Siete medidas para una política de precios

La Habana/Aun cuando cualquier economista lo sabe, la televisión dejó en evidencia, en entrevistas guiadas por Thalía González, que topar los precios de los productos agrícolas al por menor a la población es un grave error que puede llevar al desastre total de la agricultura en Cuba.

Donde había productos no topados los precios habían aumentado, pero había alimentos y variedad. Al mercado concentrado de El Trigal, en La Habana, está llegando la tercera parte de los camiones. Los transportistas temen que la policía les decomise la mercancía por el camino y tienen miedo también de no poder venderla al llegar a la capital, pues los vendedores están con la misma inseguridad.

La incertidumbre es madre de desastres. Y eso fue lo que lograron con la amenaza en la Asamblea Nacional de topar los precios. Urge una declaración de que no habrá topes.

Ya se ha evidenciado que el topado de estos productos es un disparate. Pero la verdad es que el problema viene de otras causas que la Asamblea no quiso, no supo o no pudo analizar.

En Cuba, los precios al por menor de todos los productos agrícolas, industriales, de servicio, etcétera, están determinados no por la voluntad de ningún productor o vendedor en particular, sino por las relaciones generales establecidas en la producción y el mercado, en una economía donde el Estado es el principal dueño de los medios de producción que explota en forma asalariada, en la cual hay dos monedas y el Estado paga en pesitos cubanos a sus asalariados y vende a la población en CUC una buena cantidad de productos fundamentales cuya venta monopoliza: desde la gasolina, el fueloil y demás derivados del petróleo, hasta el aceite de comer, el pollo, la carne de res, el detergente para lavar, la pasta de dientes, el puré de tomate, las pastas, el papel sanitario, y otro muchos.

El Estado paga en pesitos cubanos a sus asalariados y vende a la población en CUC una buena cantidad de productos fundamentales cuya venta monopoliza

El precio de referencia en el mercado cubano lo pone el Estado en sus establecimientos comerciales. No ver esto, no entender esto, no aceptarlo, lleva a la conclusión de que los altos precios de los productos agrícolas residen en los pillos intermediarios o en los haraganes guajiros. Ahorita empiezan como en 1961-62, o como ahora en Venezuela, a echarle la culpa a los "acaparadores".

En varios artículos lo he explicado con bastante sencillez, pero cuando lo más importante es mantener el control del Estado, su burocracia y sus ganancias, a costa de una política populista descansada en los hombros de los explotados que doblan el lomo, la responsabilidad se diluye y va a parar a cualquier parte, menos a sus auténticos culpables.

Dos son las causas directas inmediatas: aparejado a los precios de referencia estatales en los productos de primera necesidad, está el hecho histórico de que el Estado se queda con parte de las cosechas de los campesinos a precios irrisorios. El campesino vende al mercado libre lo que le queda luego de entregar lo comprometido con el Estado, que generalmente no es poca cosa, esto lo obliga a vender un poco más caro los productos para el mercado de oferta y demando o libre, a fin de tratar de compensar sus costos y gastos de producción.

Pero si hablamos de soluciones, habría, por lo menos, que abordar estas políticas:

1-Acabar de resolver el problema de la doble moneda y bajar las cuotas de ganancia mercantil del Estado en sus productos, actualmente de alrededor del 140% en muchos artículos y en otros es mucho más – como en los derivados del petróleo– y ponerles una ganancia promedio del 30%, una cifra alta para los estándares internacionales, a fin de bajar los precios de referencia del mercado.

2- Eliminar la apropiación del Estado de una parte de la producción agrícola de los campesinos a precios irrisorios, o aumentar los precios de acopio a un nivel que no obligue al campesino a vender más caros sus productos al mercado libre. La solución real es eliminar esa apropiación y liberar completamente el mercado de productos agrícolas.

3- Reducir el aparato burocrático del país y sus costos en, al menos, el 50%. El alto costo de la enorme y sofisticada burocracia es el que hace que el Estado y sus monopolios mantengan esas altas tasas de ganancia mercantil en los precios estatales que fijan el resto de los precios.

El alto costo de la enorme y sofisticada burocracia es el que hace que el Estado y sus monopolios mantengan esas altas tasas de ganancia

4- Acabar de establecer plenamente las relaciones monetario mercantiles entre todas las empresas estatales y presupuestadas y de todo tipo, pero a precios reales, no subsidiados ni paralelos al CUC, con una sola moneda y acabar de organizar la plena autonomía financiera de todas las empresas de producción y servicios de manera que las entidades estatales que consuman productos agrícolas las compren directamente en los mercados agrícolas al por mayor. Las entidades que necesariamente tengan que funcionar a base de presupuestos nacionales o locales (hospitales, escuelas, comedores de la burocracia y los centros de trabajo) deben ser reducidas, hay que posibilitarles entradas alternativas al presupuesto y deben ser dotadas con presupuestos adecuados en lugar de recibir esos productos a precios subsidiados, pagados no por el Estado sino con el sudor de los campesinos que reciben precios de acopio irrisorios para esos productos que van a parar a lo que la burocracia llama de manera populista el consumo social que hay que garantizar.

5-Convertir las empresas estatales y Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) en verdaderas empresas cooperativas independientes del control estatal, de manera que los trabajadores asuman responsablemente las tierras, medios y recursos de esas empresas agrícolas, a fin de estimular la producción. No se trata de regalar nada a los trabajadores, que ya bastante han sido explotados más de medio siglo, sino de tasar la empresa y sus medios y establecer una deuda pagable a financiar con un préstamo a honrar en varios años. Y entregar las tierras en propiedad a los actuales "usufructuarios" de manera que sientan plena responsabilidad por ella y estén estimulados a invertir y producir.

6-Mejorar los ingresos de todos los trabajadores estatales, vinculando sus entradas no al cumplimiento de los planes, sino a las ganancias de las empresas, a fin de lograr estímulos reales a la producción y aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, que lleven a un fortalecimiento del mercado interno con una demanda estable y solvente.

Reformar completamente el sistema de mercados agrícolas actuales permitiendo directamente a los campesinos y transportistas vender en las ciudades

7-Eliminar todos los controles estatales e impuestos a las operaciones que tengan que ver con la producción y venta de productos agrícolas, préstamos nacionales o internacionales, venta de medios de producción, etcétera, y reformar completamente el sistema de mercados agrícolas actuales permitiendo directamente a los campesinos y transportistas vender en las ciudades, hacer ferias en los parques y convertir los Mercados Agrícolas Estatales (MAE) en cooperativas de venta.

Estas medidas se interrelacionan. Si no se bajan los precios del Estado, ni hay propiedad responsable, inversiones, ingresos suficientes, demanda estable y solvente, liberación de impuestos, permisos de importación, moneda para comprar en el mercado internacional, no hay manera de aumentar la producción y tener una economía solvente.

Podrían agregarse otras medidas encaminadas a que la producción sea plenamente liberada de las amarras estatales, pero éstas serían suficientes para dar un gran impulso a corto y mediano plazo a la producción y venta de productos agrícolas. Algunas son golpes demoledores al sistema burocrático centralizado de economía política que tiene trancado al país. Pero mientras ese modelo no se cambie, con este tipo de medidas y otras, no hay soluciones de fondo.