Reglas para impedir el debate

La Habana/Una pequeña caravana de protesta y una reclamación por parte de un grupo de bicitaxistas en la Plaza de la Revolución; indignación y estupor entre productores y comerciantes por el cierre arbitrario y no anunciado del único mercado mayorista de productos del agro en la capital; irritación de varios ciudadanos que arremetieron verbalmente contra la policía ante el atropello que ésta pretendía cometer contra un mendigo, ciego e indefenso, en el Centro Comercial Carlos III; una huelga de brazos caídos protagonizada por los trabajadores de una fábrica de tabaco en la provincia de Holguín por cuestiones salariales... Estos son algunos de los eventos que demuestran a la vez el estado de inconformidad y frustración que van tomando cuerpo en la población de la Isla, el despunte de un sentimiento de cuestionamiento del sistema y la incipiente rebeldía frente al poder y a las autoridades que lo representan.

Es, sin duda, una buena noticia. La mala es que en una sociedad donde los derechos y la prosperidad han sido proscritos, donde las instituciones responden totalmente a los intereses del poder parásito, donde cualquier oposición al Gobierno es ilegal y no existe el debate público ni el diálogo entre ese poder y los "gobernados", el equilibrio social se torna peligrosamente frágil.

A medida que la crispación social crece y el Gobierno aumenta las trabas, mayor es la incertidumbre sobre la manera en que podría desatarse un conflicto que escaparía al control de las instituciones.

Si la casta del poder no padeciera una ceguera tan colosal como su proverbial arrogancia, tendría suficiente lucidez como para interpretar los signos actuales

Parece que los hechos antes citados resultan insignificantes y aislados en medio de la aquiescencia general de los cubanos con respecto a su Gobierno. Sin embargo, tales eventos eran inconcebibles apenas un lustro atrás. Menos aún lo eran durante el período anterior al 30 julio de 2006, fecha en que se hizo pública la "Proclama" que anunció el supuestamente temporal retiro de Fidel Castro de la poltrona presidencial, que él pretendía fuese vitalicia, dando inicio a un breve período de esperanzas populares sobre una mejoría de sus condiciones de vida.

Si la casta del poder no padeciera una ceguera tan colosal como su proverbial arrogancia, tendría suficiente lucidez como para interpretar los signos actuales. En especial cuando los todavía puntuales conatos de protestas populares se están produciendo pocas semanas después de la celebración del último Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde presumiblemente quedaron trazadas las estrategias económicas y sociopolíticas de la nación al menos hasta el año 2030. Un Gobierno medianamente perspicaz tendría al menos la percepción de que la aceptación social de su eterno monólogo terminó y que las urgencias de la realidad nacional superan ampliamente los límites temporales y estratégicos establecidos por los Lineamientos.

Les guste o no, los señores del poder deben comprender que la crisis cubana demanda cambios dictados desde los reclamos sociales, no desde el Palacio de la Revolución, y que dichos cambios deberán producirse por las buenas –es decir, iniciándose a partir de un verdadero debate nacional de donde surja un pacto transicional–, o por las malas –al producirse un estallido social indeseable debido al indetenible deterioro de las condiciones de vida de la población, con consecuencias impredecibles.

Pero resulta que las autocracias no están diseñadas para el cuestionamiento público. Lejos de abrir un diálogo nacional que en principio actuaría como válvula de salida a las frustraciones, la página final del periódico Granma, del martes 17 de mayo de 2016 muestra un artículo que constituye la negación absoluta de esta posibilidad. Reglas para el debate o cuestión de principios, se titula un texto suscrito por un (llamémosle como les gusta) "intelectual revolucionario" de nombre Rafael Cruz Ramos, que establece dos simples "reglas" para un debate imaginario que –dicho sea de paso– el lector nunca alcanza a vislumbrar.

En Cuba, ya lo sabemos, todo dinero está maldito, salvo que sea bendecido y administrado por los jerarcas de la castrocracia

Resumiendo una enjundiosa prosapia verbal que llena toda una plana con lo que podría haberse dicho en un par de párrafos, el señor Cruz intenta –sin éxito– enunciar una primera regla, destinada a establecer, no las bases o los temas para ese inexistente debate-monólogo suyo, sino lo que no será incluido en éste, bajo ningún concepto.

No se debatirá jamás con "quienes llegan hasta nosotros portando una granada de fragmentación lista para hacerla estallar en el seno de la nación, de la República, de la patria, con el fin de destruir el sistema socialista en construcción y reponer el arcaico y desgastado sistema capitalista", asegura Cruz Ramos, aunque nadie sabe qué autoridad o poder supranacional tiene este sujeto desconocido para dictar tan rotundas pautas.

La segunda regla también se establece desde la negación, y validando los mismos repetidos sonsonetes castristas: "No nos entenderemos con quien venga financiado, respaldado, apoyado, por el dinero anticubano terrorista de Miami o de cualquier otra nación, incluidas las de la vieja Europa". Porque en Cuba, ya lo sabemos, todo dinero está maldito, salvo que sea bendecido y administrado por los jerarcas de la castrocracia, quienes luego reparten algunas monedas u otros premios entre sus servidores más fieles. Quizá es el caso del señor Cruz Ramos.

El texto es extremadamente emotivo y –tal vez por ello– sumamente impreciso. No se alcanza a entender a quiénes se alude con "nosotros", qué temas estarían sujetos a debate, quiénes participarían, quiénes portarían la peligrosa "granada de fragmentación" o en qué consiste ésta. En cambio se puede suponer que no habrá debate con quien no se alinee del lado del poder político. Por tanto, desde ese principio se anula toda posibilidad de debate, Cruz Ramos pudo ahorrarse el esfuerzo. Porque si se trata de un debate, sería una discusión entre dos o más personas, grupos, etc., sobre temas o problemas de interés público, en el que participa además un moderador y el público. Puede ser oral, escrito o tener lugar en un foro de internet, pero en todos los casos debe observar ciertas normas y recomendaciones que permitan el desarrollo de la discusión y, en el mejor de los casos, la toma de acuerdos. Normas y recomendaciones éstas que son universales e ineludibles para el desarrollo de todo debate y consisten en la observación de principios tan elementales como la no imposición de puntos de vista personales, convencer a través de la argumentación y la contra-argumentación, escuchar atentamente al otro sin interrumpirlo ni subestimar sus criterios, ser breve y conciso, respetar las diferencias, hablar con libertad, expresarse con claridad, utilizar un vocabulario adecuado, evitar los ataques verbales o físicos así como las burlas y otras conductas que tiendan a la descalificación del antagonista, entre otras.

Cruz Ramos no propone un debate, sino la adhesión total de los cubanos al Gobierno

Pero Cruz Ramos viola todas y cada una de estas normas al caer exactamente en lo contrario: descalifica a priori al potencial antagonista, se niega a escuchar otros argumentos que los propios, no argumenta sino que arguye, critica en abstracto sin ofrecer propuestas en concreto, se extiende innecesariamente sin lograr explicarse ni hacerse entender con claridad. Cruz Ramos no propone un debate, sino la adhesión total de los cubanos al Gobierno.

Por otra parte, su enrevesado discurso mezcla disímiles temas y referencias descontextualizadas, tergiversando datos, historia, personajes y realidades propias y ajenas. Una aparente incoherencia que, sin embargo, es perfectamente coherente con el sistema que defiende. Por eso refutar todos y cada uno de los pasionales renglones de Reglas para el debate... sería tan extenso como estéril, en especial cuando se hace obvio que esa es la intención: distraer la atención de la esencia, que es el fracaso del sistema sociopolítico impuesto a los cubanos hace más de medio siglo.

Pero, al menos, resulta útil para constatar lo inocultable de la conjunción de dos grandes temores de la cúpula de Gobierno: la posibilidad real de que se generalicen las protestas populares –que no es lo mismo ni tendría el igual costo político golpear a las manifestaciones de disidentes que reprimir a la gente humilde para la cual, de jure, se hizo la Revolución más de medio siglo atrás–, y la imposibilidad de seguir aplazando sin consecuencias un debate amplio e incluyente sobre los destinos de Cuba.

Queda claro que si el castrismo no se siente capaz de soportar la prueba de un debate nacional, entonces su debilidad es tan grande como su soberbia. Pero si, además, sus mejores pensadores portan igual bagaje teórico-argumental que Rafael Cruz Ramos, ya puede dar el debate por perdido.