Cuando los impetuosos gobiernan: Trump y Bukele frente al orden legal

San Salvador/Varias semanas antes de que el primer avión estadounidense con deportados aterrizara en El Salvador, el alto asesor de la Administración de Trump, Elon Musk, y el gobernante salvadoreño, Nayib Bukele, sostuvieron un muy revelador intercambio de opiniones en la red social X, propiedad del primero. Justo cuando varios jueces federales empezaban a frenar algunas órdenes expedidas por la Casa Blanca, el también dueño de Tesla afirmó: “Es la única manera”, en respuesta directa a un ex candidato republicano al Congreso que pedía imitar al régimen de Bukele y destituir “a todos los jueces corruptos”.

Así dio inicio una serie de mensajes cruzados que permiten descubrir la estulticia con que ciertas figuras públicas perciben la democracia. En su cuenta personal, el pasado 11 de febrero, Bukele fue explícito al referirse a la manera en que apartó a la entera Corte Suprema de Justicia en mayo de 2021, una vez que su partido obtuvo mayoría en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Insinuando que los magistrados habían abusado de sus facultades constitucionales –algo que jamás se ha dignado en probar–, Bukele expresó tajante: “Así que los destituimos a todos y procedimos a arreglar el país”.

Ante esta insólita confesión de parte, misma que delata la absoluta discrecionalidad con que el salvadoreño ha manejado el poder desde entonces, la reacción de Elon Musk fue entusiasta: “¡Bravo! Debemos destituir a los jueces que socavan gravemente la voluntad popular y destruyen a Estados Unidos”.

Para políticos como Trump o Bukele la separación de poderes resulta incómoda si el que ha sido elegido en las urnas no consigue que todas sus acciones sean avaladas

Este espaldarazo público al cesarismo bukelista no es el primero que ofrece el multimillonario de origen sudafricano. Musk, de hecho, parece tener en Bukele una especie de referente político, al que elogia con frecuencia por haber emprendido el vaciamiento de la autoridad judicial y concentrar todo el mando en su persona.

El 25 de febrero, en inglés, el gobernante de facto de El Salvador publicó en X lo siguiente: “Dato curioso: Los ‘controles y equilibrios’ no existen realmente a menos que el poder judicial también pueda ser controlado y equilibrado”. Elon Musk volvió a secundar con alborozo: “La única manera de restaurar el poder del pueblo en Estados Unidos es procesar a los jueces. Nadie está por encima de la ley, incluyendo a los jueces. Eso fue lo que se necesitó para arreglar El Salvador. Lo mismo aplica a Estados Unidos”. He aquí a dos personas con excesiva autoridad alimentándose mutuamente en una sola idea: los límites legales a la voluntad ejecutiva deben ser suprimidos en virtud del mandato recibido por los electores.

Para políticos como Trump o Bukele, en efecto, la separación de poderes resulta incómoda si el actor principal, el que ha sido elegido en las urnas, no consigue que todas sus acciones sean avaladas por quienes imparten justicia. Al descalificar a estos últimos como “lunáticos izquierdistas” o “cómplices del crimen” –epítetos usados por el estadounidense y el salvadoreño, respectivamente, para desacreditar a la judicatura–, lo que en realidad hacen es contraponer a su conveniencia dos tipos de autoridad: la delegada por vía electoral y la que nace por delegación indirecta. Esto les permite hacer creer a la gente, en un alarde demagógico, que la delegación directa otorga mayor poder a un presidente que a un juez.

Sin ninguna prueba en su contra y despojados de toda posibilidad de defenderse ante un tribunal, estos deportados fueron ingresados a la desmesurada cárcel salvadoreña

La realidad es que ningún funcionario (magistrados judiciales incluidos) debe creerse por encima de la ley. La diferencia estriba en quién establece el criterio para juzgar las acciones de unos y otros. Los titulares de la rama ejecutiva son elegidos para ejercer un poder grande, enorme, pero siempre limitado por el marco legal, cuya creación depende del órgano legislativo (pluralista y deliberante por definición) y cuyo criterio de aplicación depende de la judicatura (técnica e imparcial por naturaleza); a esta última, desde luego, también se debe aplicar la ley, pero jamás bajo el criterio –estrictamente político– de quien ejerce facultades ejecutivas por delegación directa. Esto es así porque los mandatarios, amén de razones partidarias obvias, se encuentran expuestos a intereses y tentaciones que solo la estricta justicia puede frenar. Sin ese contrapeso, los presidentes serían reyes.

Por consiguiente, cuando Trump exige que un juez sea destituido por “lunático izquierdista”, en realidad se está atribuyendo la facultad de determinar quiénes y bajo qué criterio deben convertirse en aplicadores de la justicia, poder que la Constitución no le otorga a él para evitar, precisamente, que se convierta en autócrata. En El Salvador, Bukele no solo desplazó en cuestión de horas al máximo tribunal del país, sino que luego determinó el perfil de quienes debían ser jueces, usando criterios tan “técnicos” como la edad. El resultado, para efectos prácticos, es la inexistencia del Estado de derecho: hoy cualquier salvadoreño puede terminar en la cárcel sin haberse probado su culpabilidad.

La Administración estadounidense envió a El Salvador a 238 venezolanos acusándolos de ser miembros de la estructura criminal Tren de Aragua. Sin ninguna prueba en su contra y despojados de toda posibilidad de defenderse ante un tribunal, estos deportados fueron ingresados a la desmesurada cárcel salvadoreña como auténticos delincuentes: humillados ante cámaras y bajo reflectores, esposados y de rodillas, en un despliegue escenográfico típico del régimen de Bukele. Pero más allá de este exhibicionismo propagandístico, debemos preguntarnos qué pasaría si uno o varios de estos presos resultaran inocentes. ¿Quién les compensaría por todo el daño sufrido? ¿Qué puede hacerse cuando dos Gobiernos tratan a personas como criminales por encima del orden jurídico?

Ninguna ofensiva contra el Estado de derecho acaba bien. En El Salvador, todo el poder se ha concentrado en una persona, que ejercerá el control del país hasta que la gente se canse. Pero en Estados Unidos, por mucho que el bukelismo haga salivar a Elon Musk, lo que se viene es una crisis constitucional con final previsible: el debilitamiento de Donald Trump.