Guerra declarada a los vendedores de bisuterías
La Habana/Inspectores estatales con el apoyo de grupos de la policía lanzaron una ofensiva contra merolicos que en distintas partes de La Habana venden un sinnúmero de artículos de amplio consumo popular deficitarios en la red de mercados del monopolio militar en divisas, conocida como Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), mercancías que llegan a Cuba desde EE UU por medio de los vuelos chárter a través de mulas o como carga acompañada.
Se trata de artículos como pasta y cepillos de dientes, baterías, cremas para la piel, lentes para el sol o para ver, duchas eléctricas y sus repuestos, bolígrafos, portatelevisores de pared, cortauñas, pinceles, lápices de cejas, compactos faciales, desodorantes, chancletas plásticas, billeteras, biberones, teteras y otros mil artículos más.
Hace unos días estuve en una de estas zonas normalmente frecuentadas por merolicos tratando de conseguir unas baterías que necesitaba para el mando del televisor y le pregunté a una muchacha sentada en la acera qué había pasado con los vendedores de bisuterías que abundaban siempre por el lugar. Me respondió lacónica: "Nos declararon la guerra". La terminología me creó ansiedad. Pero lo más parecido a una guerra fue lo que hicieron, según me dijo, los inspectores y policías cuando llegaron armados y cargaron contra mercancías y mercaderes.
Llegan, por otra parte, rumores sobre una eventual limitación del equipaje en los vuelos Miami-La Habana, a consecuencia de que en la terminal 2 del aeropuerto de la capital cubana está colapsado el procesamiento del equipaje por el amontonamiento de bultos que no pueden entregar.
El aparato estatal que administra los servicios aeroportuarios responde a los mismos intereses de quienes controlan el monopolio militar de las TRD y de quienes se oponen al trabajo libre de la explotación asalariada, sea privado o estatal. La filosofía que predomina en ellos es el autoritarismo y la represión. Todos recuerdan cómo el Estado cerró la venta de ropas y zapatos que venían de Ecuador hace dos años, por ello es difícil no creer que se esté intentando restringir la entrada de esos artículos por la vía Miami-La Habana, toda vez que se prevé un incremento de los viajes con los aprobados vuelos de las compañías regulares.
Obstaculizar la actividad económica informal es cerrar empleos y contribuir al aumento de la delincuencia y los delitos
El Estado podría estar tomando como pretexto para la represión contra esta forma de trabajo libre informal, que estos comerciantes no tienen la licencia adecuada para vender estos productos, o que existe alguna regulación que impide a privados vender productos procesados industrialmente. Pero la solución es la represión, no el diálogo. La fábrica de enemigos a todo tren en momento tan complicado cuando la solución puede ser muy simple: entregar permisos para ese tipo de actividad sin mucho trámite burocrático y cambiar la regulación que impide tales ventas.
Continúan las políticas contra los trabajadores por cuenta propia a contrapelo de la filosofía expuesta en los lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), mientras persiste la vieja mentalidad según la cual estos comerciantes son considerados enemigos del Estado por el interés del monopolio de controlar el mercado y presionar a los trabajadores que se quieren liberar de la explotación asalariada por la burocracia para que se vean obligados a trabajar para el Estado.
Esas acciones contra el trabajo libre individual tienen otras consecuencias: esos pequeños mercaderes mantienen a sus familias con esas actividades. Muchos son jóvenes que no han encontrado trabajo a pesar de su escolaridad y la pérdida de esos empleos podrían llevarlos a buscar vías alternativas para vivir o malvivir, delinquir, el alcohol, las drogas o la salida del país a cualquier costo, causa principal del envejecimiento poblacional que amenaza la presencia de la especie humana en este archipiélago.
La actividad económica informal existe ampliamente en el mundo, sobre todo en los países menos desarrollados, y en ocasiones llega a ocupar hasta el 30% de la fuerza laboral. Obstaculizarla es cerrar empleos y contribuir al aumento de la delincuencia y los delitos.
Pero parece que pretender que eso se entienda es pedir demasiado a la burocracia cubana.