Los gobernadores serán los vigilantes del Poder central en las provincias

La Habana/Gracias a la prodigalidad de la prensa oficial sabemos hasta el último detalle de las biografías de los nuevos gobernadores y vicegobernadores "elegidos" el pasado sábado, pero no nos ha dicho nada sobre sus percepciones de los asuntos que deberán resolver durante sus mandatos.

Se sabe que todos nacieron después de la Revolución, que la más joven tiene 34 años y el mayor 55; se conoce la formación académica y trayectoria laboral de cada uno y, si se escarba en los detalles, puede saberse también que de los 30 nombres mencionados, 14 ya tenían cargos en las Asambleas Provinciales, donde destacan los 8 Gobernadores que eran presidentes en esas ya extintas instancias.

Pero ese voto, a pesar de haber sido "libre, igual, directo y secreto", no implicaba elegir entre dos o más opciones, sino aprobar la propuesta única del presidente de la República

Resulta significativo que esa información fue entregada a los delegados de las Asambleas Municipales apenas 72 horas antes de que ejercieran el sufragio "en nombre de sus electores". Pero ese voto, a pesar de haber sido "libre, igual, directo y secreto", no implicaba elegir entre dos o más opciones, sino aprobar la propuesta única del presidente de la República. Por su parte, los electores, o sea los ciudadanos, solo pudieron enterarse de estos datos dos días después de la designación.

Lo que nadie ha podido conocer, ni antes ni después, es cuál es la predisposición de estos gobernadores y sus segundos al mando a hacer propuestas aperturistas que ayuden a destrabar la economía del país y mucho menos si alguno tiene en su mente (en lo más oculto de su mente) la idea de propugnar o aprobar reformas en el ámbito de la política.

Eso lo sabe el presidente, que fue quien los propuso, y para eso tuvo acceso a algo más allá de las formales biografías, entiéndase a los informes de los aparatos de inteligencia.

Aunque ya concluyó el proceso de designación de quienes tomarán posesión de sus cargos el próximo 8 de febrero, habrá que esperar al menos hasta abril de este año a que se nombre a los intendentes que formarán parte del Consejo Provincial. Adicionalmente también habrá que esperar a abril de 2021 para conocer en detalle las funciones de dichos Consejos Provinciales.

Así lo establece la Constitución, que da un plazo de tres meses a las Asambleas Municipales del Poder Popular, con posterioridad a la elección de los gobernadores y vicegobernadores, para que designen a sus intendentes y otro de dos años al Consejo de Ministros tras su entrada en vigor, para presentar el proyecto de Reglamento de los Gobiernos Provinciales.

Probablemente las precisiones que aparecerán en ese texto se den a conocer en el entorno del VIII Congreso del Partido Comunista, previsto para abril de 2021, momento en que, si la salud se lo permite, Raúl Castro dejará la dirección del Partido en manos de Miguel Díaz-Canel.

Estos Consejos Provinciales estarán constituidos por los presidentes y vicepresidentes de las Asambleas Municipales y los intendentes bajo su jurisdicción, y será cada gobernador el que tenga la potestad de designar y sustituir "a los directivos y funcionarios de la administración provincial".

Si algo parece estar claro es que frente a la muy publicitada propuesta de aumentar la autonomía de las instancias municipales, el principal contenido de trabajo de los gobernadores no será presentarse como la voz de la provincia

Solo tres artículos de la Constitución (171,172 y 173) hacen definiciones generales sobre esta nueva instancia denominada Gobierno Provincial, por ejemplo, que "representa al Estado y tiene como misión fundamental el desarrollo económico y social de su territorio", y que "actúa como coordinador entre las estructuras centrales del Estado y los municipios, para lo cual contribuye a la armonización de los intereses propios de la provincia y sus municipios."

Si algo parece estar claro es que frente a la muy publicitada propuesta de aumentar la autonomía de las instancias municipales, el principal contenido de trabajo de los gobernadores no será presentarse como la voz de la provincia ante la nación sino ser el vigilante del Gobierno central que impida cualquier desvío de la política del Estado en los municipios. Una suerte de procónsul romano con peculiaridades de socialismo tropicalizado.

Exigir y controlar el cumplimiento del plan de la economía y la ejecución del presupuesto provincial será su principal tarea. Sin embargo lo más difícil será cumplir con el objetivo de funcionar "en estrecha vinculación con el pueblo". No será suficiente la disposición de establecer un vínculo que no cuente con la reciprocidad de parte de unos ciudadanos que no se sientan representados sino más bien controlados, limitados, vigilados por ellos.

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