Al quintuplicar los precios de las viviendas, el Estado cubano deroga una norma clave del socialismo

La Habana/El abandono de las llamadas leyes fundamentales del sistema socialista en el modelo cubano es algo que no se ha proclamado oficialmente, aunque se sugirió solapadamente en 1994 al proclamar el Período Especial en tiempos de paz, cuando hubo que apelar a las reglas del mercado “para salvar las conquistas de la Revolución.”

La más reciente evidencia de que las publicitadas aspiraciones de instaurar el socialismo real en esta Isla son irracionales e inviables se transparenta tras la publicación en la Gaceta Oficial de la Resolución 313 de 2024, que entrará en vigor el próximo 15 de noviembre.

La norma emitida por el Ministerio de Finanzas establece nuevos valores referenciales mínimos para la liquidación y pago de los impuestos sobre los ingresos personales y sobre la transmisión de bienes y herencias, asociados a los actos de compraventa y donación de viviendas entre personas naturales.

Estos nuevos valores referenciales son cinco veces más elevados que los que estableció este Ministerio en marzo de 2017 cuando dictó la Resolución 112, que ahora ha sido derogada.

Una de las razones que expone en sus fundamentos el documento para realizar esta actualización, es que resulta necesaria “a partir de las condiciones económicas y sociales actuales”. 

Resulta paradójico que un Gobierno que exige a los comerciantes privados que reduzcan el precio de sus mercancías por considerarlos excesivos obligue a los particulares a quintuplicar el precio de las viviendas que venden con el único propósito de aumentar los impuestos. 

Nuestras carencias en infraestructura y en conocimientos se equilibraban por la pertenencia a un bloque donde el más débil valía tanto como el más fuerte

Regresemos al momento en que todavía exista la ilusión, o al menos nos trataban de ilusionar con la idea de que “en virtud de un intercambio justo entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas” era posible conquistar la utopía socialista. Nuestras carencias en infraestructura y en conocimientos se equilibraban por la pertenencia a un bloque donde el más débil valía tanto como el más fuerte.

Estamos hablando de 1985. En mayo de ese año el precio que pagué por el apartamento de tres cuartos que aún ocupo fue de 4.200 pesos. Así dejé de ser un usufructuario que pagaba un alquiler para ser el propietario que compró su vivienda a un Estado benefactor.

Mi salario era entonces de 350 pesos mensuales y el costo de mi casa se calculó según la Ley 65, vigente desde julio de 1985, a partir de que yo pagaba una mensualidad como alquiler equivalente al 10% de mi sueldo, o sea 35 pesos y esta cifra se multiplicaba por 120 meses que hay en 20 años, cuyo resultado fue 4.200. Si mi salario hubiera sido el promedio de ese año (188 pesos), entonces el precio de mi casa habría sido de 2.280 pesos.

Han pasado casi 40 años y lógicamente los números tienen que haber cambiado, pero lo que se supone que no tenía por qué cambiar era el método para calcular los precios de las viviendas que supuestamente estaba fundamentado en favorecer que los trabajadores pudieran adquirir una casa.

Si hacemos un cálculo a la inversa con estos elementos, viendo que el precio referencial de mi casa, según la mencionada Resolución 313, es hoy de 1.080.000 se puede calcular que (si se mantuviera el mismo método de 1985 para calcular los precios de las viviendas) yo hubiera pagado durante 20 años una mensualidad de 9.000 pesos que se supone sería el 10% de un salario de 90.000. Pero sucede que el salario promedio en la Cuba actual es de 4.648 pesos cubanos, que viene siendo un 5% de esta quimera salarial de 90.000

¿En qué clase de ciudadano cubano estaban pensando los que elaboraron esta Resolución?

Entonces uno se pregunta: ¿En qué clase de ciudadano cubano estaban pensando los que elaboraron esta Resolución? ¿Acaso el único motivo para imponer como obligatorio un precio mínimo inalcanzable a las viviendas es elevar el monto de lo que se recauda a través de los impuestos?

El detalle es que la mera existencia de “las condiciones económicas y sociales actuales”, que invoca la Resolución para justificar los nuevos precios referenciales obligatorios como mínimo para cualquier transacción de compraventa, son la negación de un modelo fallecido aunque insepulto.

No tengo la menor idea de dónde salió la abandonada fórmula “socialista” de multiplicar por 120 meses el 10% del salario sin introducir en el cálculo el costo real de la producción de una vivienda; de igual manera es difícil entender cuál es la razón por la que el Estado multiplica por cinco el “valor referencial” de una vivienda que ni fabricó ni le ha dado mantenimiento.

Esta tediosa obra lleva demasiado tiempo en escena sin asomo de renovación

Muchas de las casas que se venden hoy son las mismas que fueron adquiridas en propiedad bajo las justicieras reglas del socialismo, pero lo más paradójico es que los nuevos precios oficialmente establecidos ni siquiera se acercan a los muy elevados que impone la abusiva realidad.

La ilusión de un método justiciero se desvaneció, por ser impracticable y costoso, pero en el teatro político los mandamases siguen interpretando el papel de proveedores de benéficos que merecen la mansedumbre en agradecimiento.

Esta tediosa obra lleva demasiado tiempo en escena sin asomo de renovación. Cada día se descorre más el maquillaje, se agrieta la escenografía, el libreto aburre y los actores no convencen. Hace rato que disminuyeron los aplausos y ya comenzaron las rechiflas.