El Gobierno necesita más de cuatro millones de Sí

La Habana/El referendo del 24 de febrero no es una formalidad, es un requisito para que entre en vigor la nueva Constitución de la República aprobada por el Parlamento el pasado 22 de diciembre. Y las reglas de esta consulta popular no protegen al Gobierno de una posible sorpresa.

A diferencia de otros procesos electorales en los que se elige a los delegados de circunscripción o a los diputados al Parlamento, la voluntad del electorado no se determina en los referendos contando exclusivamente los votos válidos. Según lo establece el artículo 137 de la Constitución, aún vigente, para reformar la Carta Magna se requiere "la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral", o lo que es igual, más del 50% de los inscritos en el Registro Electoral.

De manera que la opción del Sí solo podría triunfar si supera la suma de los que optan por el No, las boletas en blanco, las anuladas y los abstencionistas. Por ejemplo, si en el registro hubiera ocho millones de electores con derecho al voto (hubo 8.639.989 electores habilitados en las elecciones parlamentarias de marzo de 2018), se necesitarían cuatro millones más uno de Sí para la aprobación de la nueva Constitución y su entrada en vigor.

La campaña #YoVotoNo, iniciada desde mediados del año pasado, ha logrado superar a cualquier otra que se haya realizado desde el entorno de la oposición

La campaña #YoVotoNo, iniciada desde mediados del año pasado, ha logrado superar a cualquier otra que se haya realizado desde el entorno de la oposición. Ningún cacerolazo, convocatoria a huelga, llamado a marchar o a no participar en actividades promovidas por el oficialismo ha encontrado un eco tan masivo como la invitación a marcar una civilizada crucecita en la casilla que indica que el elector no desea ratificar esta nueva Constitución.

Por primera vez, la oposición, o mejor aún "las oposiciones", tienen un candidato único y consensuado. Lleva como nombre un monosílabo de dos letras: No. Por ese "candidato" van a votar los evangélicos que consideran que el nuevo texto constitucional deja abiertas las puertas al matrimonio igualitario. Junto a ellos, paradójicamente, harán lo mismo los que se identifican con la comunidad LGBTI y creen que se ha desaprovechado una oportunidad postergando por dos años la posibilidad de legalizar la unión conyugal entre personas del mismo sexo.

Votarán No los aspirantes a crear una empresa, quienes no se conforman con la aceptación de la propiedad privada y ven en el nuevo texto más limitaciones que aperturas. Harán lo mismo los creyentes inconformes con la ausencia de una verdadera libertad de culto que permita una evangelización más extendida. Los que aspiran algún día a vivir fuera del país y tener derecho a la doble nacionalidad. Los que quieren un sindicato para reclamar sus derechos o asociarse libremente para compartir costumbres y modos de vida.

Obviamente votarán No los que han tenido la lucidez de darse cuenta de que resulta inaceptable institucionalizar la dictadura de un partido que pretende seguir siendo único e imponer un sistema irrevocable.

Por motivos más terrenales habría que sumar a quienes llevan años esperando que se resuelva el problema de la vivienda, a los que no les alcanza el salario, a los que a diario se desesperan esperando a que pase la guagua que los llevará al trabajo. Los miles Juan sin Nada que ya han perdido la paciencia.

Esos electores son muchos votos y pueden estar rondando el 20% de la hipotética cifra de ocho millones. O lo que es igual, 1.600.000 ciudadanos.

Esos electores son muchos votos y pueden estar rondando el 20% de la hipotética cifra de ocho millones. O lo que es igual, 1.600.000 ciudadanos

Paralelamente, y por motivos muy similares a los que dirán No en el referendo, hay un número considerable de cubanos que optarán por no asistir, bien por indiferencia o porque estiman que su simple presencia, en lo que consideran una farsa, sirve para darle legitimidad al proceso. Claro, se podrán contabilizar como abstencionistas únicamente a los que están inscritos en el Registro Electoral. Ese grupo podría también alcanzar otro 20% del electorado.

Recientemente Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN), confirmó que los cubanos que se encuentran de manera no permanente en el exterior por motivos personales no podrán ejercer su derecho al voto en los 1.051 colegios electorales que se habilitarán para el uso de aquellos que se encuentren cumpliendo una misión oficial del Gobierno. Sin embargo, afirmó que estos ciudadanos podrían votar en su país el 24 de febrero porque si no han pasado más de 24 meses desde su salida conservan intactos todos sus derechos.

Resulta difícil calcular el número de personas con derecho al voto (más de 16 años) que salieron de la Isla entre el 25 de febrero de 2017 y el 23 de febrero de 2019, y que no han regresado todavía. Como sus nombres deben aparecer en el Registro Electoral, engrosarán el número de abstenciones. Pudieran estar alrededor del dos por ciento del padrón electoral.

Hay que advertir que esta cifra es fácil de escamotear, porque la entidad responsable del Registro Electoral es precisamente la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior, que lleva un minucioso control sobre las entradas y salidas del país. Los funcionarios de la DIIE pueden calcular que la ilegal operación de omitir los nombres de los viajeros quedará impune, entre otras razones porque los eliminados no estarán en la Isla para reclamar su presencia en el listado.

Para facilitar estas exclusiones cuentan con el argumento de que cualquier elector que no aparezca en el registro, teniendo derecho a ello, puede ser incorporado de manera casi inmediata mostrando su carné de identidad en el colegio electoral que le corresponde.

No hace falta aclarar que el Gobierno tiene un amplio margen para manipular los resultados. Sin embargo, no podría quitarse de encima el hecho de que se mantiene en el poder apoyado por una minoría

Finalmente quedan los indecisos que dejan la boleta en blanco y los inconformes que esperan la oportunidad de enviar un mensaje al poder escribiendo un lema antigubernamental en la boleta o dibujando algo parecido a una obscenidad. Si sumados llegaran a 800.000 se produciría un inquietante equilibrio frente al voto positivo que solo podría ser ocultado apelando a una burda operación fraudulenta.

Aunque no ganen por separado los defensores del No, los que proponen la abstención, los anuladores e indecisos, podrían celebrar juntos la para muchos inimaginable derrota del Sí.

No hace falta aclarar que el Gobierno tiene un amplio margen para manipular los resultados. Sin embargo, no podría quitarse de encima el hecho de que se mantiene en el poder apoyado por una minoría.

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