El secuestro de la sociedad civil
La Habana/Artículos publicados en la prensa oficial y la realización de un foro previo a la Cumbre de las Américas (Panamá, 10-11 de abril) apuntan a la intención del Gobierno de presentar como sociedad civil cubana a los representantes de organizaciones controladas y financiadas por el Estado.
Por otro lado, se celebró el Foro de la Sociedad Civil Cubana Pensando América, donde sólo participaron representantes de las organizaciones gubernamentales.
El autor de un artículo publicado en la prensa oficial asegura que la Carta Magna "garantiza los derechos de asociación". Agrega que en estas asociaciones sus "miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y de opinión" y, por último, hace referencia a la Ley de Asociaciones del año 1985, que regula ese derecho constitucional, aseverando que a su amparo "están inscritas más de dos millares de organizaciones". El texto arremete contra otros posibles representantes de la sociedad civil cubana ‒los que no están de acuerdo con el régimen imperante en el país y cuyas organizaciones, por tanto no son reconocidas oficialmente y sufren represión‒, acusándolos de ser "asalariados de potencias extranjeras".
Vayamos por partes:
- El Artículo 7 de la Constitución dice: "El Estado socialista cubano reconoce, protege y estimula a las organizaciones sociales y de masas". Sin embargo, no las deja abiertas, sino que establece a cuáles se refiere: " (...) como la Central de Trabajadores de Cuba, que comprende en sus filas a la clase fundamental de nuestra sociedad, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Unión de pioneros de Cuba y otras...". Todas son organizaciones gubernamentales. Además, para que no existan dudas, agrega: "(...) agrupan en su seno a los distintos sectores de la población, representan intereses específicos de éstos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista". Y finaliza: "(...) cumplen directamente las funciones estatales que conforme a la Constitución y la ley convengan en asumir".
- El Artículo 52 de la Constitución indica: "Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista". Después de establecer la propiedad estatal sobre los medios de difusión masiva, termina: "La ley regula el ejercicio de estas libertades".
- La Ley de Asociaciones de 1985 no permite la creación de ninguna organización o asociación que incumpla alguno de estos preceptos.
Es muy difícil cambiar la mentalidad de quienes llevan más de cincuenta y seis años ejerciendo el poder absoluto, apostando por un pensamiento único de todos los ciudadanos
La intención manipuladora de los artículos y de las actividades señaladas está bien clara. Las autoridades cubanas sólo reconocen como sociedad civil a las organizaciones y asociaciones creadas por ellas en defensa de sus intereses y, como excepción, a las que los aceptan y se les subordinan incondicionalmente. Así, una vez más, demuestran su intolerancia hacia las opiniones ajenas y las diferencias. Es muy difícil cambiar la mentalidad de quienes llevan más de cincuenta y seis años ejerciendo el poder absoluto, apostando por un pensamiento único de todos los ciudadanos.
La utilización tergiversada de algunos términos ha sido una práctica prolongada. Recordemos "la isla de la libertad" y "el primer territorio libre de América", precisamente cuando la libertad desaparecía de Cuba, "bloqueo" por embargo, "democracia socialista" cuando fue imposible seguir obviando la palabra democracia, "nuestro socialismo" cuando desapareció el socialismo europeo, "los derechos humanos que defendemos" en lugar de los establecidos por las Naciones Unidas, y ahora "nuestra sociedad civil" en sustitución de una plural.
Una sociedad civil cubana sana debería estar compuesta por las organizaciones y asociaciones que apoyan al Gobierno, por las que lo cuestionan, por las que lo rechazan y hasta por las que no tengan ninguna implicación política. Eso sí, nunca por aquellas organizadas, dirigidas, controladas y financiadas por el Estado.