en toda la amplitud del término, pues tienen prohibido asociarse, expresarse y representarse libremente

Sin embargo, más allá de los titulares de la prensa oficial, los cubanos siguen sin poder actuar como ciudadanos en toda la amplitud del término, pues tienen prohibido asociarse, expresarse y representarse libremente. Tampoco son iguales ante la ley, porque en Cuba se ha erigido un modelo político que le otorga superioridad a una casta basada en la ideología. Según las categorías que impone el Gobierno, solo se puede ser revolucionario o contrarrevolucionario; fiel a la causa o enemigo; militante o apátrida.

Quienes están en la categoría de los estigmatizados políticamente, dígase activistas, disidentes, opositores, periodistas independientes o ciudadanos críticos, no tienen las garantías legales, jurídicas e institucionales mínimas para poder ejercer libremente sus derechos. Contra ellos se vuelca la vigilancia, la destrucción de la reputación, las desproporcionadas condenas judiciales y las presiones para que partan hacia el exilio.

Todo este acoso hecho desde el Estado, un verdadero abuso de poder para el que se utilizan las instituciones, los medios nacionales y hasta el sistema educativo, se viste además de los falsos ropajes del patriotismo y de la defensa de la soberanía, cuando no es otra cosa que la intolerancia de una facción ideológica incapaz de convivir con la diversidad y la pluralidad de criterios.

El Gobierno alardea en los foros internacionales de haber ofrecido a los cubanos el derecho a una salud y a una educación gratuitas, para avalar sus informes expone cifras, datos y estadísticas maquilladas, la mayoría de las veces de difícil verificación dado el secretismo, el miedo y la falta de libertad de prensa que recorre todo el país. Pero el deterioro de la infraestructura, la infravaloración salarial, las violaciones de los derechos sindicales, la falta de respeto a la opinión del paciente y del estudiante, junto a los graves problemas éticos y la excesiva ideologización que caracterizan a estos sectores, hacen que -al final- éstos resulten muy poco alpiste para justificar tanta jaula.

De lo que pocas veces hablan esos reportes gubernamentales es de los otros derechos. Por ejemplo, en esta Isla se mancilla sistemáticamente el derecho de toda persona a salir de su propio país. La prohibición de salida, conocida burocráticamente como "estar regulado", ha afectado en los últimos seis años a más de 200 personas, la mayoría activistas y periodistas independientes que han sido castigados con la "inmovilidad insular" en respuesta a su labor social e informativa.

Los derechos de los emigrados a formar parte de la vida política y social también les han sido arrebatados. Para el régimen, los exiliados deben comportarse como simples emisores de remesas que llenen las arcas estatales pero en silencio, sin emitir opiniones críticas sobre el Gobierno, ni organizarse para transformar e influir en el rumbo de la nación. En caso de hacerlo, quedan automáticamente despojados de su derecho a entrar en la tierra que los vio nacer.

La libertad de pensamiento y su manifestación también han sido severamente anuladas en Cuba. La represión ha traído en muchos casos la autocensura, las máscaras, el oportunismo, los silencios que se extienden por todo el país cuando se habla de ciertos temas, las metáforas con las que se sustituyen los asuntos espinosos, los gestos o señas para no mencionar los nombres de esos que impusieron el temor y la exclusión a quienes piensan diferente.

Tampoco se respeta el derecho a la presunción de inocencia, como ha quedado demostrado fehacientemente en muchos ejemplos a lo largo de décadas

Tampoco se respeta el derecho a la presunción de inocencia, como ha quedado demostrado fehacientemente en muchos ejemplos a lo largo de décadas y que en estos últimos días hemos vuelto a confirmar en los casos del periodista independiente Roberto Quiñones y el líder opositor José Daniel Ferrer, vilipendiados por la prensa oficial y víctimas de una campaña de difamación orquestada desde el propio Estado que debe garantizarles el debido proceso judicial.

El exceso de control estatal sobre la economía, los límites férreos que se le imponen a los emprendedores para crear pequeñas, medianas o grandes empresas, forman parte de una constante violación de los derechos económicos. Esa camisa de fuerza a la economía ha estado acompañada de la estigmatización de la prosperidad, la creatividad, el crecimiento de los negocios y todo proyecto que otorgue a una persona o a un grupo la autonomía económica necesaria para emprender iniciativas sociales, comunitarias o políticas.

En medio de ese panorama, desde la prensa hay que elevar el reclamo por el derecho a la libertad de expresión, a decir de manera pública y en un marco de respeto lo que se piensa, opina o quiere para el país, la comunidad, la familia y el propio individuo.

La recuperación del derecho a la expresión es un primer paso para reclamar el resto de los derechos que faltan. Si no dejan a la ciudadanía hablar libremente, no puede exigir. Si no le permiten reclamar, el discurso oficial seguirá levantando barrotes alrededor de la sociedad y tratando de mostrar al mundo que está callada y feliz dentro de la jaula.

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