Las paladares, el poder y los derechos: la ecuación insoluble

La Habana/Mucho se ha escrito en los últimos días sobre la suspensión ("congelación") de la entrega de nuevas licencias para la apertura de pequeños restaurantes privados –popularmente conocidos como paladares– en Cuba. La mayoría de los análisis hasta ahora han interpretado el hecho como un retroceso más de las autoridades cubanas después del inicial proceso de flexibilización económica que permitió el auge de estos negocios particulares, los cuales generalmente ofrecen un servicio de mayor calidad y variedad que la mayoría de los establecimientos estatales, con la consecuente mayor aceptación entre la población y los extranjeros que visitan la Isla.

Los críticos del restablecimiento de relaciones entre los Gobiernos de EE UU y Cuba, por su parte, aprovechan la coyuntura para asegurar que este repliegue –junto al aumento de la represión sobre la sociedad civil, periodistas independientes, opositores y otros grupos, incluyendo no disidentes– es otra respuesta del Palacio de la Revolución, que, a su juicio, se siente apoyado por la Casa Blanca e impune para aplicar mano dura y continuar violando los derechos humanos en el interior de la Isla.

Es sabido que los poderes autocráticos se sostienen sobre la pobreza e indefensión de sus gobernados, que dependen exclusivamente de las mínimas migajas que éste les reparte

Pero, con independencia del innegable rigor que está ejerciendo el Gobierno sobre el sector de trabajadores por cuenta propia, o de las apresuradas conclusiones de quienes siguen el principio "yumacentrista" –término acuñado por el colega Reinaldo Escobar para definir esa corriente de pensamiento que interpreta cada fenómeno o suceso que se produce en Cuba como una respuesta a las disposiciones del ejecutivo estadounidense– lo cierto es que las razias y presiones sobre los trabajadores no estatales distan de ser una novedad. Han sido la práctica oficial desde mucho antes de que se iniciara el proceso de diálogo entre Washington y La Habana.

Y en esto no hay misterio alguno. Es sabido que los poderes autocráticos se sostienen sobre la pobreza e indefensión de sus gobernados, que dependen exclusivamente de las mínimas migajas que éste les reparte, de manera que cada amago de avance aperturista, cada mínimo resquicio de posibilidad de prosperar al margen del Estado constituye una amenaza para el Gobierno y para su ideología. Los emprendedores exitosos, pues, portan en sí el germen que destruye a la autocracia, solo que ellos mismos lo desconocen... O simulan ignorarlo.

No obstante, si bien los tímidos avances y los bruscos retrocesos han sido el rasgo característico de la administración del general presidente, Raúl Castro, por esta vez se ha introducido un nuevo componente: la intimidación, bajo la forma de citaciones a los dueños de cafeterías y restaurantes privados para que se presenten ante una comisión compuesta por funcionarios de los gobiernos locales y de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), e incluso por agentes de la policía política.

Según ha trascendido, las autoridades han advertido a los propietarios acerca de las violaciones que se han estado cometiendo en el sector de trabajadores por cuenta propia dedicado a este ramo, entre las cuales se relacionan la evasión de impuestos, la comercialización de alimentos e insumos procedentes del mercado negro, el lavado de dinero y otras transgresiones.

Ni más ni menos, han "descubierto" súbitamente en los negocios de cafeterías y paladares la misma epidemia de corrupción que mina a la sociedad en su conjunto, partiendo de la cúpula del poder y su claque. Solo que en la cadena de podredumbre que es la realidad cubana, el sector privado constituye el eslabón más débil.

En consecuencia, se prevé una inminente avalancha de rigurosas inspecciones estatales sobre cafeterías y paladares a fin de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y normas aprobadas por el Gobierno y establecidas originalmente en los contratos firmados con la ONAT, así como otros aspectos de la legalidad.

Si nos atenemos a la letra legal, podría afirmarse que las autoridades solo estarían haciendo cumplir lo que está legislado, aunque los procedimientos para ello sean cuestionables

Curiosamente, todo esto se está produciendo poco después que trascendiera el ultimátum del general presidente a los ministerios de Economía y de Finanzas y Precios, para la implementación de la unificación monetaria antes que termine el año 2016. No es un secreto que algunos propietarios de paladares han logrado acumular un respetable capital en divisas, no depositado en los bancos cubanos, además de la existencia subterránea de mucho circulante en ambas monedas nacionales, que escapa al control del Gobierno, lo cual –según expertos en finanzas– es otro obstáculo para la eliminación de la doble moneda.

No parece descabellado vincular el repentino proceso de inspecciones y auditorías a las cafeterías y restaurantes privados –sin dudas las ocupaciones más prósperas dentro del sector "cuentapropista"– con la aviesa intención oficial de recoger circulantes y decomisar capitales a favor del Estado.

Ahora bien, y sin ánimo de justificar en lo más mínimo la índole represiva del sistema, objetivamente no estamos ante un real "retroceso". Si nos atenemos a la letra legal, podría afirmarse que las autoridades solo estarían haciendo cumplir lo que está legislado, aunque los procedimientos para ello sean cuestionables. Desde un inicio quedó establecido el límite de sillas que podía contener cada negocio, así como el monto de los impuestos y la obligación de conservar los comprobantes de compra de cada producto e insumo en las tiendas minoristas estatales.

Injusto o no, los privados aceptaron las condiciones aunque no tuvieran intenciones de cumplirlas. Siguieron el principio elemental de la supervivencia en Cuba: fingir acatamiento de iure, y jugar al ratón y al gato, de facto. "Agárrame si puedes", es la ley no escrita.

De momento, a ningún individuo o grupo del protoempresariado cubano, menos aún a los más exitosos, se le ha ocurrido organizarse de manera independiente y espontánea para discutir la obvia necesidad de eliminar las trabas que frenan su desarrollo. Tampoco ha trascendido que alguno de ellos haya cuestionado ante las autoridades la aprobación de una Ley para la Inversión que privilegia al capital foráneo y estimula el desarrollo de inversiones para empresarios extranjeros, excluyendo explícitamente a los nacionales.

Es un secreto a voces que en la práctica los restaurantes privados en alguna medida transgreden las leyes. De lo contrario ningún negocio podría prosperar en Cuba

Pero, volviendo al tema central, es un secreto a voces que en la práctica los restaurantes privados –y todos los pequeños negocios particulares y estatales– en alguna medida transgreden las leyes. De lo contrario ningún negocio podría prosperar en Cuba, habida cuenta la enorme e injusta carga impositiva, del lastre que implica todo un ejército de inspectores corruptos que extorsionan al sector de emprendedores y a los que es preciso "comprar", de la escasez de insumos, de productos y de equipamiento para mantener la calidad y los servicios, de la inexistencia de un mercado mayorista, de los altos aranceles de importación y de un extenso etcétera que virtualmente obliga a estos emprendedores –como a la mayoría de los cubanos comunes– a acudir a la ilegalidad para adquirir cuanto es necesario para sobrevivir o mejorar.

Esto pone en posición de indefensión jurídica a los privados (en su papel de transgresores), frente al colosal aparato legal y represivo del Gobierno (en su guion de "justiciero").

Lo que realmente se pone en evidencia a la luz de los actuales acontecimientos es, por una parte, la superior capacidad del sector privado respecto del estatal para alcanzar y mantener estándares de calidad en sus ofertas y servicios, así como un pago más ventajoso a sus empleados; y por otra, la imperiosa necesidad de flexibilizar y liberar la iniciativa y el capital privados nacionales, creando un marco jurídico más realista. No se trata de utilizar las leyes para reprimir a los cubanos, sino de transformar esas leyes y ponerlas al servicio de la prosperidad de los nacionales.

Algo que, bien sabemos, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer, puesto que más libertades ciudadanas implicarían de inmediato menos poder para el Estado y, como corolario, eventualmente el fin del reinado castrista.

En cuanto a los derechos humanos para los cubanos, bien gracias. El castrismo no los tiene como una prioridad. Lamentablemente, los emprendedores tampoco.