El pasaporte sigue siendo un instrumento de control político para el régimen cubano

La Habana/Mal deben de estar las cosas en Palacio para que las autoridades cubanas hayan renunciado a parte de las abultadas partidas por confección y mantenimiento de pasaportes. El documento que nos identifica como nacionales de esta Isla pasa ahora a durar diez años, en lugar de seis, y las engorrosas prórrogas desaparecen eliminando algunos trámites y costes abusivos. Pero no es suficiente.

El anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores de este martes tomó por sorpresa a una ciudadanía que hace tiempo dejó de esperar que desde "allá arriba" se den pasos en la dirección de la apertura y la libertad. De tanto reclamar por flexibilizaciones migratorias, las exigencias han escalado hasta un punto en que estas medidas apenas alivian la situación. Su implementación apunta más al desespero económico de un régimen por atraer visitantes y remesas que a una voluntad por derribar obstáculos a la movilidad de los cubanos.

El plazo de 24 meses, como límite de estancia en el exterior, no se modifica aunque se haga la jugarreta verbal de presentar como tal la exención para quienes en los momentos más críticos de la pandemia de covid-19 ya estaban de visita fuera de la Isla y se les dificulta el regreso. En realidad, ese límite de dos años sigue siendo uno de los grandes mecanismos de coacción del régimen cubano que, amparándose en ese lapso, despoja a un nacional del derecho a tener una propiedad, acudir a los servicios de salud pública o permanecer por tiempo indefinido dentro del país.

Resulta probable que estos anuncios estén vinculados a las negociaciones migratorias entre Washington y La Habana

Mientras pierden algunos dólares por concepto de renovar cada dos años el pasaporte, las autoridades mantienen la posibilidad de negar la entrada al país a cualquier cubano que haya emitido opiniones críticas contra el modelo político y económico imperante en la Isla. Conservan, además, la figura del "regulado", una prohibición de salir para todo aquel al que quieran castigar por su comportamiento cívico o quieran forzar a la partida definitiva, sin posibilidad alguna de retorno.

Resulta probable que estos anuncios estén vinculados a las negociaciones migratorias entre Washington y La Habana. El mismo Gobierno que alardea de su soberanía no mueve ficha sin tener en cuenta al "enemigo del Norte" y poco le han importado por décadas los pedidos de su propia gente. Siempre escucha más a la Casa Blanca que al cubano de a pie. Contra las cuerdas financieras, ha tenido que hacer un gesto que le allane el camino para recibir turistas y dólares, pero no está dispuesto a erosionar en nada su control ideológico sobre la diáspora.

¿De qué sirve que un pasaporte dure más tiempo si no puede usarse porque su titular tiene una prohibición de salir de la Isla o de entrar a su patria? ¿Cómo ayuda la eliminación de las prórrogas de ese documento cada dos años a quien lleva más de un lustro sin poder pisar un aeropuerto porque está "regulado"? ¿Se avizora algún cambio migratorio que, además de un alivio monetario, traiga realmente respeto a la tan vilipendiada condición de ser un ciudadano cubano?

Los anuncios de este martes buscan crear la falsa impresión de que algo se mueve y mejora. Pero, más allá del ahorro en sellos de timbre y de horas en una cola a las afueras de una oficina, lo decretado es solo un miligramo en toneladas de exigencias. Lo principal sigue intacto: un partido utiliza las fronteras nacionales como parte de su política de penalización política. La zanahoria es un pasaporte más duradero y el garrote se resume en no poder usarlo.

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