Del sueño a la pesadilla: la deportación de los cubanos

Quito/Fueron detenidos la madrugada del 6 de julio, mientras acampaban en el Parque El Arbolito de Quito y pedían que se les permitiera viajar a los Estados Unidos. El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, advirtió la noche anterior que Ecuador no podría interceder a favor de las familias cubanas que pretenden cumplir el sueño americano. Y es cierto, poco o nada puede hacer Ecuador para que estas personas lleguen a Norteamérica.

Pero Ecuador tampoco debe ni puede violentarlos. Esa nefasta madrugada, en un operativo policial ordenado por un metro y medio de maldad, decenas de familias cubanas fueron violentamente desalojadas del Parque El Arbolito pese a tener permiso municipal para permanecer ahí. Aquellos cubanos, cuyo estado migratorio era incierto, fueron arrestados y trasladados a la Unidad de Flagrancia para iniciarles procesos de deportación. Son alrededor de 149 personas.

Este jueves 7 de julio se instaló la primera audiencia de deportación minutos después de las 11:30 de la mañana. Todo fue al apuro. Los fiscales se sentaron temerosos en sus puestos, sin estar muy seguros de si debían pedir la deportación o solamente comparecer por disposición de la Ley de Migración, para recién leer el expediente del caso. Los jueces, pese a la obviedad de las detenciones ilegales, no se atrevieron a poner en libertad a estos primeros detenidos. Mientras escribo este artículo se han realizado más de 39 audiencias, faltan alrededor de cien.

En muchos de los expedientes no consta la firma de los ciudadanos cubanos en el acta sobre la lectura de sus derechos constitucionales, previo a su detención

Defensores públicos y un equipo de abogados particulares liderados por Juan Pablo Albán han asumido la defensa de los ciudadanos cubanos. Insólitamente, los juristas conocen a sus defendidos minutos antes de la instalación de las audiencias y en esos estrechos segundos deben preparar la defensa. Los jueces, de manera inusual, no están comunicando sus sentencias al final de las audiencias, dicen que las darán a conocer en 48 horas.

Los primeros ciudadanos cubanos que se presentaron ante jueces de contravenciones, lo hicieron 36 horas después de su detención, cuando la Ley concede 24 horas para que los agentes policiales pongan a los detenidos a disposición de autoridades jurisdiccionales. En muchos de los expedientes no consta la firma de los ciudadanos cubanos en el acta sobre la lectura de sus derechos constitucionales, previo a su detención. Es decir, se ha configurado el supuesto de detención ilegal y arbitraria que prohíbe la Constitución ecuatoriana y tratados de Derechos Humanos como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

No es posible enumerar todas las violaciones al debido proceso que se ha presentado en cada uno de estos casos, pero sí consignar que el país de la ciudadanía universal –según lo establece la romántica Constitución de la República– ha ejercido toda la violencia del Estado para destruir las vidas de un grupo de seres humanos que lo único que buscaban era mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Es evidente que Ecuador no podía enviarlos a Estados Unidos, pero es evidente también que Ecuador no debía tratarlos como criminales. ¿Se ha preguntado el ministro del Interior, José Serrano, qué sucederá cuando los deportados lleguen a Cuba? ¿Cuáles serán las represalias del Gobierno de Raúl Castro contra sus disidentes? No, no lo ha hecho. Tampoco le importa. Lo que importa al Gobierno de Rafael Correa es mantener la excelente relación que tiene con Cuba y con las otras satrapías autoritarias de la región.

He tenido la oportunidad de ver, entre los detenidos, a viejos ciudadanos cubanos, indignados por el trato brutal que han recibido (hay fotos en donde se registran marcas en la piel por los violentos empujones de los gendarmes y notables signos de afectación emocional y psicológica), hacinados en buses parqueados a las afueras de la Unidad de Contravenciones. Repito: no se los deja tomar contacto con sus abogados gratuitos sino hasta poquísimos minutos antes de las audiencias.

Hannah Arendt, una de las principales pensadoras del siglo XX, reflexionó extensivamente sobre los cuerpos obligados a dejar sus vidas y sus hogares para huir de sistemas represivos. La Historia del poder arrastrando a seres humanos hacia la vulnerabilidad de la diáspora. Es el caso de la pesadilla totalitaria que vive Cuba desde hace más de medio siglo. Ecuador, por sus propias leyes y por el Derecho Internacional, está obligado a aplicar el Principio de No Devolución, que procede cuando existen temores de persecución en el país de nacionalidad de las personas que piden no ser devueltas. He escuchado, en una de estas audiencias, a una jueza impávida decir que el ciudadano cubano que se presentó ante ella no ha podido demostrar, con pruebas, dichos temores fundados. ¡Como si todos no supiéramos la realidad cubana desde hace medio siglo! ¿Hay que recordarle a la jueza el caso del general Ochoa, fusilado por el régimen de Fidel Castro?

He tenido la oportunidad de ver, entre los detenidos, a viejos ciudadanos cubanos, indignados por el trato brutal que han recibido, hacinados en buses

No es ignorancia, es cobardía y comodidad. Hannah Arendt también esbozó el concepto de la banalidad del mal, en su análisis sobre los orígenes del totalitarismo. Se refiere a funcionarios que actúan simplemente bajo el deseo de ascender en sus carreras burocráticas y obtener los réditos de cumplir las órdenes de sus superiores. En Ecuador vivimos ya 9 años bajo la banalidad del mal: personas sin principios, sin ningún compromiso con la democracia y con la libertad, serviles al sistema autoritario. Abogados que, destrozando el ideal de justicia, obedecen al poder megalómano, incluso a costa de destruir vidas humanas.

Es posible que muchos de estos cubanos logren quedarse en Ecuador, principalmente aquellos que tengan a su cargo menores de edad en virtud al principio del Interés Superior del Niño. También aquellos que tengan matrimonio con ciudadanos ecuatorianos. Pero muchos otros, quizá, sean deportados. Este artículo es un llamado a la sociedad ecuatoriana, a la comunidad internacional, a las facultades y profesores de Derecho, y a los periodistas, para vigilar el resultado de estos procesos de deportación, que son absolutamente infames y bochornosos. Ecuador no puede enviar a un grupo de seres humanos a un país en el que se los tratará como insectos –en palabras del comandante Castro– y probablemente se convertirán en presos políticos. Si en el fondo de nuestras almas nos sentimos seres humanos, tenemos la obligación moral de repudiar estas posibles deportaciones y exigir que los ciudadanos cubanos se queden en Ecuador.

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Miguel Molina Díaz es periodista quiteño. Editor de La República y columnista de La Hora y activista de derechos humanos.